(ZENIT Noticias / Washington, 20.02.2026).- Puede que la guerra se haya detenido, pero la contienda sobre quién definirá el futuro de Gaza apenas ha comenzado.
El 19 de febrero, el presidente Donald Trump reveló cómo se desplegarán los 5.000 millones de dólares prometidos por los estados miembros de la recién formada Junta de Paz para la reconstrucción de Gaza, en la primera sesión formal del organismo en Washington, D.C. El anuncio se produce cuatro meses después de que un alto el fuego en octubre de 2025 pusiera fin a dos años de guerra entre Israel y Hamás, un conflicto desencadenado por los atentados terroristas de 2023 que sumieron a la región en uno de sus ciclos más sangrientos de los últimos tiempos.
La Junta de Paz —una coalición ad hoc distinta de los marcos existentes de las Naciones Unidas— incluye a actores clave de Oriente Medio como Israel, Catar y Turquía. Su mandato declarado es ambicioso: coordinar la financiación de la reconstrucción y, al mismo tiempo, combinar la ayuda humanitaria con una fuerza internacional de estabilización temporal para evitar un rebrote de la violencia.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, describió la estrategia de doble vía el 18 de febrero. Explicó que la entrega de ayuda se sincronizará con la supervisión de seguridad a cargo de un contingente internacional de estabilización que trabajará junto con las estructuras policiales locales. Este enfoque se hace eco de las disposiciones del acuerdo de alto el fuego de octubre, que establecía una fuerza multinacional temporal compuesta por tropas de países árabes y de mayoría musulmana, encargada de entrenar y evaluar a un servicio policial palestino reconstituido.
El mensaje de la administración es claro: las estructuras solo se levantarán si la arquitectura de seguridad se levanta con ellas.
Lo que distingue a la iniciativa de la Junta de Paz no es solo su escala de financiación (5000 millones de dólares en compromisos conjuntos), sino su intento de crear un marco político paralelo al sistema de la ONU. Esta decisión de diseño ha suscitado dudas entre varios aliados tradicionales de Estados Unidos.
Francia, Suecia y Noruega rechazaron las invitaciones para unirse a la junta. La invitación de Canadá fue retirada por el propio Trump. Cabe destacar que el Vaticano optó por no participar. Según Leavitt, la Santa Sede expresó su preocupación por que su participación pudiera parecer una competencia con los mecanismos establecidos de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.
“Es profundamente lamentable”, declaró Leavitt, añadiendo que los esfuerzos de paz no deben volverse “partidistas, políticos ni controvertidos”. Enfatizó que la misión de la junta tiene un enfoque limitado: supervisar la reconstrucción de un territorio “devastado por la violencia, el derramamiento de sangre y la pobreza durante demasiado tiempo”.
La vacilación del Vaticano tiene un peso simbólico. La Santa Sede se ha posicionado durante mucho tiempo como una voz moral en la diplomacia de Oriente Medio, abogando por una solución de dos Estados y corredores humanitarios, a la vez que mantiene el diálogo con los líderes israelíes y palestinos. Su negativa a formar parte de la Junta de Paz sugiere cautela institucional o incomodidad con un marco percibido como políticamente alineado con la agenda estratégica de Washington.
Al mismo tiempo, la ausencia de ciertos socios occidentales subraya una recalibración geopolítica más amplia. La administración Trump parece decidida a construir una coalición centrada más en los actores regionales y actores globales selectivos que en el consenso multilateral.
El plan financiero en sí no se ha revelado con gran detalle, pero figuras de la administración como Jared Kushner y el enviado especial Steve Witkoff han promovido recientemente conceptos de reconstrucción basados en la inversión. Su visión enfatiza la atracción de capital internacional —no solo ayuda pública— para estimular el desarrollo de viviendas, infraestructuras y comercio. En debates previos, Kushner ha argumentado que la transformación económica puede alterar las trayectorias políticas, aunque los críticos cuestionan si dicha inversión puede arraigar en medio de disputas de soberanía sin resolver.
La seguridad sigue siendo el eje central. Associated Press informó que las condiciones del alto el fuego incluyen el despliegue de una fuerza internacional temporal de estabilización, integrada por países árabes y de mayoría musulmana. Este contingente capacitaría y evaluaría a un nuevo cuerpo policial palestino, que teóricamente reemplazaría las estructuras deterioradas por años de conflicto y control faccional.
La idea refleja las lecciones aprendidas de otros escenarios posconflicto: la reconstrucción sin garantías de seguridad exigibles corre el riesgo de colapsar. Sin embargo, cualquier presencia de tropas extranjeras en Gaza está plagada de sensibilidades políticas, especialmente dado el historial de gobernanza controvertida y resistencia al control externo del enclave.
Para Israel, la participación en la Junta de Paz ofrece un canal para influir en la supervisión de la reconstrucción, a la vez que mantiene la vigilancia contra la reconstitución de Hamás. Para Qatar y Turquía, ambos mediadores en el pasado, la junta proporciona influencia diplomática y visibilidad para definir los acuerdos de posguerra.
Lo que sigue siendo incierto es si el compromiso de 5.000 millones de dólares representa un primer tramo o un límite total. La infraestructura de Gaza (viviendas, hospitales, servicios públicos, corredores de transporte) sufrió graves daños durante los dos años de guerra. La reconstrucción a gran escala probablemente requerirá múltiples de esa cifra con el tiempo, especialmente si se busca la viabilidad económica a largo plazo en lugar de la estabilización humanitaria a corto plazo.
La coreografía diplomática en torno a la Junta de Paz revela una lucha secundaria tras la narrativa de la reconstrucción: quién establece los términos de la legitimidad de la consolidación de la paz. Al rechazar su participación, el Vaticano y varios estados europeos muestran cautela a la hora de respaldar una iniciativa que podría interpretarse como una marginación de los mecanismos internacionales establecidos.
Trump, sin embargo, parece impasible. Según Leavitt, el presidente ve a la junta como el vehículo a través del cual su plan «audaz y ambicioso» ya avanza.
El horizonte de Gaza sigue marcado por las cicatrices, su futuro político incierto. Que esta nueva arquitectura de supervisión —financiada con miles de millones de dólares y respaldada por una fuerza de estabilización— pueda convertir el alto el fuego en una paz duradera dependerá menos de los anuncios en Washington que de la realidad sobre el terreno. Pero por ahora, la administración ha trazado un límite: la reconstrucción se llevará a cabo bajo un marco diseñado por ella misma, incluso si no todos los socios tradicionales participan en la negociación.
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