(ZENIT Noticias / Londres, 02.12.2024).- En un momento decisivo para la sociedad británica, la Cámara de los Comunes votó el viernes 29 de noviembre para avanzar con la legislación que legaliza el suicidio asistido por un médico en Inglaterra y Gales. La votación, por 330 a 275 votos, marcó un punto de inflexión profundamente divisivo, y generó comparaciones con la histórica legislación sobre el aborto de 1967. Sin embargo, la propuesta aún enfrenta un laberinto de obstáculos parlamentarios, y es poco probable que se tome una decisión final antes de 2025.
Detalles de la legislación
El proyecto de ley, defendido por la diputada laborista Kim Leadbeater, busca permitir que los adultos con enfermedades terminales pongan fin a sus vidas bajo condiciones estrictas. Incluye salvaguardas que requieren la aprobación de dos médicos independientes y un juez del Tribunal Superior, y que los pacientes se autoadministren la medicación. La coerción conlleva una posible pena de prisión de 14 años.
Los defensores argumentan que estas medidas la convierten en una de las leyes sobre suicidio asistido más estrictamente reguladas del mundo. Sin embargo, los opositores cuestionan la idoneidad de estas protecciones, haciendo hincapié en los riesgos para las personas vulnerables y planteando preocupaciones éticas sobre el papel fundamental de la atención sanitaria.
Puntos destacados del debate emotivo
El debate fue apasionado y personal. La diputada laborista Meg Hillier compartió la desgarradora experiencia de la hospitalización de su hija por pancreatitis, subrayando el poder de la atención médica avanzada para aliviar el sufrimiento. «Si tenemos la más mínima duda sobre conceder al estado el poder de facilitar la muerte, debemos votar en contra de este proyecto de ley», imploró.
Florence Eshalomi, también del Partido Laborista, enfatizó la necesidad de priorizar la mejora de los cuidados paliativos. «Deberíamos ayudar a las personas a vivir sin dolor y con dignidad antes de facilitarles la muerte», instó.
Los críticos, incluida Diane Abbott, expresaron preocupaciones sistémicas más amplias, destacando la disparidad en la financiación entre los servicios de suicidio asistido y los cuidados paliativos. “Si bien el NHS está financiado para muertes asistidas, los cuidados paliativos siguen estando lamentablemente subfinanciados”, señaló Abbott, haciéndose eco de los sentimientos expresados por los líderes religiosos y de la atención médica.
Los líderes religiosos se oponen
Las figuras de la Iglesia han estado a la vanguardia de la oposición, enfatizando la santidad de la vida y el imperativo moral de apoyar a los necesitados a través de la atención, no de una muerte acelerada. El obispo John Sherrington de la Conferencia Episcopal Católica de Inglaterra y Gales reiteró estas preocupaciones después de la votación.
«La verdadera compasión significa caminar con aquellos que están enfermos y son vulnerables, ofreciendo atención que afirme su dignidad», afirmó Sherrington. Criticó la falta de salvaguardas suficientes en el proyecto de ley para la objeción de conciencia por parte de los proveedores de atención médica y protecciones para las instituciones que se oponen a participar en el suicidio asistido.
El cardenal Vincent Nichols de Westminster también destacó la crisis en curso en los cuidados paliativos, con decenas de miles de personas que mueren anualmente sin el apoyo adecuado al final de la vida. Estas deficiencias, argumentó, hacen que la introducción del suicidio asistido sea éticamente insostenible.
Implicaciones más amplias
El momento de la votación coincide con las crisis en el NHS y los sistemas de asistencia social, como lo destacó Right to Life UK. «Este proyecto de ley se está impulsando mientras los servicios de atención se desmoronan y se recortan los pagos de invierno para los ancianos. Es una acusación condenatoria de nuestras prioridades», afirmó la organización.
Andrea Williams, directora de Christian Concern, calificó el resultado como un «Viernes Negro» para las poblaciones más vulnerables del Reino Unido. Instó a un escrutinio continuo de la legislación, que describió como plagada de «salvaguardias peligrosas y superficiales».
¿Qué sigue?
El proyecto de ley ahora pasa a la revisión del comité y no regresará al Parlamento para un mayor debate hasta abril de 2024. Incluso si se aprueba, debe pasar por la Cámara de los Lores y someterse a un escrutinio adicional. Si se convierte en ley, seguiría una fase de implementación de dos años, con marcos de supervisión establecidos.
Puede leerse el pronunciamiento de la Iglesia católica en Inglaterra y Gales aquí.
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