El pasado 27 de mayo en Ginebra, el arzobispo Silvano M. Tomasi, observador permanente de la Santa Sede en la Oficina de las Naciones Unidas e Instituciones Especializadas, participó en la XXIII sesión ordinaria del Consejo de los Derechos del Hombre sobre el acceso a los medicamentos.
Monseñor Tomasi señaló que la Santa Sede ha examinado con atención el informe sobre el acceso a los medicamentos. Recordó que el relator especial afirma que «la plena realización del acceso a los medicamentos exige el cumplimiento de los elementos clave de la disponibilidad, accesibilidad, aceptación y calidad», y añadió que su delegación cree que el informe no ha dedicado suficiente atención a algunos de los factores que el relator especial ha indicado como «elementos clave».
En relación con la accesibilidad, la delegación cree que «un análisis comprensivo de este tema fundamental debe ir más allá de los cuadros legales, para incluir un examen de las realidades sociales y políticas que privan a millones de personas de la posibilidad de disfrutar del más alto standard alcanzable de salud física y mental, a causa de los obstáculos que ponen al acceso a los medicamentos». Recordó el artículo 25 de la Declaración universal de los derechos del hombre que afirma que «toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad».
Por eso, monseñor Tomasi subrayó que considera que el informe no dedica suficiente atención «a las necesidades fundamentales de los individuos y de las familias, en cada fase del ciclo de la vida, desde la concepción a la muerte natural». Y recordó que «una reducción efectiva de estos obstáculos requiere un enfoque de desarrollo humano integral que promueva tanto los marcos legales como la solidaridad internacional, no sólo entre los estados sino también entre todos los pueblos».
Por esto la Santa Sede observa con preocupación las «dificultades de millones de personas para acceder a condiciones de subsistencia mínimas y a los medicamentos indispensables para curarse» y desea que se instaure «una verdadera justicia distributiva que garantice a todos, sobre la base de las necesidades objetivas, curas adecuadas».
Matizó que «hubiera sido oportuno reconocer también el fuerte compromiso por parte de las organizaciones no gubernamentales y religiosas en el suministro tanto de medicamentos, como de una amplia gama de tratamientos y de medidas de prevención con el fin de asegurar el pleno disfrute del derecho a la salud».
Recordó que con 5.305 hospitales y 18.179 clínicas (Estadísticas de la Iglesia, Agencia Fides, Ciudad del Vaticano, 21 de octubre de 2012), inspiradas y organizadas en todo el mundo bajo la guía de la Iglesia católica, la Santa Sede «es muy consciente de que estas instituciones sirven a los sectores más pobres de la sociedad, muchos de los cuales se encuentran en áreas rurales y aisladas o en zonas de conflicto, donde a menudo los sistemas sanitarios gubernamentales no llegan». Así mismo recordó que «actualmente del 30 al 70% de las infraestructuras sanitarias en África son de propiedad de organizaciones confesionales».
Finalizó subrayando la idea de que «facilitar un acceso óptimo a los medicamentos es un compromiso complejo y merece un análisis comprensivo y el reconocimiento de todos los factores que contribuyen a su promoción, en lugar de un análisis más limitado de cuadros legales, económicos y políticos».
