El protocolo establece que los Estados parte reconocen la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas que «que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado Parte de cualquiera de los derechos enunciados en la Convención».
El Comité está integrado por 23 personas y tiene la función de «servir de sistema de vigilancia de la aplicación de la Convención por los Estados que la hubieren ratificado o se hubieren adherido a ella».
Aunque la mayoría de los diputados prefirió no hablar, el congresista de Fuerza Republicana, Roberto Lix Klett, criticó abiertamente el proyecto, denunció la falta de tiempo para hacer observaciones al mismo y afirmó que «el protocolo introduce solapadamente el aborto en la legislación argentina».
El parlamentario aseguró que la norma «es un cachetazo a la sociedad» que pone en «juego la vida humana». La normativa, enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo, ya había sido aprobada en el Senado.
Tanto los obispos como entidades civiles pidieron a los congresistas no aprobar el mecanismo.
En las vísperas, la Universidad Católica Argentina advirtió que, al acceder a las recomendaciones de la CEDAW, se hará de Argentina un país dependiente de órdenes internacionales contrarias a una visión integral de la mujer y del valor de la vida humana.
«Dicho comité induce claramente a propiciar y facilitar el aborto en Argentina e incluso vulnera la libertad de conciencia. Estas recomendaciones evidencian la voluntad de una legalización del aborto voluntario en nuestro país, violentando así el derecho a la vida que la Constitución Nacional y todo el ordenamiento jurídico reconocen desde el momento mismo de la concepción», advirtió la Universidad.
Anteriormente a su aprobación en el Senado, el obispo de San Justo, monseñor Baldomero Carlos Martini, había pedido a los senadores la no ratificación del polémico Protocolo.
En una carta enviada al vicepresidente de Argentina y presidente del Senado, Daniel Scioli, el prelado recordó que el Protocolo es facultativo, es decir, «no hay ninguna necesidad jurídica ni política de ratificarlo».
«El objetivo de dicho instrumento es hacer vinculantes las recomendaciones» del CEDAW. «Ahora bien, el citado Comité es una suerte de ‘refugio’ de ideólogos abortistas», señala el obispo sustentando su afirmación con algunos ejemplos de intervenciones de este organismo a favor del aborto en numerosos países.
Monseñor Martini señala que «si las recomendaciones del Comité fueran vinculantes, hasta el menos avisado de los argentinos comprende, que en materia jurídica la República Argentina habrá dejado de ser un país soberano, para someterse genuflexamente a los caprichos de un grupúsculo ideologizado, de origen transnacional».
Finalmente, el Prelado pide a los miembros de la Cámara Alta tener «pasión por el Bien Común, que es el bien de todos los argentinos y de todas las personas de buena voluntad que habitan nuestro suelo patrio».
El CEDAW es el organismo creado por la ONU para verificar la eliminación de toda forma de discriminación de la mujer. Su autoridad es ratificada por cada nación. Debido a la inclinación marcadamente abortista del organismo, numerosas organizaciones de defensa de la vida han presionado para que sus respectivas naciones se abstengan de ratificar el protocolo, que daría al CEDAW injerencia indebida en la soberanía nacional, pues esos postulados atentan contra la Constitución de muchos países.
