ROMA, lunes, 6 noviembre 2006 (ZENIT.org).- Relación directa entre capacidad de amar y bien común fue el eje de la intervención del presidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II de Estudios sobre el Matrimonio y la Familia (Roma) en la apertura del Año Académico.
«Es la capacidad de amar la que hace practicable el bien común», explicó el cardenal Carlo Cafarra, arzobispo de Bolonia.
Y es que «sólo la caridad hace al hombre capaz de perseguir el propio bien no a costa del bien del otro, o prescindiendo del mismo, sino deseando el bien del otro», apuntó.
Enlazó con la advertencia de que «los ordenamientos jurídicos estatales de Occidente están cambiando su actitud fundamental respecto a la institución del matrimonio y la familia: del favor juris a la neutralidad».
Se trata de «una neutralidad que genera una progresiva equiparación, al matrimonio, de comunidades de vida hasta ahora consideradas y tratadas como esencialmente diferentes», aclaró el purpurado.
Ese desuso del trato de favor que hasta ahora los Estados occidentales han mantenido frente al matrimonio y la familia es «la parada final de la interpretación que han sufrido los valores de autonomía y de igualdad, que están en la base de nuestra sociedad occidental», recordó cardenal Cafarra.
Y ello se hace posible «desde la negación de que exista un bien común humano», lamentó.
Y eso que una «referencia común de valores» -que históricamente es «el de la tradición cristiana»- es el que ha sustentado el funcionamiento democrático en Occidente, considera.
«En cambio en estos años estamos asistiendo a un hecho de alcance no fácilmente calculable –alertó el purpurado italiano-. La referencia común a la matriz cultural judeo-cristiana ha ido disgregándose y erosionándose poco a poco. En el contexto de esta disgregación y erosión, la doctrina pura de la igualdad y de la autonomía» conduce a lo que ya se constata: «lo que es técnicamente posible, el Estado debe consentirlo; lo que el individuo prefiere, el Estado no debe prohibirlo».
«No es difícil entender que este principio, aplicado a la letra, supone sencillamente la destrucción de toda forma de socialidad», recalcó.
«Un favor juris puede ser concedido a la institución matrimonial sólo si en la relación conyugal se ve una bondad, un valor específico: una bondad, un valor que realiza, en su modo propio, la idea de bien humano común. Como tal. Es más, la realiza en grado eminente», recalcó.
Pero «el favor juris en cambio no tiene ninguna justificación fuerte si no se reconoce que la relación interpersonal tiene en sí y por sí una bondad intrínseca suya, sino que se considera que ofrece sólo -recalca- utilidad para realizar el propio proyecto de felicidad».
El hecho es que así «como la negación de que exista una verdad acerca del bien de la persona conduce a aquel concepto de igualdad y autonomía» apuntado, «la negación de que exista una verdad acerca del bien humano común conduce a la reducción de la actuación política a una mera acción procedimental», denuncia.
«En otras palabras -sintetiza-: o se considera que el fin de la actividad política es el bien común, y entonces deberán ser tuteladas, promovidas y favorecidas todas las expresiones de tal bien, o se considera que no existe un bien común humano, sino sólo coexistencia de bienes privados, y entonces no hay nada que hacer, por parte de la autoridad política, más que instituir «reglas de tráfico» para la carrera de los individuos hacia la propia felicidad».
En este sentido, «el favor juiris del que goza el matrimonio permanece o cae junto a la idea de bien común», concluyó.
