24 mar 2001 (ZENIT.org).- Colombia está atrapada entre dos guerras: una contra la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), menor; otra contra los productores de droga, responsables de la exportación más famosa del país, la de cocaína.
Los dos conflictos están en conexión, dado que las guerrillas obtienen una parte de sus fondos de la venta de droga. La acción guerrillera controla hoy amplias áreas del país, pero según muchos la producción de droga es el mayor desafío. Recientemente, «The Telegraph» (15 de marzo) definió la droga como «el cáncer que está matando a Colombia».
Anualmente unas 600 toneladas de droga, en su mayor parte cocaína, salen como contrabando de Colombia, informaba «The Telegraph». A cambio, las ganancias alimentan el conflicto civil. El periódico calcula que la guerrilla, y también los grupos paramilitares, obtienen el 70% de sus ingresos de la droga. Una de las secuelas es un nivel de violencia que se cobra unas 26.000 muertes al año.
Los grandes grupos de la droga, como los cárteles de Medellín y Cali, fueron destruidos, pero el tráfico de droga no ha cesado y ahora está mucho más descentralizado, lo que hace aún más difícil la lucha contra él.
Una táctica empleada ahora por el Gobierno colombiano es la destrucción de los campos de coca mediante fumigación aérea, un método que ha sido ampliamente criticado. «The New York Times» (17 de marzo) informaba de los esfuerzos, respaldados por Estados Unidos, de liquidar la producción en la provincia de Putumayo. Pero, según el gobernador de la vecina provincia de Nariño, -lo que la fumigación está haciendo es trasladar el fenómeno de Putumayo a Nariño-.
Según el «Times», la oposición a la fumigación es tan fuerte en el sur de Colombia que los alcaldes, representantes de la Iglesia y otras personas han ejercido presión sobre el Gobierno de Andrés Pastrana y Estados Unidos para detener este procedimiento.
Los estadounidenses dicen que con la defoliación esperan contener la propagación de la coca. El plan «pretende ejercer presión en muchos puntos de manera simultánea lo antes posible», declaró Jim Mack, de la oficina de «International Narcotics and Law Enforcement», dependiente de la Secretaría de Estado.
Los esfuerzos de fumigación prevén reducir a la mitad unas 134.000 hectáreas de plantación de coca en cinco años. Respaldada por un paquete de ayuda estadounidense, la operación ha eliminado ya 30.000 hectáreas de coca en Putumayo en dos meses.
Pero la destrucción ha provocado la marcha de al menos diez mil personas de Putumayo. Muchos cultivadores de coca se han quedado sin ningún ingreso, y aunque existen paquetes de ayuda para incentivar la puesta en marcha de otros cultivos, el cambio no es fácil.
Según la agencia «Reuters» (13 de marzo), cuatro gobernadores colombianos viajaron a Estados Unidos la semana pasada para presionar en favor de un alto al uso de herbicidas. Los gobernadores de las cuatro provincias más afectadas -Putumayo, Nariño, Cauca y Tolima- hicieron un llamamiento para que acabara la fumigación aérea y pidieron fondos para programas sociales que animen a los campesinos a cambiar sus cultivos por otros legales. Los gobernadores dijeron también que los productos químicos están causando problemas de salud en la población.
Sin embargo, funcionarios estadounidenses afirmaron que el «glyphosate», la sustancia química empleada, es el herbicida más utilizado en el mundo; normalmente también se usa en los jardines en Estados Unidos contra las malas hierbas. Dijeron también que no hay pruebas serias de que afecte a la salud humana. El Departamento de Estado afirmó, sin embargo, que se ha acordado con el Congreso estudiar si la fumigación ha causado un impacto sobre la salud.
El Gobierno de Estados Unidos se ha dado por enterado de que otras cosechas pueden haber sido dañadas por la fumigación aérea, pero William Brownfield, de la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, dependiente de la Secretaría de Estado, explicó que los cultivos de droga a menudo se camuflan entre cultivos legales.
La experiencia de programas de erradicación en la región boliviana de Chapare enseña que no es suficiente eliminar las cosechas de coca. Un informe del «Financial Times» sobre la región, publicado el 14 de marzo, comentaba cómo en 1989 Bolivia puso en marcha un proyecto para destruir la producción de cocaína en Chapare cuyo beneficio anual era de 500 millones de dólares.
Se introdujo el cultivo de plátanos y piñas entre otros para reemplazar la pérdida de la cosecha de coca. Los campesinos recibieron 2.500 dólares por cada hectárea de plantación destruida. Pero, según Angel Zambrana, líder de la asociación campesina local, «el peligro es que si no hay mercado (para los cultivos alternativos), la gente volverá a plantar coca».
El cultivo del plátano, por ejemplo, requiere una cara vía férrea para trasladar los racimos de banana recién cortados desde la plantación al centro de empaquetado. La limpieza y el embalaje son costosos y llevan tiempo. El transporte al principal mercado exportador en Argentina también requiere, para conservar la fruta durante el viaje, camiones refrigerados que cuestan 25.000 dólares.
«Ninguna cosecha es tan rentable como la coca» -admite Carlos Sarabia, que lidera el proyecto alternativo de desarrollo USAID en Chapare; sin embargo, mantiene que los nuevos cultivos podría llegar a ser lucrativos.
Dudas sobre la ayuda de Estados Unidos
El año pasado, el Congreso aprobó un paquete de ayudas de emergencia de 1.300 millones de dólares para luchar contra el tráfico de drogas procedente de Sudamérica. La mayor parte de los fondos fue destinada a armamento y entrenamiento de las fuerzas armadas colombianas para colaborar en la eliminación de los cultivos. En aquel momento, y desde entonces, han surgido muchas dudas sobre la implicación de Estados Unidos en la guerra contra la droga en Colombia.
Algunos temen que la parte militar del paquete de ayudas, que comprende el entrenamiento de batallones antinarcóticos en el ejército colombiano por parte de las fuerzas militares estadounidenses, lleve a una implicación en la guerra civil. Otros están preocupados por el hecho de que las fuerzas entrenadas por Estados Unidos y el equipamiento militar vendido por Washington, sea utilizado por fuerzas militares que poco respeto tienen hacia los derechos humanos. En parte debido a las objeciones sobre la dimensión militar de la campaña, los países europeos han sido reacios a aprobar la intervención de Estados Unidos o a aportar fondos para el programa de erradicación.
Los vecinos de Colombia, según un análisis en la edición de marzo de «The World Today», están preocupados por el efecto que puede tener en ellos la campaña respaldada por Estados Unidos. Temen que, si tiene éxito, la producción de droga pueda simplemente atravesar la frontera. Países como Panamá y Ecuador no cuentan con suficientes fuerzas militares para cerrar sus límites.
Pastrana visita a Bus
A finales de febrero, el presidente colombiano Andrés Pastrana viajó a Washington para tener un encuentro con el presidente Bush. Pastrana, según el «Financial Times» (27 de febrero), reclamó una renovación y mejoramiento del Acuerdo Andino de Preferencia Comercial de 1991, cuando venza su plazo en diciembre. Este acuerdo -que concede una rebaja aduanera a los bienes procedentes de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia destinados al mercado estadounidense- ha creado 140.000 puestos de trabajo en Colombia en la última década.
Pastrana pidió también acelerar al 2003 la conclusión de las negociaciones a nivel hemisférico del Area de Libre Comercio de las Américas, postura compartida por Estados Unidos, Canadá y Chile, pero a la
que se opone Brasil.
Durante la entrevista, el presidente de EE.UU. reafirmó el compromiso de lucha contra el tráfico de drogas. Pero, según la agencia Reuters (27 de febrero), Bush rechazó la petición de Pastrana de sumarse a las conversaciones de paz con la guerrilla marxista. «Este es un tema del que deben ocuparse el pueblo colombiano y el Presidente de Colombia», dijo Bus en una conferencia de prensa después de la reunión.
Bush declaró asimismo que podría apoyar la renovación de un acuerdo comercial regional que conceda a los productos de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, destinados al mercado estadounidense, tarifas aduaneras más bajas.
En el debate sobre cómo resolver mejor los problemas de Colombia, sólo una cosa es cierta: no hay soluciones rápidas para acabar con la lucha civil y el tráfico de drogas que dividen al país.
