El tribunal argentino de La Rioja ha condenado al ex general del ejército Luciano Benjamín Menéndez, de 86 años, y al ex vice comodoro Luis Fernando Estrella, de 82, como responsables del asesinato del obispo Enrique Angelelli el 4 de agosto de 1976, al inicio de la dictadura militar.
Durante décadas, las autoridades habían afirmado que la muerte del obispo fue accidental. El caso fue reabierto en 2010, cuando un ex sacerdote que estaba en el auto con Angelelli, Arturo Pinto, declaró explicando que el vehículo fue empujado intencionalmente fuera de la carretera en la ruta 38, a la altura Punta de los Llanos.
Los medios locales indicaron que el tribunal oral federal integrado por el riojano Camilo Quiroga, el cordobés Carlos Lascano, y el salteño Juan Carlos Reynaga, condenó a prisión perpetua a los dos acusados. Ambos estaban en arresto domiciliario y ahora se ordenó su traslado a la cárcel de Bouwer, aunque por motivos de edad y salud dificlmente acabarán estables en la cárcel.
En aquella época Menéndez era titular del III Cuerpo de Ejército, con jurisdicción en diez provincias argentinas, con asiento en Córdoba; y Estrella era el vice jefe de la base aérea de El Chamical, una de cuyas dependencias funcionaba como centro clandestino de represión.
La sentencia se ha leído el 4 de julio en presencia de muchos partidarios de organizaciones de derechos humanos y en la primera fila también estaba el sucesor Mons. Angelelli, el actual obispo de La Rioja, Marcelo Colombo, que la noche anterior a la sentencia había celebrado una misa y encabezado una marchar desde el obispado hasta el tribunal.
El elemento nuevo en el 2006 fue que el obispado riojano, a cargo de Roberto Rodríguez, entró como querellante.
“Hemos esperado 38 años para ver triunfar a la verdad sobre la impunidad y, finalmente, ha llegado el día en que la justicia ha condenado el asesinato de un hombre que luchaba por la esperanza y la dignidad de miles de personas”: son las palabras con las que se ha expresado Martín Fresneda, secretario de la organización promovida por el gobierno argentino “Derechos Humanos de la Nación”, después de la lectura del veredicto que condena a cadena perpetua a dos oficiales por el asesinato Mons. Enrique Angelelli.
