MADRID, 1 mar 2001 (ZENIT.org).- La Diócesis de Barrancabermeja, una de las regiones colombianas más afectadas por la violencia que azota al país y en la que el grupo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN, el segundo en importancia del país) y el Gobierno pretenden establecer una Zona de Encuentro en la que dialogar sobre un posible acuerdo de paz, ha pedido que se informe y se cuente con las comunidades de la zona en todo el proceso.
En un documento enviado a Cáritas España, firmado por el obispo de la diócesis, monseñor Jaime Prieto Amaya, el presbiterio diocesano, las religiosas y religiosos y los laicos de la diócesis de Barrancabermeja y titulado «Nuestro No es a la violencia, nuestro sí es a la paz», se proclaman «definitivamente comprometidos» con la paz que, recuerdan, «es fruto de la justicia y del amor» y, para conseguir la cual, «es absolutamente imprescindible la firme voluntad de respetar a hombres, mujeres y pueblos».
Respecto al posible establecimiento en la región de una Zona de Encuentro entre el ELN y el Gobierno colombiano, el documento denuncia «la falta de claridad en las reglas de juego, la lentitud en las decisiones y la falta de información y participación de las comunidades» y afirma que, tanto las comunidades que estén directamente implicadas en la Zona de Encuentro como las ubicadas en su entorno, «deben participar en los diálogos referentes a las posibilidades y las dificultades de tal iniciativa y en la reglamentación específica de la misma».
En el documento se asegura que «siempre hemos recibido con beneplácito los avances en las conversaciones entre el Gobierno nacional y el ELN» y se recuerda que «la libertad de expresión, la representatividad, la civilidad y el pluralismo, la tolerancia y el respeto, así como el Bien Común por encima de los intereses particulares» deben considerarse «requisitos indispensables» para abrir el diálogo con el Gobierno nacional y el ELN.
Esta Iglesia particular, al tiempo que denuncia «los atropellos contra la sociedad civil» en una zona en la que «no hay forma de violencia que no haya hecho presencia e historia», se compromete, «a participar en los diálogos y promoverlos con todas sus instancias representativas», porque «así como durante más de treinta años fue afectada por el conflicto armado, así también ahora que puede ofrecerse otra salida debe ser protagonista del proceso de paz».
