CIUDAD DEL VATICANO, domingo 15 abril 2012 (ZENIT.org).- El director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, padre F. Lombardi, hizo pública una nota este sábado 14 de abril, a propósito de recientes afirmaciones en la prensa italiana sobre el Vaticano y el secuestro de Emanuela Orlandi. Ofrecemos el texto completo de la nota vaticana.
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El asunto del trágico secuestro de la joven Emanuela Orlandi ha sido nuevamente objeto de la atención pública en el curso de los últimos meses por algunas iniciativas e intervenciones que han tenido eco en la prensa, y en las que se ha avanzado la duda si por parte de instituciones o personalidades vaticanas se haya hecho verdaderamente todo lo posible para contribuir a la búsqueda de la verdad sobre lo sucedido.
Dado que ha pasado ya un tiempo considerable desde los hechos en cuestión (el secuestro se produjo el 22 de junio de 1983, hace casi treinta años) y buena parte de las personas entonces en puestos de responsabilidad han desaparecido, no es naturalmente posible pensar en un reexamen detallado de los acontecimientos.
No obstante, es posible –gracias a algunos testimonios especialmente fiables y a una relectura de la documentación disposible- verificar en sustancia con qué criterios y actitudes afrontaron los responsables vaticanos aquella situación.
Las preguntas principales a las que responder son las siguientes:
¿Las autoridades vaticanas de entonces se empeñaron verdaderamente en afrontar la situación y colaboraron con las autoridades italianas en tal sentido?
¿Hay todavía elementos nuevos, no revelados pero conocidos por alguien en el Vaticano, que podrían ser útiles para conocer la verdad?
Es justo recordar sobre todo que el papa Juan Pablo II en persona se mostró especialmente implicado por el trágico secuestro, tanto que intervino varias veces (¡hasta ocho en menos de un año!) públicamente con llamamientos para la liberación de Emanuela, fue personalmente a visitar a la familia, se interesó en que se garantizara un puesto de trabajo a su hermano Pietro. A este empeño personal del papa es natural que correspondiera el empeño de sus colaboradores.
El cardenal Agostino Casaroli, secretario de Estado y por tanto primer colaborador del papa, siguió personalmente el asunto, tanto que, como es conocido, se puso a disposición para los contactos con los secuestradores con una línea telefónica particular.
Como atestiguó en el pasado y atestigua ahora el cardenal Giovanni Battista Re –entonces asesor de la Secretaría de estado y hoy principal y más autorizado testigo de aquél tiempo–, no sólo la Secretaría de Estado misma, sino también el Gobernatorado se empeñaron en hacer todo lo posible para contribuir a afrontar la dolorosa situación con la necesaria colaboración con las autoridades italianas investigadoras, a las que correspondía evidentemente la competencia y la responsabilidad de las indagaciones, habiendo sucedido el secuestro en Italia.
La plena disponibilidad a la colaboración por parte de las personalidades vaticanas que en aquél tiempo ocupaban puestos de responsabilidad, se evidencia en hechos y circunstancias. Sólo para dar un ejemplo, los investigadores (y sobre todo el SISDE) tuvieron acceso a la centralita vaticana para la posible escucha de llamadas de los secuestradores, y también luego en algunas ocasiones autoridades vaticanas recurrieron a la colaboración con autoridades italianas para desenmascarar innobles formas de estafa por parte de presuntos informadores.
Responde por tanto a pura verdad cuanto fue afirmado con Nota Verbal por la Secretaría de Estado N. 187.168, del 4 de marzo de 1987, en respuesta vaticana a la primera requisitoria formal de información presentada por la magistratura italiana inquirente en fecha 13 de noviembre de 1986, cuando dice que «las noticias relativas al caso… fueron transmitidas a su tiempo al fiscal doctor Sica». Dado que todas las cartas y las señalaciones llegadas al Vaticano fueron enseguida giradas al doctor Domenico Sica y a la Inspección de P.S. en el Vaticano, se presume que fueran custodiadas en las competentes oficinas judiciales italianas.
También en la segunda fase de la investigación –años después- las tres rogatorias dirigidas a las autoridades vaticanas por los investigadores italianos (una en 1994 y dos en 1995) encontraron respuesta (Notas Verbales de la Secretaría de Estado N. 346.491, de 3 de mayo de 1994; N. 369.354, de 27 de abril de 1995; N. 372.117, de 21 de junio de 1995). Como solicitado por los inquirentes, el señor Ercole Orlandi (padre de Emanuela), el comandante Camillo Cibin (entonces comandante de la Vigilancia vaticana), el cardenal Agostino Casaroli (exsecretario de Estado), S.E. monseñor Eduardo Martinez Somalo (exsustituto de la Secretaría de Estado), monseñor Giovanni Battista Re (entonces asesor de la Secretaría de Estado), S.E. monseñor Dino Monduzzi (entonces prefecto de la Casa Pontificia), monseñor Claudio Maria Celli (exsubsecretario de la Sección para las Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado), rindieron a los jueces del Tribunal Vaticano sus deposiciones sobre las cuestiones presentadas por los inquirentes y la documentación fue enviada, trámite la Embajada de Italia ante la Santa Sede, a las autoridades solicitantes. Los fascículos relativos existen todavía y siguen estando a disposición de los inquirentes. Hay que subrayar también que en la época del secuestro de Emanuela, las autoridades vaticanas, en espíritu de verdadera colaboración, concedieron a los inquirentes italianos y al SISDE la autorización para tener bajo control el teléfono vaticano de la familia Orlandi y a acceder libremente al Vaticano para ir a la vivienda de los mismos Orlandi, sin ninguna mediación de funcionarios vaticanos. No es por tanto fundado acusar al Vaticano de haber recusado la colaboración con las autoridades italianas responsables de las investigaciones.
Esto da ocasión para subrayar que es praxis constante de la Santa Sede responder a las rogatorias internacionales, y es injusto afirmar lo contrario (como se ha hecho todavía recientemente a propósito de una rogatoria sobre el IOR, que en realidad no ha sido nunca transmitida a la Secretaría de Estado, como fue confirmado oficialmente por las competentes autoridades diplomáticas italianas).
El hecho de que en las deposiciones en cuestión no estuviera presente un magistrado italiano, sino que se hubiera pedido a la parte italiana formular con precisión las cuestiones a presentar, forma parte de la praxis ordinaria internacional en la cooperación judicial y no debe por tanto sorprender, ni tanto menos hacer sospechar (véase también el artículo 4 de la Convención Europea de asistencia judicial en material penal, de 20 de abril de 1959).
La sustancia de la cuestión es que lamentablemente no se tuvo en el Vaticano ningún elemento concreto útil para la solución del caso que proporcionar a los inquirentes. En aquél tiempo las autoridades vaticanas, según los mensajes recibidos que hacían referencia a Alí Agca –que, como periodo, coincidieron prácticamente con la instrucción sobre el atentado al papa- compartieron la opinión prevalente de que el secuestro fuera utilizado por una oscura organización criminal para enviar mensajes o realizar presiones en relación al encarcelamiento y a los interrogatorios del agresor del papa.
No hubo ningún motivo para pensar en otros posibles móviles del secuestro. La atribución de conocimiento de secretos relativos al secuestro mismo por parte de personas pertenecientes a las instituciones vaticanas, sin indicar algún nombre, no corresponde por tanto a ninguna información fiable o fundada; a veces parece casi un alibi frente al malestar y la frustración por no lograr encontrar la verdad.
En conclusión, a la luz de los testimonios y de los elementos recogidos, deseo afirmar con decisión los puntos siguientes:
Todas las autoridades vaticanas han colaborado con empeño y transparencia con las autoridades italianas para afrontar la situación del secuestro en la primera fase y, luego, también en las indagaciones sucesivas.
No resulta que se haya escondido nada, ni que haya en el Vaticano «secretos» a revelar sobre el tema.
Seguir afirmándolo es completamente injustificado, también porque, se reafirma una vez más, todo el material llegado al Vaticano fue entregado, a su tiempo, al fiscal inquirente y a las autoridades de policía; además, el SISDE, la Policía de Roma y los Carabineros tuvieron acceso directo a la familia Orlandi y a la documentación útil a las investigaciones.
Si las autoridades inquirentes italianas –en el marco de la investigación todavía en curso- creen útil o necesario presentar nuevas rogatorias a las autoridades vaticanas, pueden hacerlo, en cualquier momento, según la praxis habitual y encontrarán, como siempre, la colaboración apropiada.
En fin, dado que la situación de la tumba de Enrico De Pedis en la basílica de Apollinaire ha seguido y sigue siendo motivo de interrogantes y discusiones –incluso prescindiendo de su eventual relación con el asunto del secuestro Orlandi- se reafirma que por parte eclesiástica no se interpone ningún obstáculo a que la tumba sea inspeccionada y que el cadáver sea enterrado en otro lugar, para que se restablezca la justa serenidad, correspondiente a la naturaleza de un ambiente sagrado.
Para terminar, querríamos tomar inspiración de la intensa participación personal de Juan Pablo II en el trágico asunto de la joven y en el sufrimiento de su familia, que ha quedado hasta ahora en la oscuridad sobre la suerte de Emanuela. Todavía más porque este sufrimiento lamentablemente se reaviva al surgir de cada nueva pista de explicación, hasta ahora sin éxito. Si las personas que desaparecen cada año en Italia y de las que no se sabe nada más a pesar de las investigaciones y las búsquedas son lamentablemente numerosas, el asunto de esta joven ciudadana vaticana inocente desaparecida sigue regresando bajo los focos. Que no sea esto un motivo para descargar sobre el Vaticano culpas que no tiene, sino que sea más bien la ocasión para darse cuenta de la realidad terrible y a menudo olvidada de la desaparición de personas –en especial de aquellas más jóvenes- y oponerse, por parte de todos y con todas las fuerzas, a toda actividad criminal que sea su causa.
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