El presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, monseñor César Franco Martínez, y el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Mª Gil Tamayo, se han reunido este jueves por la mañana con el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo.
En este encuentro, que calificaron como muy cordial, los representantes de la CEE han expresado su preocupación por la enseñanza de la religión en la escuela. El Ministro, por su parte, ha manifestado “su disposición a trasladar esta inquietud en la reunión sectorial con los responsables de Educación de las Comunidades Autónomas”. También se han abordado otros asuntos de seguimiento, como el Plan de Catedrales. Asimismo, ambas partes “se han comprometido a continuar trabajando de manera conjunta y a profundizar en la mejor solución para los temas planteados”.
En la nota publicada por la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis sobre la opción por la enseñanza religiosa católica en el curso 2014-2015, el pasado 17 de marzo, se ofrecían estadísticas sobre la enseñanza religiosa católica en este curso. Según los datos recibidos, de un total de 5.544.013 de alumnos escolarizados, 3.521.370 de alumnos reciben enseñanza religiosa católica, lo que supone el 63,5%.
En dicha ocasión, los obispos de la CEEC lamentaron que «la regulación de la enseñanza de la Religión y Moral Católica que la LOMCE ha impuesto para el Bachillerato no garantice la oferta obligatoria de la asignatura por parte de los centros ni, consecuentemente, que los padres y, en su caso, los alumnos puedan optar por ella». En esta etapa educativa –proseguía la nota– no se garantiza de manera suficiente y adecuada el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que ellos deseen, ni se cumple el mandato constitucional (Art. 27,3) ni el tratado internacional entre el Estado y la Santa Sede de 3 de enero de 1979, que son normas de obligado cumplimiento, si en verdad se quiere respetar este derecho fundamental.
Del mismo modo, recordaban que «la enseñanza religiosa escolar forma parte del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones religiosas». A ellos corresponde –aseguraban los prelados– la educación de sus hijos y no al Estado. «Las administraciones centrales y autonómicas verdaderamente democráticas favorecerán de modo subsidiario dicha educación libremente elegida, sin intentar imponer concepciones religiosas o morales», añadieron.
