SANTIAGO DE CHILE, 21 mar 2001 (ZENIT.org).- La Conferencia Episcopal de Chile pidió el martes pasado al gobierno que renuncie a su decisión de autorizar la venta de la llamada «píldora del día después» por considerar que se trata de un fármaco abortivo. Y la Constitución chilena defiende expresamente el derecho a la vida.
Un documento publicado por el Comité Permanente del episcopado aclaraba ayer: «El conocimiento científico de los últimos tiempos señala que a los pocos minutos después del acto sexual un buen número de espermatozoides ya ha llegado a las trompas de Falopio, en donde se encuentra con el óvulo posibilitando la fecundación. Por lo tanto, el uso de “la píldora del día después” es claramente abortiva pues actúa contra un ser que ciertamente tiene ya el don inestimable de la vida».
El documento responde a las declaraciones de la ministra de Salud, Michelle Bachelet, quien afirmó que el fármaco «es efectivamente un anticonceptivo de emergencia… no un abortivo». Al anunciar la decisión del Ministerio de Salud, el 19 de marzo pasado, Bachelet aclaró que la «píldora del día después» sólo se venderá con receta médica y explicó que este documento tendrá que quedar en poder de las farmacias para justificar sus ventas.
Los obispos constatan que la eliminación de un ser humano, aunque sea en sus primeros momentos de vida, viola la Constitución chilena. Subrayan: «Que el individuo humano gestado tenga mayor o menor valor para ser respetado y protegido según el estado de desarrollo en que se encuentre, viola un principio fundamental que anima a la sociedad cual es la protección del que está por nacer, reconocido en nuestra Constitución».
El presidente Ricardo Lagos no había tenido en cuenta las repetidas observaciones que en este sentido ya le han hecho los obispos explicando que «soy presidente de todos los chilenos, y no puedo imponer los puntos de vista de unos sobre otros».
En respuesta, los obispos, en el comunicado constatan: hay quienes piensan que «la autoridad pública, no debería tomar en cuenta consideraciones éticas y sociales para autorizar su uso, sino limitarse a certificar la calidad técnica de esos medios».
«No nos parecen adecuadas tales ideas –responde el Comité Permanente del episcopado en un comunicado–. Ellas implican trasladar materias tan fundamentales como las relativas a la procreación humana desde el ámbito público al privado, dejando sin protección social al ser humano más indefenso que surge de la fecundación del óvulo femenino por el espermatozoide masculino. La defensa de la vida humana y el fortalecimiento y protección del matrimonio y la familia, son deberes de la sociedad y del Estado que la representa».
«El derecho a la vida está garantizado por la Constitución Política de la República y constituye la base de los demás derechos», insisten los obispos.
