(ZENIT Noticias / El Cairo, 15.11.2026).- Un egipcio que abandonó el islam para abrazar el cristianismo podría ser condenado a muerte después de que la fiscalía solicitara la pena máxima en un caso que ha suscitado seria preocupación entre las organizaciones internacionales de derechos humanos respecto a la libertad religiosa y el derecho a un juicio justo en Egipto.
Said Abdelrazek, de 30 años, se encuentra detenido desde julio de 2025, tras su conversión al cristianismo en 2016. Ahora se enfrenta a múltiples cargos, entre ellos insultar al islam, pertenecer a una organización terrorista prohibida, incitar a la violencia y difundir información falsa. En una audiencia celebrada el 3 de noviembre de 2026, la fiscalía solicitó a un tribunal antiterrorista la pena máxima posible: hasta 25 años de prisión o, según informes, la pena de muerte.
El juicio se ha aplazado hasta el 8 de diciembre, fecha en la que se espera que la defensa presente sus alegatos finales. Amnistía Internacional y Solidaridad Copta sostienen que la acusación está fundamentalmente vinculada a la conversión de Abdelrazek y a la expresión de sus creencias cristianas, y no a ninguna actividad delictiva independiente. Ambas organizaciones han exigido su liberación inmediata e incondicional.
Los relatos de la audiencia del 3 de noviembre, difundidos por Coptic Solidarity pero no verificados de forma independiente, han aumentado las dudas sobre la imparcialidad del proceso. Según estos informes, el fiscal argumentó que, si bien las personas son libres de abandonar el islam, Abdelrazek no tenía derecho a expresar hostilidad hacia la religión. Supuestamente, acusó al acusado de insultar al profeta Mahoma, a su esposa Aisha, a sus compañeros y a la comunidad musulmana, alegando que sus declaraciones habían contribuido a la división en la sociedad egipcia.
La fiscalía también habría presentado a quienes se dirigían a Abdelrazek como «Mawlana» —un título honorífico que significa «nuestro señor»— como simpatizantes de una organización terrorista. La defensa ha negado la existencia de dicha organización.
Al concluir su alegato, el fiscal habría insistido en que Egipto era, y seguiría siendo, un estado islámico. Si bien las circunstancias exactas y la redacción de estos intercambios aún requieren confirmación independiente, las declaraciones reportadas han planteado interrogantes fundamentales sobre la distinción entre proteger a las comunidades religiosas de la incitación y criminalizar la expresión pacífica de creencias que difieren de la mayoría religiosa.
Otro incidente durante la audiencia ha atraído especial atención. Según relatos citados por Coptic Solidarity, el juez presidente observó a un abogado bebiendo agua de pie, citó un hadiz que desaconseja esta práctica e invitó posteriormente a los presentes en la sala a expresar su amor por Mahoma.
Coptic Solidarity ha advertido que, de informarse con precisión, dicha conducta podría socavar la apariencia de imparcialidad judicial. La organización subraya que esto no determina la decisión final del tribunal, pero argumenta que las circunstancias hacen que sea especialmente importante un examen minucioso de los procedimientos restantes.
Las condiciones de detención de Abdelrazek constituyen otro motivo de preocupación. Según se informa, se encuentra recluido en la prisión del 10 de Ramadán, donde Amnistía Internacional ha documentado lo que describe como condiciones crueles e inhumanas. Estas incluyen severas restricciones a la libertad de movimiento, el acceso a la luz solar y el contacto con sus familiares. Para un detenido que se enfrenta a la posibilidad de las penas penales más severas, tales condiciones generan inquietudes adicionales sobre su bienestar físico y psicológico.
En el centro del caso reside una cuestión fundamental de libertad religiosa: ¿puede un ciudadano egipcio cambiar libremente de religión, abrazar el cristianismo y expresar sus convicciones sin ser considerado una amenaza para la seguridad nacional?
La distinción entre libertad religiosa y protección del orden público es esencial. Los gobiernos tienen la legítima responsabilidad de prevenir la violencia y castigar los delitos reales, incluyendo la incitación y la actividad terrorista. Pero las acusaciones de esta naturaleza deben estar respaldadas por pruebas creíbles y ser examinadas mediante procedimientos que garanticen el derecho del acusado a un juicio justo. La conversión religiosa de una persona, o la crítica de una religión, no puede, por sí sola, constituir responsabilidad penal.
Para las comunidades cristianas de Egipto, en particular para quienes se han convertido del islam, este caso tiene implicaciones que van mucho más allá del destino de un solo individuo. Aborda la cuestión de si la libertad de conciencia se reconoce en la práctica como un derecho individual, en lugar de un privilegio condicionado a la conformidad con la mayoría religiosa del país.
Por lo tanto, la audiencia del 8 de diciembre será seguida de cerca por defensores de los derechos humanos y organizaciones de libertad religiosa. Las autoridades tienen la oportunidad de demostrar que el proceso judicial se rige por las pruebas, la imparcialidad y el respeto a los derechos fundamentales, en lugar de por presiones o prejuicios religiosos.
El caso de Abdelrazek pone a prueba, en última instancia, si la libertad de creer incluye también la libertad de cambiar de creencias. Sin esa garantía, la libertad religiosa sigue siendo incompleta y la protección de los cristianos y otras minorías religiosas no puede considerarse segura.
Gracias por leer nuestros contenidos. Si deseas recibir el mail diario con las noticias de ZENIT puedes suscribirte gratuitamente a través de este enlace.




