(ZENIT Noticias / Varsovia, 08.03.2026).- El 1 de marzo entró en vigor en Polonia un cambio en la gobernanza eclesiástica, marcando una de las primeras implementaciones nacionales concretas de la reforma del derecho penal de la Iglesia Católica impulsada por el Papa Francisco. Bajo las nuevas normas, los sacerdotes y trabajadores eclesiásticos que violen la ley eclesiástica podrían enfrentarse a sanciones económicas, que en ocasiones ascienden a decenas de miles de dólares.
La medida, promulgada por la Conferencia Episcopal Polaca, no es una invención nueva de los obispos del país, sino la aplicación práctica de una reforma más amplia promulgada en Roma en 2021, cuando el Papa Francisco revisó el Libro VI del Código de Derecho Canónico, la sección que regula los delitos y las sanciones penales en la Iglesia Católica.
La legislación actualizada reintrodujo disposiciones que existían en el marco jurídico anterior de la Iglesia, pero que habían desaparecido tras el Concilio Vaticano II. En particular, la reforma restableció la posibilidad de imponer sanciones pecuniarias como parte de lo que el derecho canónico denomina «penas expiatorias», una categoría de castigo destinada a reparar la injusticia y abordar el escándalo, en lugar de simplemente corregir al infractor.
Durante décadas, la práctica penal católica había hecho hincapié en las llamadas «penas medicinales», medidas diseñadas principalmente para fomentar el arrepentimiento o la reforma. El marco revisado reconoce que ciertas infracciones pueden requerir sanciones explícitamente punitivas para restablecer el orden moral dentro de la comunidad eclesial.
En la práctica, el decreto polaco establece cómo se aplicarán dichas sanciones en el contexto legal y económico del país.
Las multas se calculan en relación con el salario mínimo nacional. Actualmente, el salario mínimo mensual bruto en Polonia es de 4.806 zlotys, aproximadamente 1.300 dólares estadounidenses para un trabajador a tiempo completo. Las multas canónicas deben estar comprendidas entre la mitad de esa cantidad y veinte veces el salario mínimo.
Esta fórmula establece la pena mínima en 2.403 zlotys (unos 650 dólares) y la máxima en 96.120 zlotys, lo que equivale a cerca de 25.900 dólares.
Las sanciones pueden aplicarse en diversos casos. Según el decreto, podrían imponerse por delitos como la desobediencia a la autoridad eclesiástica, la apropiación indebida de bienes eclesiásticos o actos de corrupción como el soborno.
La autoridad que impone la sanción —ya sea un obispo diocesano o un tribunal eclesiástico— también determina el destino del dinero. En algunos casos, puede destinarse a instituciones benéficas o eclesiásticas.
En los últimos años, por ejemplo, las autoridades vaticanas solicitaron a los obispos que gestionaron mal los casos de abuso que realizaran contribuciones financieras a la Fundación San José, una organización establecida por los obispos polacos en 2019 para ayudar a las víctimas de abuso sexual dentro de la Iglesia. Otras sanciones podrían destinarse a Cáritas u otras organizaciones benéficas católicas similares.
Al mismo tiempo, el decreto contiene una salvaguardia diseñada para evitar que las sanciones financieras supongan la pobreza para un clérigo o empleado de la iglesia.
Si la sanción implica la retención de la remuneración eclesiástica —otra opción prevista en el derecho canónico actualizado—, no puede reducir los ingresos de una persona por debajo de 3605 zlotys mensuales, aproximadamente 970 dólares. Por lo tanto, las autoridades eclesiásticas deben equilibrar la dimensión punitiva de la sanción con la obligación de garantizar un sustento digno.
Las normas que rigen estos cálculos se aprobaron durante una asamblea plenaria de los obispos polacos en Gdansk en octubre de 2025. Sin embargo, antes de entrar en vigor, el decreto requería la confirmación del Vaticano. Dicho reconocimiento, conocido en derecho canónico como recognitio, fue otorgado por el Dicasterio para los Obispos el 26 de enero de 2026.
Los canonistas señalan que estas adaptaciones locales no son opcionales, sino esperadas.
El padre Piotr Majer, profesor de derecho canónico en la Universidad Pontificia Juan Pablo II de Cracovia, explicó que las conferencias episcopales de todo el mundo deben traducir las normas universales del derecho canónico a sistemas que reflejen sus propias circunstancias jurídicas y económicas.
“No es el episcopado polaco el que inventó las sanciones económicas”, observó Majer en declaraciones a la agencia de noticias católica KAI. “Fueron introducidas por el papa Francisco. Los obispos simplemente las han adaptado a la realidad polaca”.
El propósito de estas sanciones, añadió, es doble. Imponen una carga tangible al infractor, a la vez que contribuyen a restablecer la justicia en la comunidad eclesial.
“Una multa no es una compensación para la víctima”, explicó Majer. “La restitución debe ocurrir independientemente de la pena. Más bien, la multa es una carga impuesta al infractor como consecuencia de la infracción”.
Sin embargo, el nuevo sistema también destaca una distinción práctica entre el clero y los empleados laicos de la Iglesia.
En teoría, se pueden imponer sanciones económicas a ambos grupos. Sin embargo, en la práctica, aplicar dichas sanciones a los laicos podría resultar extremadamente difícil. Los tribunales civiles en Polonia no están sujetos al derecho canónico, y un empleado laico sancionado por una autoridad eclesiástica podría impugnar la decisión amparándose en la legislación laboral.
Por esta razón, Majer sugirió que los tribunales eclesiásticos probablemente recurrirían a otras formas de disciplina al tratar con un trabajador laico.
El clero, por otro lado, está directamente sujeto a la jurisdicción interna de la Iglesia. En consecuencia, las sanciones económicas impuestas a sacerdotes u obispos pueden aplicarse eficazmente a través de la autoridad eclesiástica.
La introducción de estas medidas refleja un cambio más amplio dentro de la Iglesia Católica hacia mecanismos de rendición de cuentas más estructurados. La reforma del derecho penal de 2021 se interpretó ampliamente como un intento de garantizar que las autoridades eclesiásticas aplicaran las sanciones de forma más consistente, especialmente tras los escándalos de abuso que expusieron fallas en los procedimientos disciplinarios.
Al vincular las sanciones financieras a los estándares económicos nacionales y formalizar su aplicación, los obispos polacos han creado uno de los ejemplos más claros hasta ahora de cómo esas reformas se están traduciendo de las páginas del derecho canónico a la gobernanza cotidiana dentro de la Iglesia.
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