(ZENIT Noticias / Ciudad de México, 28.01.2026).- Un fin de semana marcado por el derramamiento de sangre y la profanación ha obligado una vez más a la jerarquía católica mexicana a confrontar la creciente espiral de violencia en el país.
La Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) emitió un contundente comunicado tras dos impactantes incidentes: un tiroteo masivo que dejó al menos 11 muertos en un campo de fútbol comunitario en Salamanca, Guanajuato, el domingo 25 de enero, y un intento de incendio provocado contra la histórica catedral de Puebla la noche anterior.
Para los obispos, los hechos no son crímenes aislados, sino síntomas de un colapso social más amplio.
El ataque en Salamanca se produjo en la comunidad rural de Loma de Flores, donde, según informes, hombres armados llegaron en camionetas y abrieron fuego contra jugadores y familias reunidas en un campo de fútbol local. El alcalde de Salamanca, César Prieto, confirmó que 10 víctimas murieron en el lugar, mientras que una undécima falleció a causa de las heridas posteriormente en el hospital. Otras 12 personas resultaron heridas.
“Este ataque vulnera la vida misma, la dignidad humana y la convivencia pacífica de nuestra sociedad”, declaró la CEM, exigiendo justicia e insistiendo en que el crimen no debe quedar impune. Los obispos expresaron su “profundo dolor e indignación” ante la violencia que continúa azotando amplias zonas del país.
El alcalde Prieto no escatimó en palabras sobre la gravedad de la situación, describiendo que Salamanca vive “un grave momento de descomposición social”. Reconoció que los grupos criminales intentan activamente dominar a las autoridades locales.
El municipio se encuentra en un corredor estratégico disputado desde hace tiempo por el crimen organizado. Según informes locales, al menos dos importantes cárteles de la droga —el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— se disputan el control de la región, una rivalidad que ha convertido a Guanajuato en uno de los estados más violentos de México en los últimos años.
La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, condenó la masacre como “un acto inaceptable que hiere profundamente a las familias guanajuatenses”. En un comunicado publicado en X, indicó que se lanzó de inmediato un operativo de seguridad conjunto con la participación de la policía municipal, la Fiscalía General del Estado y fuerzas federales. El objetivo, explicó, era asistir a las víctimas, asegurar la zona e impulsar la investigación con determinación.
Añadió que se ha reforzado la seguridad en toda la región y se comprometió a que el estado actuará con firmeza para restablecer la calma y llevar a los responsables ante la justicia.
Sin embargo, la preocupación de los obispos se extendió más allá de Salamanca.
En el mismo comunicado, la CEM también denunció un intento de incendio provocado en la Catedral de Puebla la noche del sábado 24 de enero, que dañó una de las puertas principales del edificio. La catedral de Puebla no solo es un lugar de culto central, sino también un monumento cultural reconocido por la UNESCO, por lo que el incidente tuvo repercusión mucho más allá de la Iglesia local.
«Este acto atenta contra el patrimonio material, espiritual y cultural de la humanidad», declararon los obispos, exigiendo un esclarecimiento completo de lo sucedido.
En conjunto, ambos sucesos ponen de relieve una realidad preocupante: la violencia en México se extiende cada vez más a espacios tradicionalmente considerados seguros, como reuniones deportivas familiares y lugares sagrados.
En respuesta, el episcopado emitió un doble llamamiento. A las autoridades, les instó a un renovado sentido de responsabilidad para proteger vidas, garantizar la seguridad pública y salvaguardar las iglesias y otros espacios sagrados. A la sociedad en general, les pidió unidad en la difícil labor de reconstruir la paz.
La declaración concluyó con un tono marcadamente católico, encomendando a la nación a la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, venerada como Reina de México.
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