(ZENIT Noticias / Mónaco, 24.11.2025).- El debate sobre el aborto en Mónaco, a menudo eclipsado por controversias similares en países europeos más grandes, volvió a cobrar protagonismo en noviembre cuando el príncipe Alberto II anunció que no promulgaría un proyecto de ley que buscaba introducir la mayor liberalización de las leyes sobre el aborto en la historia moderna del principado. Su decisión, anunciada en una entrevista discreta pero firme con Monaco-Matin, marcó una pausa decisiva en el impulso legislativo que se había estado gestando desde que el Consejo Nacional aprobó la propuesta a principios de este año.
El proyecto de ley se aprobó con una mayoría abrumadora, lo que refleja la percepción de muchos legisladores de que Mónaco se estaba alineando gradualmente con la tendencia europea más amplia hacia la ampliación de los derechos reproductivos. Bajo el marco propuesto, la interrupción voluntaria del embarazo se habría permitido dentro de las doce semanas, con una extensión a las dieciséis en casos de violación. También sugería reducir la edad para el consentimiento parental de dieciocho a quince años. Para los partidarios, fue una actualización pragmática. Para el príncipe, traspasó un umbral.
Alberto II reconoció la carga emocional de la pregunta, pero enmarcó su negativa como un acto de fidelidad institucional. Mónaco, recordó a sus lectores, nunca ha sido un estado laico. La fe católica no solo ocupa un lugar honorífico en su vida pública; configura su arquitectura jurídica y cultural. La ley actual, argumentó, ya ofrece un enfoque humano dentro de esa tradición: el aborto sigue siendo ilegal en principio, pero está despenalizado desde 2019 para las mujeres que buscan el procedimiento en el extranjero, principalmente en Francia. Dentro de Mónaco, el acceso solo se permite en tres situaciones específicas: violación, anomalía fetal grave o peligro grave para la vida de la madre.
La intervención del príncipe no sorprendió a los líderes eclesiásticos. Durante meses, el arzobispo Dominique Marie David había advertido que el proyecto de ley representaba más que un ajuste legal; marcaba, en sus palabras, un «punto de no retorno». Su extensa carta pastoral, publicada en mayo, articuló una visión de identidad nacional inseparable de la doctrina católica. El principado, escribió, vive una confesión de estado que no debe reducirse a una reliquia ceremonial, sino reconocerse como parte constitutiva del ADN cívico de Mónaco. Su argumento era de carácter civilizatorio: cambiar el marco moral que rodea las cuestiones de la vida, insistió, pondría a Mónaco en conflicto con lo que históricamente lo ha distinguido de sus vecinos.
Sin embargo, las reacciones más allá de los círculos eclesiásticos fueron rápidas y marcadamente divergentes. Los defensores de los derechos de las mujeres lamentaron una decisión que consideran simbólica más que práctica: muchas monegascas ya buscan abortos en el extranjero, y el bloqueo de la reforma solo perpetúa la dependencia de sistemas externos. Juliette Rapaire, de Les Nouvelles Réformatrices, captó esta opinión sin rodeos, señalando que la decisión del príncipe no impide a las mujeres ejercer su derecho a decidir, simplemente las obliga a cruzar la frontera.
Aun así, en una Europa donde los mapas legislativos son cada vez más uniformes, la reafirmación de Mónaco de su excepcionalismo destaca. No se posiciona en contra de las normas internacionales, sino más bien en continuidad con su propia filosofía política, una en la que el soberano ostenta una autoridad significativa y la tradición católica sigue siendo un pilar fundamental de la vida pública. A diferencia de muchas monarquías constitucionales, el veto del príncipe no es un gesto simbólico; es vinculante a menos que el Consejo Nacional lo anule con una mayoría de dos tercios, un umbral que rara vez se alcanza en debates sociales polémicos. Incluso en ese caso, el soberano conserva la facultad de disolver el Consejo, lo que recuerda que el equilibrio de Mónaco se basa en un consenso cuidadosamente mantenido, más que en una política de confrontación.
El episodio actual expone la compleja interacción entre las expectativas modernas, la identidad religiosa y la autoridad constitucional en un microestado plenamente consciente de su visibilidad global. Ya sea vista como una administración basada en principios o como una resistencia anacrónica, la postura de Alberto II ha dejado claro que el principado pretende actuar con cautela en cuestiones que afectan a sus fundamentos morales.
Gracias por leer nuestros contenidos. Si deseas recibir el mail diario con las noticias de ZENIT puedes suscribirte gratuitamente a través de este enlace.
