(ZENIT Noticias / Managua, 19.02.2026).- Cuando el padre José Concepción Reyes Mairena aterrizó en el aeropuerto internacional de Managua el 12 de febrero, regresaba a su país tras dos años en España. En cuestión de horas, volvió a subir a un avión, esta vez por obligación. Según medios independientes como 100% Noticias y Artículo 66, el sacerdote de la Diócesis de León fue detenido por agentes de inmigración, sometido a extensos interrogatorios e intimidación, y finalmente obligado a abandonar el país.
Su caso es el último episodio de una sostenida campaña del gobierno de Daniel Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Reyes Mairena, quien se desempeñó como formador en el Seminario Mayor de León, se une a una creciente lista de clérigos expulsados, con prohibición de reingreso o obligados al exilio.
La magnitud del fenómeno es impactante. Según cifras recopiladas por la abogada exiliada Martha Patricia Molina, 309 sacerdotes y religiosas han sido exiliados, expulsados o se les ha negado la entrada a Nicaragua en los últimos años; más del 95% de ellos son nicaragüenses. En un análisis más amplio de la hostilidad del Estado hacia la Iglesia, el informe de Molina de agosto documentó 1070 ataques desde 2018 y alegó que se han prohibido 16 500 procesiones religiosas durante ese período; cifras que, según advierte, siguen aumentando.
Estas estadísticas ayudan a explicar por qué dos sacerdotes nicaragüenses fueron ordenados esta semana en Costa Rica en un ambiente casi secreto. La ceremonia, celebrada sin anuncio público, transmisión en vivo ni presencia de familiares, fue deliberadamente discreta. Los organizadores temían que la publicidad pudiera desencadenar represalias contra los familiares que aún residen en Nicaragua. En un país donde reunirse para una procesión puede ser bloqueado, incluso una ordenación se ha convertido en un cálculo de riesgo.
La represión también ha vaciado el liderazgo diocesano. Cuatro diócesis —Jinotega, Matagalpa, Estelí y Siuna— se encuentran actualmente sin obispos residentes, según Molina. Carlos Herrera, obispo de Jinotega y presidente de la conferencia episcopal, fue expulsado en noviembre de 2024 tras criticar a un alcalde local afín al gobierno que interrumpió una misa con música a todo volumen. Rolando Álvarez, un abierto crítico de la administración, fue deportado a Roma en enero de ese mismo año. Isidoro Mora fue expulsado en el mismo grupo. Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, abandonó Nicaragua en 2019 en medio de crecientes amenazas y desde entonces ha expresado con firmeza desde el extranjero.
En una homilía pronunciada el 15 de febrero en Miami, Báez condenó lo que describió como acciones «criminales» contra personas inocentes encarceladas por disentir. Habló de «muerte civil», señalando que había sido despojado de su nacionalidad, prácticamente borrado legalmente. El silencio ante la injusticia, advirtió, destruye la dignidad y la esperanza. Sus declaraciones reflejan un liderazgo eclesial cada vez más activo fuera de las fronteras de Nicaragua, a pesar de que el espacio de expresión se reduce dentro de ellas.
La expulsión de Reyes Mairena es particularmente notable porque, según se informa, no hubo intervención pública en su favor por parte de Sócrates René Sándigo Jirón, obispo de León. Sándigo fue el único obispo nicaragüense que votó en las elecciones presidenciales de 2021 que restituyeron a Ortega al cargo, una contienda ampliamente criticada por los observadores internacionales por su falta de credibilidad democrática. La ausencia de mediación en este caso subraya la fragmentación dentro de la jerarquía local y la delicada situación de los obispos que permanecen en el país.
Para el régimen, la estrategia parece doble: restringir la expresión religiosa pública e interrumpir la continuidad clerical. Molina ha advertido que las ordenaciones de diáconos y sacerdotes están siendo obstruidas en varias diócesis. De ser ciertas, estas medidas no solo silenciarían las voces presentes, sino que también impedirían la renovación generacional dentro de la Iglesia.
La crisis nicaragüense ilustra un patrón más amplio en el que los gobiernos autoritarios perciben a las instituciones religiosas independientes como posibles centros de autoridad moral y movilización cívica. Históricamente, la Iglesia católica en América Latina ha ocupado con frecuencia un espacio ambivalente, a veces alineada con el poder estatal, a veces como plataforma de resistencia. En la Nicaragua actual, esa tensión se ha agudizado hasta convertirse en una confrontación abierta.
El Vaticano ha recibido a varios de los obispos exiliados en Roma durante 2025, lo que indica una continua solidaridad eclesial. Sin embargo, la interacción diplomática sigue limitada por la realidad sobre el terreno. Cada salida forzada internacionaliza aún más lo que comenzó como una lucha política interna.
El breve regreso del padre Reyes Mairena y su inmediata expulsión resumen el clima actual: una patria que ya no garantiza la entrada a su propio clero, una Iglesia que opera entre el silencio y el exilio, y un Estado que ha transformado los controles migratorios en instrumentos de disciplina eclesiástica. Con 309 religiosos ya desplazados y más de mil actos de hostilidad documentados, el patrón ya no es episódico. Se ha vuelto estructural.
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