Esto dice el informe anual sobre la Libertad Religiosa en América Latina 2026

Massimo Introvigne

(ZENIT Noticias – Bitter Winter / Roma, 27.03.2026).- El Informe Anual 2025 del OLIRE (Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina) , publicado el 17 de febrero de 2026, ofrece una de las evaluaciones más completas y preocupantes hasta la fecha sobre el estado de la libertad religiosa en América Latina. Presenta un panorama complejo en el que el progreso real coexiste con desafíos cada vez mayores, y donde el ejercicio de un derecho fundamental se ve cada vez más amenazado por la violencia, la represión y las manipulaciones de actores políticos y criminales.

El informe comienza reafirmando que la libertad religiosa es un derecho multidimensional, esencial no solo para las personas y las comunidades de fe, sino también para la salud y la resiliencia de las instituciones democráticas. Subraya que la capacidad de creer, no creer o cambiar libremente las propias creencias es inseparable de la lucha más amplia por la dignidad humana y la participación cívica. Sin embargo, en toda la región, este derecho se encuentra bajo presión por parte de fuerzas que van desde gobiernos autoritarios hasta grupos armados, desde redes criminales hasta campañas ideológicas para silenciar o deslegitimar la expresión religiosa.

OLIRE subraya que la libertad religiosa abarca mucho más que el derecho a practicar la religión. Incluye la capacidad de vivir las propias creencias en la vida familiar, la educación, el trabajo, la expresión cultural y la participación pública. Las restricciones, ya sean impuestas por el Estado o por actores no estatales, constituyen violaciones de este derecho. El informe apoya la separación entre religión y Estado, pero también afirma que los grupos religiosos tienen un lugar legítimo en el debate público, siempre que no intenten imponer sus creencias a los demás. Esta postura equilibrada resalta la importancia del pluralismo y el diálogo respetuoso en las sociedades democráticas, donde las diversas convicciones deben coexistir sin coerción ni exclusión.

El clima político y social en varios países revela cuán frágil se ha vuelto este equilibrio. Los regímenes autoritarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela imponen medidas represivas contra las voces religiosas disidentes, utilizando amplios marcos legales para intimidar, vigilar y controlar a las comunidades religiosas. En Cuba, la Constitución de 2019 y las reformas posteriores han legitimado restricciones arbitrarias.

Presentar las expresiones religiosas críticas como amenazas a la estabilidad política

Los líderes religiosos que se oponen a las políticas estatales han sufrido detenciones arbitrarias, interrogatorios, multas, amenazas, vigilancia constante y restricciones a su movilidad, un patrón que reprime eficazmente la actividad religiosa independiente y desalienta la crítica pública. El enfoque del Estado cubano refleja una estrategia más amplia de control ideológico, en la que las instituciones religiosas solo se toleran en la medida en que se mantengan políticamente dóciles.

En Nicaragua, el informe describe una estrategia sistemática de control que incluye “vigilancia permanente, acoso administrativo, presión económica, restricciones a la libertad de expresión pública y la constante amenaza de sanciones legales”. El régimen organiza actos religiosos públicos para ganar credibilidad entre ciertos sectores, al tiempo que deslegitima a las iglesias independientes o críticas, transformando la religión en un instrumento de control social estatal. La situación de la Iglesia Católica es particularmente grave: el gobierno ha invalidado estatus legales, confiscado bienes y expulsado clérigos, socavando así su capacidad de funcionamiento. OLIRE señala que “la situación en Nicaragua, especialmente para la Iglesia Católica, sigue siendo motivo de profunda preocupación”, lo que refleja tanto la intensidad de la represión como las divisiones internas generadas por la presión estatal.

Venezuela presenta una dinámica más compleja, pero igualmente preocupante. El gobierno mantiene estrechas alianzas con ciertos grupos evangélicos dispuestos a alinearse con los intereses del régimen, ofreciéndoles beneficios administrativos y visibilidad pública. Otras confesiones, especialmente las críticas con el gobierno, se enfrentan a la marginación. El informe señala que «las autoridades promovieron una relación selectiva con comunidades religiosas específicas, en particular con iglesias evangélicas, ofreciéndoles beneficios administrativos o visibilidad pública a cambio de lealtad política». Este fortalecimiento selectivo de los grupos leales y la marginación de los disidentes ilustran cómo se puede manipular el lenguaje y las instituciones religiosas para reforzar la legitimidad política.

La violencia sigue siendo una amenaza persistente y devastadora para las comunidades religiosas de toda la región. En Colombia, grupos armados como disidentes de las FARC, el ELN y bandas criminales continúan atacando a líderes religiosos, comunidades y lugares de culto. El informe relata casos escalofriantes, incluido el secuestro de líderes religiosos y comunitarios entre el 4 y el 6 de abril de 2025 por disidentes de las FARC liderados por Iván Mordisco. El 1 de julio de 2025, sus cuerpos fueron hallados en una fosa común. En Medellín y regiones como Cauca, los lugares religiosos han sufrido intimidación, violencia e incluso ocupación por parte de grupos armados. «En particular en Cauca, Catatumbo, Guaviare, Meta y Bajo Cauca, el control armado ha provocado el cierre de iglesias, la suspensión de actividades pastorales y el desplazamiento forzado de líderes y feligreses», lo que demuestra cómo la violencia menoscaba directamente la libertad religiosa y la vida comunitaria.

México presenta otro panorama sumamente preocupante. Según el informe, los datos de 2025 documentan asesinatos, desapariciones, secuestros, ataques armados y extorsión contra sacerdotes, pastores, feligreses y lugares de culto en varios estados, incluidos Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Jalisco, Sinaloa, Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Los ataques durante los servicios religiosos suelen ser deliberados. Las figuras religiosas involucradas en trabajo social o en la denuncia pública de abusos son blanco frecuente de ataques. El informe señala que los templos y los eventos religiosos ya no se perciben como espacios neutrales o protectores frente a la violencia generalizada. Los grupos criminales ven a las instituciones religiosas como obstáculos para su control territorial y social.

En Venezuela, grupos criminales y paramilitares vinculados a la minería ilegal, el contrabando y otras actividades ilícitas han atacado a figuras religiosas, iglesias y programas sociales. Estos grupos han recurrido a amenazas, agresiones físicas, saqueos, incendios provocados y extorsión, intentando impedir las actividades caritativas y sociales de las iglesias. «En algunos incidentes, los agresores expresaron abiertamente su rechazo a estas actividades, considerándolas contrarias a sus intereses ilícitos», lo que revela cómo las comunidades religiosas se convierten en blanco de ataques cuando su labor moral o humanitaria entra en conflicto con agendas criminales.

Haití ofrece quizás el ejemplo más extremo de comunidades religiosas sitiadas. Bandas armadas dominan grandes zonas urbanas, secuestrando, extorsionando y atacando a figuras e instituciones religiosas. Iglesias y escuelas religiosas han sido saqueadas y vandalizadas, y los servicios religiosos se ven interrumpidos por amenazas y violencia. «La actividad religiosa está bajo constante amenaza, caracterizada por la interrupción de los servicios, la exigencia de pagos de extorsión a las iglesias como «protección» y ataques que ocurren incluso durante los servicios religiosos». Comunidades enteras han sido desplazadas, y «las instituciones religiosas que brindan asistencia social y educativa son particularmente vulnerables», lo que ilustra cómo el colapso de la autoridad estatal deja a las comunidades religiosas expuestas a la violencia depredadora.

Más allá de la violencia física, la libertad religiosa se ve restringida por la represión legal, la hostilidad social y la supresión ideológica. Cuba, Nicaragua y Venezuela manipulan los marcos legales y políticos para limitar la expresión religiosa, especialmente cuando esta desafía al régimen o promueve los derechos humanos. Los marcos legales represivos de Cuba, al más alto nivel jurídico, se han utilizado para justificar detenciones arbitrarias, cierres de iglesias, incautaciones de bienes y vigilancia. En Nicaragua, los líderes religiosos que se oponen al régimen se enfrentan a un modelo de represión silencioso y estructural, que incluye vigilancia, amenazas, campañas de desprestigio y detenciones arbitrarias, a menudo facilitadas por instrumentos legales diseñados para silenciar la disidencia. Las alianzas selectivas de Venezuela con grupos evangélicos leales ilustran aún más cómo la afiliación religiosa puede instrumentalizarse con fines políticos.

Las restricciones legales también afectan a los funcionarios públicos que expresan convicciones religiosas. En Colombia y otros países, las tensiones en torno a los símbolos y la libertad de expresión religiosa han derivado en censura o autocensura, especialmente en temas relacionados con la familia, la vida y la moral. El informe señala que «la expresión de convicciones religiosas en el ámbito público se enfrentó a desafíos y, en algunos casos, a restricciones justificadas por la lucha contra la discriminación», lo que plantea interrogantes importantes sobre el equilibrio entre la libertad de expresión y los esfuerzos para prevenir la discriminación.

Las comunidades indígenas enfrentan vulnerabilidades específicas y agudas. El informe dedica una atención significativa a sus derechos religiosos, enfatizando que sus prácticas espirituales son inseparables de su identidad colectiva, sus derechos territoriales y sus formas de vida tradicionales. “En muchas cosmovisiones indígenas, el territorio tiene un carácter sagrado”, y las violaciones de los derechos sobre la tierra se experimentan como transgresiones espirituales. Amenazas externas como la explotación de recursos, el despojo territorial y la violencia de grupos armados ilegales socavan su autonomía religiosa. Los casos de discriminación o coacción incluyen el rechazo de prácticas tradicionales, lo que puede dar lugar a sanciones o violencia, particularmente cuando el Estado no protege la tierra indígena y la soberanía cultural. El informe señala que las violaciones de la dimensión individual de la libertad religiosa en este contexto incluyen la conversión religiosa al cristianismo obtenida por medios cuestionables, lo que a menudo causa conflictos dentro de las comunidades, exacerbados por presiones externas y abusos de autoridad interna.

Un tema recurrente en todo el informe es el papel del crimen organizado y la violencia en la erosión de la autonomía religiosa. Los grupos criminales imponen normas paralelas que controlan el acceso y la movilidad, restringiendo las actividades religiosas, las procesiones y los eventos comunitarios. En Ecuador, estas normas restringen la movilidad, regulan los horarios y delimitan las zonas de circulación, reduciendo así la capacidad de expresión religiosa y de reunión comunitaria. En entornos inseguros, las actividades religiosas suelen quedar relegadas a un segundo plano frente a la supervivencia, y los lugares de culto se convierten en blanco de robos, vandalismo u ocupación. A lo largo de 2025, se registraron repetidos casos de robo y profanación en Brasil, Colombia, Ecuador y otros países, y los ataques durante los servicios religiosos representan un peligro constante para las comunidades de fe.

El informe también destaca cómo los regímenes políticos instrumentalizan la religión con fines ideológicos. Cuba, Nicaragua y Venezuela han manipulado el lenguaje y las instituciones religiosas para reforzar su legitimidad o marginar a los grupos de oposición. En Cuba, las expresiones críticas se interpretaron como una amenaza al orden político, lo que derivó en la cancelación arbitraria de actividades religiosas, cierres, confiscación de bienes y vigilancia. El régimen nicaragüense ha utilizado eventos religiosos patrocinados por el Estado para reforzar su autoridad, al tiempo que reprime las voces religiosas independientes. Estas prácticas revelan cómo los gobiernos autoritarios imponen restricciones a la libertad religiosa bajo pretextos políticos o ideológicos, limitando severamente la capacidad de las personas y las comunidades para practicar su fe libremente.

Si bien el enfoque de OLIRE en los incidentes violentos y las restricciones flagrantes es esencial y está bien documentado, el informe omite otra amenaza grave y creciente para la libertad de religión o de creencias en la región: el uso indebido de las leyes contra la trata de personas para discriminar a grupos religiosos o espirituales minoritarios, injustamente estigmatizados como «sectas». «Invierno Amargo» ha documentado cómo, en Argentina y otros lugares, la legislación contra la trata de personas se ha utilizado sistemáticamente como arma para atacar a grupos cuyas creencias o prácticas se apartan de las expectativas mayoritarias. Estos grupos enfrentan redadas, procesamientos, difamación mediática y ostracismo social, a menudo sin pruebas de delito alguno.

Si bien el informe de OLIRE prioriza, comprensiblemente, la violencia y la represión manifiesta, el uso discriminatorio de las leyes contra la trata de personas representa una forma más sutil, pero igualmente peligrosa, de injerencia estatal en la vida religiosa. Estas prácticas socavan el debido proceso, estigmatizan a las comunidades minoritarias y violan el principio de que todas las creencias merecen igual protección ante la ley. Deberían haberse incluido en cualquier evaluación integral de la libertad religiosa en la región.

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