(ZENIT Noticias / Managua, 13.03.2026).- El prolongado enfrentamiento entre el gobierno de Nicaragua y la Iglesia Católica ha entrado en una nueva y particularmente delicada fase. Las autoridades, bajo la presidencia de Daniel Ortega y la vicepresidencia de Rosario Murillo, han prohibido de facto las ordenaciones sacerdotales y diaconales en cuatro diócesis cuyos obispos se han visto obligados al exilio. Esta medida atenta directamente contra la vida sacramental y el futuro liderazgo de la Iglesia.
La restricción afecta a las diócesis de Jinotega, Siuna, Matagalpa y Estelí. En la práctica, esto significa que los seminaristas que ya han completado su formación no pueden recibir las Órdenes Sagradas, lo que los deja en un limbo canónico y pastoral sin precedentes.
Para una Iglesia ya debilitada por años de represión, la medida parece diseñada no solo para castigar a la actual jerarquía, sino también para obstaculizar la formación de la próxima generación de clérigos.
Un conflicto gestado durante años
Las relaciones entre el gobierno de Nicaragua y la jerarquía católica no siempre fueron abiertamente hostiles. Durante la década de 2000, Ortega, líder revolucionario marxista, buscó cultivar lazos con figuras eclesiásticas y frecuentemente adoptó una retórica religiosa en sus apariciones públicas.
Esa tensa coexistencia se derrumbó tras el estallido de protestas a nivel nacional en 2018. Cuando las manifestaciones contra el gobierno se extendieron por todo el país, muchas iglesias católicas se convirtieron en refugios para los manifestantes, mientras que obispos y sacerdotes clamaban por el diálogo y el fin de la violencia.
A partir de ese momento, la relación se deterioró rápidamente. Clérigos fueron detenidos, expulsados o se les impidió regresar al país. Se restringieron las procesiones religiosas y las expresiones públicas de fe. Las instituciones católicas fueron cerradas o sometidas a presión.
Investigadores que monitorean la situación han documentado más de 1000 incidentes contra instituciones católicas y decenas de miles de eventos religiosos, en particular procesiones tradicionales, bloqueados por las autoridades.
Una Iglesia sin sus obispos
La medida más reciente se centra específicamente en las diócesis cuyos obispos ya no residen en Nicaragua.
Entre ellos se encuentra el obispo Carlos Enrique Herrera Gutiérrez de Jinotega, quien también preside la Conferencia Episcopal Nicaragüense. Fue expulsado del país en noviembre de 2024 tras criticar públicamente a un funcionario del gobierno local.
Aún más conocido internacionalmente es el obispo Rolando José Álvarez Lagos de Matagalpa, cuya negativa a aceptar el exilio lo convirtió en un símbolo de la persecución religiosa en Nicaragua. Tras resistir la presión para abandonar el país en 2023, Álvarez fue condenado a más de veinte años de prisión antes de ser finalmente expulsado al Vaticano a principios de 2024.
Otro prelado afectado es el obispo Isidoro Mora, también obligado a abandonar el país en medio de la creciente represión.
Sin obispos residentes, estas diócesis operan en condiciones extraordinarias. Según testimonios de sacerdotes exiliados, las autoridades gubernamentales vigilan de cerca las actividades de la Iglesia y ejercen presión sobre las decisiones eclesiásticas internas. Según se informa, la vigilancia es aún más estricta en los territorios que carecen de obispo, y las fuerzas de seguridad intentan impedir que los prelados de otras diócesis entren para realizar ordenaciones.
En efecto, el Estado se ha erigido en custodio de un sacramento que, en la teología católica, pertenece exclusivamente a la autoridad de la Iglesia.
Las parroquias se quedan sin sacerdotes
Las consecuencias para la vida pastoral ya son evidentes.
La Diócesis de Matagalpa, otrora una de las regiones católicas más dinámicas del país, ahora opera con solo el 30% de su clero. Se reporta que siete de cada diez sacerdotes de ese territorio se han visto obligados al exilio.
En Estelí y Jinotega, la capacidad pastoral de la Iglesia se ha reducido hasta en un 50%. Comunidades enteras carecen ahora de acceso regular a la Eucaristía o de la presencia de un sacerdote residente.
Esta escasez tiene implicaciones a largo plazo para la vida parroquial. En la práctica católica, los sacerdotes son esenciales no solo para celebrar la Misa, sino también para administrar sacramentos como la reconciliación, la unción de los enfermos y el acompañamiento pastoral.
Martha Patricia Molina, investigadora nicaragüense y autora del informe “Nicaragua: Una Iglesia Perseguida”, advierte que, sin nuevas ordenaciones, la red católica del país podría enfrentar el cierre gradual de parroquias. La pérdida no sería meramente administrativa: afectaría el ritmo sacramental que estructura la vida diaria de los fieles.
Seminaristas en el limbo
La prohibición de las ordenaciones es especialmente visible en diócesis como Siuna, donde grupos de seminaristas que completaron su formación en 2024 y 2025 siguen sin poder dar el paso final hacia el sacerdocio.
Han completado años de formación filosófica y teológica y han sido considerados aptos para el ministerio. Sin embargo, su ordenación depende de ceremonias episcopales que el gobierno ahora impide que se realicen.
Para algunos observadores, esta estrategia representa una forma de presión más sutil, pero igualmente dañina, sobre la Iglesia: la debilita no solo al destituir a sus líderes, sino también al interrumpir el proceso de formación del clero.
Respuestas creativas en medio de la represión
A pesar de las restricciones, la Iglesia ha demostrado resiliencia.
Fuentes del clero nicaragüense señalan que las vocaciones al sacerdocio no han desaparecido a pesar del clima hostil. Jóvenes continúan ingresando a los seminarios, aunque la posibilidad de la ordenación sigue siendo incierta.
En algunos casos, se han encontrado soluciones fuera de las fronteras del país. En febrero de 2026, dos seminaristas nicaragüenses fueron ordenados sacerdotes en la Diócesis de Limón, en la vecina Costa Rica, en una ceremonia que, según se informa, se llevó a cabo en condiciones discretas para evitar repercusiones políticas.
Estos episodios ilustran cómo la Iglesia intenta preservar su vida sacramental incluso cuando las condiciones internas lo hacen casi imposible.
Una lucha más amplia
La disputa entre el Estado nicaragüense y la Iglesia Católica se ha convertido en uno de los conflictos Iglesia-Estado más graves de América Latina en las últimas décadas.
Según informes de fuentes eclesiásticas y observadores de derechos humanos, más de 300 figuras religiosas han sido expulsadas del país en los últimos años. Al mismo tiempo, las autoridades han prohibido más de 27.000 procesiones religiosas y actos de devoción pública.
La nueva prohibición de las ordenaciones toca una fibra especialmente sensible. A diferencia de las restricciones a las reuniones públicas o a la propiedad, interfiere directamente con la estructura sacramental interna de la Iglesia.
Para muchos católicos nicaragüenses, la situación plantea ahora una cuestión más profunda sobre el futuro de su Iglesia. Con obispos que gobiernan diócesis desde el exilio, sacerdotes dispersos en el extranjero y seminaristas que esperan indefinidamente la ordenación, la comunidad católica sigue funcionando en condiciones que hace tan solo unos años habrían parecido inimaginables.
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