(ZENIT Noticias / Beirut, 17.11.2026).- Las comunidades cristianas de Líbano y Jordania se enfrentan a dos desafíos distintos, pero cada vez más interconectados: en Líbano, la lucha por mantener sus raíces en medio de la guerra, el desplazamiento y la incertidumbre política; en Jordania, la conmoción de un ataque mortal contra cristianos en un país considerado durante mucho tiempo uno de los lugares más seguros de la región para las minorías religiosas. Estos acontecimientos ponen de manifiesto que la supervivencia del cristianismo en Oriente Medio depende no solo de la libertad de culto, sino también de la seguridad, las oportunidades económicas, la representación política y la posibilidad de permanecer en sus tierras ancestrales.
En Líbano, el presidente Joseph Aoun intentó tranquilizar a una delegación internacional de legisladores franceses el 28 de octubre, asegurando que la presencia cristiana en el país no corría peligro e insistiendo en que la tradición libanesa de coexistencia cristiano-musulmana la distinguía de los países vecinos. Sin embargo, las garantías del presidente se producen en un contexto de asesinatos, aldeas destruidas, desplazamientos y una creciente ansiedad por el futuro de las comunidades cristianas.
La estructura política del país protege formalmente la participación cristiana en la vida pública. La presidencia del Líbano está reservada a un cristiano maronita, el cargo de primer ministro a un musulmán sunita y la presidencia del Parlamento a un musulmán chiita, mientras que los escaños parlamentarios se dividen equitativamente entre cristianos y musulmanes. Sin embargo, la representación constitucional no puede, por sí sola, garantizar que las comunidades puedan vivir con seguridad, conservar sus propiedades o construir un futuro.
Las muertes recientes han puesto de manifiesto estas preocupaciones. El sacerdote maronita Samir Daou fue hallado asesinado el 29 de octubre, presuntamente por un trabajador sirio. El padre Pierre al-Rahi había fallecido meses antes en un bombardeo israelí, mientras que el archimandrita apostólico armenio Anania Kojanian fue hallado muerto en su domicilio en febrero de 2025. La población civil también ha sufrido pérdidas devastadoras, como el dentista James Karam y sus hijos Tony y Theodosia, fallecidos en un ataque israelí, así como Pierre Moawad, su esposa Flavia Mourad y Roula Matar.
Otros asesinatos que involucran a figuras políticas cristianas o sus asociados, como Pascal Sleiman y Elias Hasrouni, y la muerte de Fadi Bejjani en un enfrentamiento con milicianos de Hezbolá en 2023, han contribuido aún más a los temores de que la violencia y el poder armado permanezcan fuera del control efectivo de las instituciones estatales.
La situación es particularmente precaria en el sur del Líbano, donde aldeas cristianas se han visto atrapadas en el conflicto entre Israel y Hezbolá. En Qawzah, los residentes fueron desplazados, sus casas sufrieron daños y la iglesia parroquial resultó afectada, según su párroco, el padre Antonios Hanna. Las comunidades de Rmeish, Ain Ebel y Debel han sufrido el aislamiento de sus lugares de trabajo, universidades y hospitales, dependiendo de convoyes coordinados para entrar y salir de sus aldeas.
Para las familias que desean quedarse, el apego a sus hogares se ve cada vez más puesto a prueba frente a las exigencias prácticas de la supervivencia. Regresar no es simplemente una cuestión de valentía o fe: requiere seguridad, infraestructura funcional, acceso a medios de subsistencia y la perspectiva de que una nueva ronda de combates no los obligue a huir de nuevo.
Las preocupaciones se extienden a la propiedad de la tierra. El patriarca maronita Bechara Boutros al-Rai ha instado a los propietarios cristianos a no vender, advirtiendo que la tierra representa más que un activo: es parte de las raíces y el futuro de la comunidad. Los informes sobre compras en zonas cristianas por parte de intereses vinculados a Hezbolá, incluidas las acusaciones de adquisiciones coordinadas y financiación opaca, han alimentado las sospechas de expansión política y territorial. Tales afirmaciones requieren escrutinio y transparencia, pero la preocupación subyacente es comprensible en un país donde la presencia demográfica, la influencia local y la propiedad están estrechamente interrelacionadas.
La inseguridad económica añade otra presión. Los informes sobre la escasa representación cristiana en ciertos procesos de contratación del sector público han suscitado dudas sobre la igualdad de acceso al empleo estatal, mientras que una encuesta del Barómetro Árabe reveló que el 58% de los libaneses de entre 18 y 29 años deseaba emigrar. Esta cifra se refiere a los jóvenes libaneses en general, no exclusivamente a los cristianos. Sin embargo, la emigración sostenida de jóvenes cristianos debilitaría la vida en los pueblos, las comunidades parroquiales y las redes sociales necesarias para su supervivencia a largo plazo.
Jordania presenta un panorama diferente, aunque dista mucho de ser sencillo. Con una población de aproximadamente 11,5 millones de habitantes, cerca del 97% musulmanes y poco más del 2% cristianos, el reino se ha considerado históricamente un entorno relativamente seguro para los cristianos en una región marcada por la persecución religiosa. Su cámara baja, compuesta por 138 miembros, reserva nueve escaños para los cristianos, otorgándoles una representación parlamentaria superior a su proporción en la población.
Esta reputación se vio sacudida el 23 de octubre, cuando tres hombres armados abrieron fuego contra una procesión fúnebre ortodoxa griega frente a una iglesia en la región de Karak, matando a nueve cristianos e hiriendo a decenas. Las autoridades arrestaron a los tres atacantes. La masacre fue particularmente alarmante porque Jordania llevaba casi una década sin un atentado terrorista con numerosas víctimas, a pesar de que los servicios de seguridad habían informado de la desarticulación de complots extremistas.
Un cristiano jordano entrevistado en el material original, identificado como Jibril, describió el ataque como prueba de que la radicalización ya no podía considerarse un problema confinado a los países vecinos. Subrayó que la mayoría de los musulmanes con los que se había encontrado eran amigables con los cristianos, al tiempo que advirtió que una corriente extremista menor podría representar una amenaza letal. La distinción es importante: el peligro del extremismo religioso no debe confundirse con las actitudes de toda la población musulmana, especialmente cuando muchos musulmanes han expresado su solidaridad con las víctimas.
El rey Abdalá II condenó el ataque y ordenó una enérgica respuesta de seguridad. Su oposición de larga data a los movimientos extremistas ha sido un rasgo distintivo de la política jordana, incluso durante el auge del ISIS, que amenazó al monarca. El gobierno prohibió a los Hermanos Musulmanes en abril de 2025, ante la preocupación por sus actividades y sus implicaciones para la seguridad.
Sin embargo, la libertad religiosa en Jordania tiene límites, particularmente para los conversos del islam al cristianismo. Si bien el código penal no prescribe un castigo específico para la apostasía, la conversión no está plenamente reconocida por el Estado, y los conversos pueden enfrentar graves complicaciones legales, presión familiar y ostracismo social. Una estimación de 2015 cifró el número de conversos del islam al cristianismo en Jordania en aproximadamente 6.500, aunque esta cifra no corresponde a un censo actual. La vulnerabilidad de estos creyentes ilustra cómo la libertad religiosa debe incluir el derecho a cambiar de fe, y no solo la capacidad de las comunidades religiosas establecidas para practicar su culto.
Las dificultades económicas de Jordania también pesan mucho sobre su futuro. Se informa que el desempleo juvenil entre los veinte y treinta años supera el 50%, lo que ayuda a explicar por qué muchos jóvenes consideran emigrar independientemente de su afiliación religiosa. Para los cristianos, sin embargo, la emigración conlleva una consecuencia adicional: la pérdida gradual de familias, iglesias y comunidades que han mantenido una presencia cristiana en la región durante siglos.
Líbano y Jordania no se enfrentan a circunstancias idénticas. La crisis del Líbano está marcada por el conflicto armado, la parálisis política, el desplazamiento y las disputas sobre la autoridad de Hezbolá; el desafío de Jordania es evitar que la violencia extremista desestabilice un modelo de coexistencia relativamente pacífico. Pero ambos casos ilustran una verdad más amplia sobre Oriente Medio: las minorías no pueden prosperar solo con garantías simbólicas.
La supervivencia de una comunidad cristiana requiere más que un escaño parlamentario reservado o la ausencia de restricciones formales al culto. Se requiere protección contra la violencia, libertad para educar a los hijos, acceso al empleo, respeto a la propiedad, la posibilidad de practicar o cambiar de religión sin coacción y la certeza de que la próxima generación podrá permanecer en el país sin comprometer su seguridad ni su futuro.
Para los cristianos del Líbano y Jordania, la cuestión ya no es simplemente si son bienvenidos en sus países de origen, sino si estos pueden ofrecer las condiciones necesarias para que quedarse siga siendo una opción viable.
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