Púlpitos, política y los límites de la libertad de expresión: fallo judicial estadounidense mantiene vigente restricción de 70 años mientras Washington prepara nuevas directrices

(ZENIT Noticias / Washington, 08.04.2026).- Una batalla legal que tenía el potencial de redefinir los límites entre religión y política en Estados Unidos ha concluido, por ahora, no con un avance constitucional, sino con una paralización procesal. Un juez federal de Texas desestimó una importante impugnación a la Enmienda Johnson, dejando intacta una de las restricciones más trascendentales sobre la participación de las iglesias en la política electoral.

El caso, National Religious Broadcasters v. Bessent, reunió a la National Religious Broadcasters, dos iglesias de Texas e Intercessors for America. Su objetivo era claro: revocar o debilitar significativamente una disposición que, desde 1954, prohíbe a las organizaciones sin fines de lucro exentas de impuestos según la sección 501(c)(3) respaldar u oponerse a candidatos políticos.

Lo que estaba en juego no era solo un tecnicismo legal, sino un equilibrio arraigado en la vida pública estadounidense. Los demandantes argumentaron que la restricción infringe las libertades protegidas por la Primera Enmienda —tanto la libertad de expresión como la libertad religiosa—, y que también suscita preocupación en virtud de la Quinta Enmienda y la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa. Su postura refleja un movimiento más amplio, especialmente entre algunos grupos religiosos, para recuperar lo que consideran una voz moral limitada en el ámbito político.

Sin embargo, el fallo emitido el 31 de marzo por el juez federal J. Campbell Barker no abordó directamente esos argumentos constitucionales. En cambio, se basó en cuestiones de jurisdicción. El tribunal determinó que carecía de autoridad para aprobar la sentencia de consentimiento propuesta, negociada entre los demandantes y las agencias federales, o para conceder la reparación solicitada. Dos leyes clave fueron fundamentales para este razonamiento: la Ley Anti-Injunction y la Ley Declaratoria, las cuales limitan drásticamente la capacidad de los tribunales federales para interferir en la evaluación y recaudación de impuestos.

En la práctica, la decisión significa que la Enmienda Johnson permanece plenamente vigente. No obstante, el sobreseimiento «sin perjuicio» deja abiertas otras vías legales. Como señaló el juez, los demandantes podrían reactivar su demanda incurriendo primero en una sanción tangible —como la pérdida de la exención fiscal o el pago de los impuestos impugnados— y luego solicitando una revisión judicial. Los críticos de esta vía argumentan que obliga a las organizaciones religiosas a arriesgarse a consecuencias legales y financieras antes de poder defender lo que consideran derechos constitucionales.

El caso había dado un giro inesperado meses antes. Durante la fase final de la administración anterior, el Departamento de Justicia de Estados Unidos intentó desestimar la demanda. Pero tras el regreso de Donald J. Trump al poder en enero de 2025, el gobierno federal cambió de postura. Tanto el Departamento de Justicia como el Servicio de Impuestos Internos se alinearon con los demandantes, abogando por una interpretación más restrictiva de la ley en lo que respecta a la libertad de expresión religiosa.

Este cambio culminó en una propuesta de acuerdo en julio de 2025, que habría permitido al clero abordar asuntos electorales desde el púlpito, siempre que dichas intervenciones se enmarcaran dentro de la enseñanza religiosa y la reflexión moral. El acuerdo se presentó como un paso significativo hacia la ampliación de la libertad religiosa sin desmantelar la estructura subyacente del código tributario. Sin embargo, al carecer de aprobación judicial, nunca adquirió fuerza legal.

La reacción de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos ofreció una perspectiva diferente. Si bien no intervinieron directamente en la disputa legal, los obispos reiteraron una postura pastoral de larga data: la Iglesia Católica no apoya ni se opone a candidatos políticos. Como enfatizó su portavoz, Chieko Noguchi, en aquel momento, el papel de la Iglesia es formar conciencias a la luz del Evangelio, en lugar de alinearse institucionalmente con opciones electorales. Esta distinción refleja un enfoque teológico que busca influir a través de la enseñanza moral, en lugar de la identificación partidista.

A pesar del revés judicial, el panorama político aún podría evolucionar. Tras el fallo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el IRS anunciaron planes para emitir nuevas directrices que aclaren cómo se aplica la Enmienda Johnson a las organizaciones religiosas. Según el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, las próximas directrices buscan proporcionar «normas claras y aplicables», en particular sobre qué tipo de comunicación política es permisible en el contexto de los servicios religiosos.

Esta vía administrativa podría resultar decisiva. Si bien no derogaría la ley, la interpretación de las directrices ha desempeñado históricamente un papel importante en la aplicación práctica de las regulaciones. Para las iglesias que transitan por la delicada frontera entre la predicación de principios morales y la participación en el discurso electoral, estas aclaraciones podrían ofrecer mayor certeza operativa, incluso mientras el debate constitucional más amplio permanece sin resolver.

La tensión que expone este caso no es nueva, pero es cada vez más visible. Aborda una cuestión fundamental de la democracia estadounidense: cómo equilibrar la autonomía de las comunidades religiosas con las salvaguardias diseñadas para evitar que las instituciones exentas de impuestos se conviertan en vehículos de campañas partidistas.

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