Obispos de Estados Unidos Foto: Gigi Duncan/EWTN News

Campaña contra pobreza obispos USA enfrenta nuevo escrutinio por concesión de 805.000 dólares en subvenciones a un grupo activista proaborto

En un comunicado publicado el 9 de noviembre, el instituto, con sede en Virginia, identificó a la beneficiaria como la Asociación de Trabajadores Unidos (UWA), una organización con sede en Baltimore que, según sus hallazgos, ayudó a establecer una coalición de atención médica que aboga por la financiación pública del aborto

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(ZENIT Noticias / Washington, 11.11.2026).- Un nuevo informe del Instituto Lepanto plantea interrogantes sobre la supervisión de la Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD), el principal programa contra la pobreza de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. El informe alega que la organización otorgó 805.000 dólares en subvenciones a una organización involucrada en coaliciones que promueven políticas contrarias a la doctrina católica sobre el aborto.

En un comunicado publicado el 9 de noviembre, el instituto, con sede en Virginia, identificó a la beneficiaria como la Asociación de Trabajadores Unidos (UWA), una organización con sede en Baltimore que, según sus hallazgos, ayudó a establecer una coalición de atención médica que aboga por la financiación pública del aborto. El informe señala que la UWA ha recibido 17 subvenciones de la CCHD desde 2004, incluyendo otros 45.000 dólares para el período 2025-2026.

La cuestión central no radica simplemente en la cantidad de dinero involucrada, sino en si el programa de financiación de los obispos ha examinado adecuadamente las actividades políticas y las relaciones institucionales de las organizaciones que apoya. La CCHD se describe a sí misma como comprometida con la lucha contra la pobreza y la promoción de la dignidad humana, al tiempo que sostiene que sus subvenciones están sujetas a un riguroso proceso de evaluación. El Instituto Lepanto argumenta que el historial de la UWA genera serias dudas sobre la coherencia con la que se aplican dichas salvaguardias.

Una de las principales acusaciones del informe se refiere a Healthcare is a Human Right – Maryland (HHR-MD), una coalición que la UWA ayudó a fundar en 2012. El instituto cita las declaraciones públicas de la coalición en apoyo de la inclusión de la cobertura del aborto en las propuestas de Medicare para Todos, así como su respaldo a los esfuerzos para derogar la Enmienda Hyde. Dicha disposición federal, vigente desde 1976, generalmente prohíbe el uso de fondos federales para financiar abortos, con algunas excepciones limitadas.

Michael Hichborn, presidente del Instituto Lepanto, sostiene que la distinción entre simplemente apoyar una coalición y crearla es particularmente significativa. Sostiene que las propias normas del CCHD prohíben a los beneficiarios de subvenciones participar en coaliciones cuyas actividades entren en conflicto con la doctrina moral católica, y afirma que la UWA fue más allá al ayudar a establecer y financiar la organización de Maryland.

El informe también examina la relación de la UWA con Put People First – Pennsylvania (PPF-PA), de la cual la organización de Baltimore actúa como patrocinador fiscal. Según el instituto, las declaraciones de impuestos de la UWA registran transferencias por un total de $584,307 a PPF-PA entre 2020 y 2022. El informe atribuye al grupo de Pensilvania una serie de actividades y posturas públicas, incluyendo la participación en una marcha en apoyo a Planned Parenthood, la publicación de un artículo en defensa del aborto y expresiones de apoyo a la despenalización del aborto en Argentina. También cita las críticas del grupo a la exclusión del aborto de la expansión de Medicaid.

Estas transferencias financieras son relevantes para el debate sobre la supervisión de las subvenciones del CCHD, aunque las cifras citadas no demuestran, por sí solas, que el dinero del CCHD se transfiriera directamente a PPF-PA. Sin embargo, plantean interrogantes sobre si el programa de los obispos tiene en cuenta adecuadamente las actividades y afiliaciones más amplias de las organizaciones que reciben sus subvenciones.

El informe del Instituto Lepanto va más allá del aborto. Indica que la UWA instó a sus miembros en marzo de 2025 a oponerse a los recortes de Medicaid que afectaban a la atención médica de afirmación de género, y señala que la organización se había manifestado anteriormente a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Mientras tanto, PPF-PA coorganizó un evento en 2023 titulado «La atención médica para personas trans es un derecho humano». El informe también recuerda el llamado de la UWA en 2020 a desfinanciar a la policía de Baltimore.

Para Hichborn, estas posturas son incompatibles con las garantías ofrecidas por la CCHD sobre los compromisos morales y sociales que se esperan de sus beneficiarios. Ha acusado al programa de obispos de no realizar la debida diligencia que afirma llevar a cabo o de ignorar información que debería haber motivado un examen más exhaustivo.

El instituto ahora insta a los obispos a retirarse de la recaudación de la CCHD y a cerrar el programa en sus diócesis. Sus últimas conclusiones se suman a informes anteriores que criticaban las decisiones de financiación de la campaña, incluidas las acusaciones publicadas el año pasado sobre subvenciones a organizaciones que promueven el aborto y los procedimientos de transición de género.

Estas acusaciones merecen una respuesta seria, sobre todo porque la CCHD depende de la generosidad de los católicos que contribuyen a una colecta presentada como una expresión del compromiso de la Iglesia con los pobres. Este compromiso es fundamental para la doctrina social católica: defender la dignidad de las personas vulnerables, combatir la pobreza y garantizar que las instituciones públicas sirvan al bien común. Sin embargo, los objetivos caritativos no pueden separarse de los principios morales que dan identidad a las iniciativas católicas.

Asimismo, las afirmaciones del Instituto Lepanto siguen siendo acusaciones presentadas por una organización de defensa de los derechos humanos y deben evaluarse junto con los registros financieros pertinentes, los criterios de concesión de subvenciones y cualquier respuesta de los obispos estadounidenses o de la CCHD. La cuestión decisiva es si los mecanismos de supervisión del programa pueden demostrar que las donaciones católicas se utilizan de forma coherente con la doctrina de la Iglesia, en lugar de apoyar a organizaciones cuyas campañas más amplias la contradicen.

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Tim Daniels

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