GINEBRA, 9 abril 2001 (ZENIT.org).- El pasado 5 de abril, Michael Hovey, delegado de Pax Christi Internacional la ONU en Ginebra (Suiza), hizo una aportación, ante la 57 Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la relación entre la guerra y el trabajo y propuso el empleo como medio eficaz para buscar caminos a la paz.
La aportación fue apoyada por otras organizaciones no gubernamentales, entre las que se incluye Pax Romana.
El representante de Pax Christi Internacional dijo que en las últimas décadas cada vez más gente en todo el mundo se convence de que hacer la guerra no es un modo eficaz para solucionar los conflictos y que de hecho sólo exacerba todavía más los problemas. Por eso, insistió en la necesidad de encontrar otras vías para la paz a través de las posibilidades con que cuentan las Naciones Unidas.
Esta ONG trabaja desde hace más de 50 años en este campo y su intervención se ha centrado en cuatro puntos: prevención, empleo digno, deuda externa, cooperación internacional. Sobre el primero, la ONG recomienda estudios profundizados, con un grupo creado especialmente para ello, con el fin de mejorar «mejorar la detección, la prevención, el control, la investigación y la sanción de casos de graves violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales».
Considera que «el acceso a un empleo decente constituye una prioridad para ayudar a millones de personas a salir de la pobreza y la precariedad y a vivir más dignamente». Recuerda que, en un estudio reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se hace referencia a la necesidad de crear 500 millones de empleos en el mundo, así como a las precarias condiciones de trabajo de millones de personas.
«Por ello –indica– es urgente la creación y defensa de millones de empleos. La comunidad internacional, en particular la Comisión de Derechos Humanos, debe reflexionar sobre este grave problema, cuya solución ayudaría a alcanzar el pleno respeto por los derechos humanos fundamentales».
Por último, Hovey afirma que el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales depende de la movilización de recursos, «en particular del cumplimiento de la meta de 0,7% a la ayuda pública al desarrollo». Y propone «la aplicación de un impuesto sobre las transacciones financieras especulativas, cuya factibilidad ha sido demostrada por numerosos expertos.Además de aumentar los recursos dedicados al desarrollo, un impuesto de esta naturaleza prevendría los movimientos especulativos y evitaría así sus masivas y negativas consecuencias sociales».
