ROMA, 10 junio 2001 (ZENIT.org).- Tras la condena en Bruselas de dos religiosas católicas por participación en el genocicio de Ruanda, la Santa Sede ha explicado que la Iglesia católica no puede ser considerada responsable de los crímenes cometidos por sus miembros.
El pasado viernes, 8 de junio, el Tribunal Penal de Bruselas condenó a cuatro personas acusadas de crímenes de guerra durante el genocidio de Ruanda en 1994 a penas que oscilan entre los 12 y los 20 años de prisión.
Los cuatro condenados son Vincent Ntezimana, profesor de universidad de 39 años; Alphonse Higaniro, ex ministro y empresario de 51 años; y las monjas benedictinas Consolata Mukangango (sor Gertrudis) y Julienne Mukabutera (sor Kizito), de 42 y 36 años respectivamente.
Los dos primeros eran acusados de inspirar y organizar la matanza de tutsis en la región ruandesa de Butare. A las dos religiosas se les reprochaba el haber entregado a los milicianos hutus a varios miles de personas que se refugiaron en su convento de Sovu, del que sor Gertrudis era superiora. El 22 de abril de 1994 entre 5.000 y 7.000 personas fueron asesinadas en ese convento.
Joaquín Navarro-Valls, portavoz de la Santa Sede, horas después de que se dictaran las penas, en una declaración distribuida el 9 de junio, ha recordado las palabras que ya había pronunciado Juan Pablo II el pasado 14 de mayo de 1996, al referirse al genocidio ruandés: «La Iglesia […] no puede ser considerada responsable de las culpas de sus miembros que han actuado contra le ley evangélica; ellos serán llamados a rendir cuentas de sus propias acciones».
«Todos los miembros de la Iglesia que pecaron durante el genocidio deben tener el valor para asumirse las consecuencias de hechos que han cometido contra Dios y contra el prójimo».
Navarro-Valls confiesa entre líneas ciertos interrogantes suscitados por el proceso: «De todos modos –afirma la declaración–, se espera que las personas inculpadas hayan podido contar con las condiciones para hacer valer su propia versión de los hechos y que esa decisión en un país extranjero, tan alejado de Ruanda, haya sido considerada suficientemente en el contexto de acontecimientos tan violentos y de una situación de gran confusión».
«En espera de la sentencia definitiva, la Santa Sede no puede dejar de expresar cierta sorpresa al ver cómo se echa sobre pocas personas las graves responsabilidades de numerosos hombres y grupos, que también están involucrados en el genocidio que tuvo lugar en el corazón de África».
El proceso, de casi ocho semanas de duración, ha sido el primero en que un jurado de ciudadanos comunes juzga un crimen cometido en otro país. Una ley belga de 1993 le atribuye a los tribunales jurisdicción sobre las violaciones a la Convención de Ginebra sobre crímenes de guerra, independientemente del lugar en que hubieran ocurrido.
Se calcula que entre 500.000 y 800.000 personas murieron en las semanas en el genocidio de Ruanda.
El pasado viernes el grupo de expertos «International Crisis Group» (ICG) denunció la escandalosa ineficacia del Tribunal de las Naciones Unidas para los crímenes de guerra en Ruanda.
La Corte internacional, que tiene su sede en Arusha (Tanzania), según explica el ICG, presidido por el ex ministro de Asuntos Exteriores de Australia, Gareth Evans, ha acumulado ya un retraso irrecuperable a causa de la exagerada burocracia interna.
Hasta ahora el Tribunal de Arusha, que cuenta con nueve jueces y unos ochocientos empleados, con un presupuesto anual de 90 millones de dólares, no ha llevado a juicio a ninguna de las mentes del genocidio, incluido un imputado que se encuentra en prisión desde hace cinco años.
Ahora se corre el riesgo de que otros detenidos sean puestos en libertad al caducar el plazo máximo de la prisión preventiva.
