El obispo de Ottawa, Peter Coffin, ha explicado en declaraciones a la prensa que desde 1998 unos 7.500 miembros de la comunidad india de Canadá habrían presentado 4.200 denuncias y exigen reparación por un valor de miles y miles de dólares.

Continúan presentándose unas 140 denuncias al mes, precisa el obispo. Tan sólo los gastos jurídicos son suficientes para poner a la Iglesia anglicana al borde de la bancarrota, que podría ser pronunciada antes de fin de año.

Coffin recuerda, que la Iglesia anglicana ha administrado las escuelas para indígenas por mandato del Estado canadiense. Por tanto, añade, el Estado tiene también su parte de responsabilidad en la tragedia, que comenzó hace un siglo.

Expertos en cuestiones religiosas de Canadá consideran que las autoridades del país parecen optar más bien por la quiebra económica de la Iglesia anglicana.