CIUDAD DE GUATEMALA, 13 junio 2001 (ZENIT.org).- El juez que condenó a tres soldados y un sacerdote, acusados de la muerte de monseñor Juan José Gerardi, obispo auxiliar de Guatemala, ha declarado que ha recibido amenazas de muerte.
«He recibido muchas amenazas de muerte desde que se hizo pública la sentencia –declaró el juez Jose Eduardo Cojulun a los micrófonos de Radio Fabulosa el pasado lunes–. Pero no me intimidan. No voy a dejar el país».
Cojulun encabezaba la mesa de tres jueces que el pasado viernes condenó al coronel Disrael Lima, el capitán Byron Lima, el sargento Odbulio Villanueva y el padre Mario Orantes y los sentenció a entre 20 y 30 años de cárcel.
El juez criticó también al presidente Alfonso Portillo por decir en un discurso que el veredicto era un logro de su Gobierno.
«No debería ponerse el sombrero de otros –dijo Colujun–. Nosotros los jueces somos los únicos que arriesgamos el pellejo en casos en los que hay amenazas de venganza».
Portillo había prometido durante su campaña resolver el caso. Los abogados de la defensa tienen diez días para hacer apelación en primera instancia y en caso de rechazo, podrían llevarlo a otros tres niveles de justicia.
Gerardi, el obispo de 75 años que dirigía la Oficina de Derechos Humanos en Ciudad de Giuatemala, fue golpeado hasta la muerte con un bloque de cemento el 26 de abril de 1998. Dos días antes, había presentado el informe de Recuperación de la Memoria Histórica (REMH) que documentaba los casos de las más de 200.000 muertes producidas en Guatemala durante la guerra civil, en su mayor parte cometidas por el Ejército.
Varios fiscales, testigos y jueces que llevaron la instrucción del proceso se vieron obligados a dejar el caso o abandonaron el país debido a las amenazas de muerte recibidas.
La hermana Barbara Ann Ford, de 64 años, perteneciente a la congregación de las hermanas de San Vicente de Paul de Nueva York, fue asesinada en las calles de la ciudad de Guatemala, el pasado 5 de mayo. La religiosa, que trabajaba en Caritas de la diócesis de Santa Cruz de Quiché, había colaborado con monseñor Gerardi en la realización del informe REMH).
