Según informa la agencia canadiense LSN, el Comité ONU señala que Guatemala «debe garantizar el derecho a la vida de las mujeres embarazadas que deciden interrumpir sus embarazos».
Además, el Comité pidió al país centroamericano proporcionar a las mujeres embarazadas «la información y los medios necesarios para garantizar estos derechos»; y señala además que el país debe enmendar su legislación «para establecer excepciones a la prohibición general contra el aborto, excepto cuando la madre está en peligro de muerte».
En definitiva, el Comité se opone a la Constitución de Guatemala, que defiende el derecho a la vida del no nacido y que ha sido aprobado por la población del país.
Según Mercedes Arzú de Willson, hasta hace poco representante de Guatemala ante las Naciones Unidas, «Occidente le ha quitado todo a nuestros países pobres. Lo último que nos queda son nuestros niños y nuestra fe. Y ahora quiere quitarnos nuestra fe y nuestros niños».
