MEXICO, 27 agosto 2001 (ZENIT.org).- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ha exhortado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los legisladores, federales y estatales, a «escuchar con disponibilidad» las razones de quienes quedaron inconformes con la Ley de Derechos y Cultura Indígenas.
En un comunicado de seis puntos, la jerarquía eclesiástica insiste en que, según el marco legal que rige al país, la ley recientemente promulgada por el presidente Vicente Fox es «legítima».
Firmado por los ocho obispos que integran la Comisión Episcopal para la Paz en Chiapas, entre ellos el presidente de la CEM, monseñor Luis Morales Reyes, el documento invita al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y al gobierno federal a proponer «nuevos cauces» de solución al conflicto armado, aunque señala que los prelados están conscientes de la complejidad que significa tener «posturas antagónicas» sobre los temas nacionales.
Ofrecemos a continuación el documento integral, publicado el pasado 22 de agosto.
DECLARACION DE LA COMISION EPISCOPAL
PARA LA PAZ Y LA RECONCILIACION EN CHIAPAS
Los Obispos integrantes de la Comisión Episcopal para la Paz y la Reconciliación en Chiapas, al publicarse en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas, que entran así ya en vigor, manifestamos lo siguiente:
1. Reasumimos lo expresado en forma unánime por la Asamblea de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el 27 de abril pasado: «Vemos las reformas aprobadas como un paso hacia adelante y esperamos que puedan ser perfeccionadas en su momento oportuno. Estos avances dignifican a los indígenas y nos engrandecen como Pueblo, pero nos exigen también una mentalidad y actitudes nuevas para tratar con respeto y sin discriminación a nuestros hermanos indígenas» (Mensaje al Pueblo de México, 32).
En ese mismo sentido, nuestra Comisión dijo un día antes: «Somos conscientes de que, como toda ley humana, esta reforma constitucional es limitada y perfectible y que, por tanto, no se excluye que se sigan buscando mecanismos para subsanar las insuficiencias de que adolece; pero es necesario aceptar este esfuerzo de nuestros legisladores por escuchar y tratar de armonizar diversas tendencias en torno a este asunto tan trascendental para el país. Exhortamos, por ello, a toda la comunidad mexicana, a aceptar, valorar y respetar esta ley para vivir en armonía social».
2. Sabemos, sin embargo, que varios legisladores y Congresos locales votaron en contra de dicha ley, porque la consideran insuficiente y muy limitada. Lo mismo han expresado grupos y organizaciones indígenas, analistas, intelectuales, personalidades diversas de la sociedad y algunos miembros de nuestra Iglesia. Por el contrario, muchos otros, sin excluir a los mismos indígenas, le dan su beneplácito. Esto manifiesta la pluralidad de criterios y actitudes que conforma a nuestro país, donde una posición no es compartida en forma unánime por todos. Ahora es cuando se requiere educarnos para crecer en democracia, aprendiendo a respetar las decisiones que, después de un adecuado análisis y de escuchar las justas razones de las minorías, decida la mayoría. Si se aceptan sólo las reformas que coincidan con la propia posición, no es posible llegar a una sana y justa gobernabilidad.
3. Exhortamos respetuosamente a los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los Legisladores, federales y estatales, a escuchar con disponibilidad las razones de quienes quedaron inconformes con estas reformas, para hacer, a su debido tiempo, los avances y enmiendas que se consideren oportunos. Ninguna ley humana es absoluta y definitiva. Esperamos que la respectiva Ley Reglamentaria y las reformas que se deben hacer en los Congresos Estatales satisfagan las concretizaciones que se requieren, siendo generosos y audaces en el reconocimiento de los derechos y de la cultura de los diversos pueblos indios que son parte integrante de nuestro país.
4. Hacemos un llamado a quienes han quedado inconformes con esta nueva ley, para que no se desanimen en sus esfuerzos por que llegue el día en que se acaben de reconocer los justos derechos de los indígenas. Hay que seguir luchando, siempre por medios pacíficos y por los cauces legales, para que la sociedad mexicana madure en la aceptación de nuestras raíces. Sin embargo, hay que asumir que, según el marco legal que nos rige, las reformas son legítimas y, a partir de ellas, hay que esforzarnos todos por un mayor compromiso de justicia con los pueblos originarios de la nación mexicana. Sólo en este respeto, se podrán evitar mayores divisiones desgarradoras en las comunidades.
5. Finalmente, invitamos al EZLN y al Gobierno Federal a proponer nuevos cauces de solución al conflicto armado, aunque estamos conscientes de la complejidad que significa tener posturas antagónicas sobre lo que debe ser la sociedad, la política, la economía, la cultura, la democracia, la justicia y la participación social. Es muy difícil reestablecer un diálogo fructuoso sobre estos puntos, porque las posturas ideológicas parecen irreductibles. Sin embargo, debemos unirnos en la fundamental, que es el combate a la marginación y la miseria, la lucha por los justos derechos humanos, la defensa de los valores de las culturas autóctonas, respetando nuestras legítimas diferencias. En el servicio a los pobres se puede lograr la unidad de quienes somos diversos.
6. Pedimos al Espíritu Santo que nos sostenga en la fe y la esperanza, para que sigamos buscando caminos más eficaces en orden a establecer el Reino de Dios, que es justicia y paz, santidad y gracia, amor y reconciliación. Es la misma súplica que hacemos a nuestra Madre común, Santa María de Guadalupe, para que nos siga ayudando a construir una nación unida, fraterna, plural y solidaria.
México, D. F. a 22 de agosto del 2001.
+ Luis Morales Reyes, arzobispo de San Luis Potosí, presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, y de la CEPRECH
+ Héctor González Martínez, arzobispo de Oaxaca, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Indígena
+ Sergio Obeso Rivera, arzobispo de Xalapa, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social
+Felipe Aguirre Franco, arzobispo de Acapulco, administrador apostólico de Tuxtla Gutiérrez
+ Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas
+Florencio Olvera Ochoa, obispo de Tabasco
+ Rogelio Cabrera López, obispo Electo de Tapachula
+José Luis Chávez Botello, obispo Electo de Tuxtla Gutiérrez
