El calvario de Colombia

BOGOTÁ, 14 diciembre 2002 (ZENIT.org).- El secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, ha hecho una visita rápida hace una semana a Colombia, con la esperanza de impulsar los esfuerzos del nuevo presidente el país, Álvaro Uribe, que accedió al cargo en agosto.

La guerrilla, los secuestros y la guerra contra la droga continúan atormentando Colombia. La Iglesia católica también está bajo el fuego, como lo demostró dramáticamente el reciente secuestro del obispo Jorge Jiménez Carvajal, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).

En una entrevista publicada el 21 de noviembre por el periódico católico italiano Avvenire, el obispo de Buenaventura, Rigoberto Corredor Bermúdez, describía las dificultades que afronta la Iglesia en Colombia. Desde el asesinato del arzobispo de Cali, Isaías Duarte Cancino, el pasado marzo, el gobierno ha dado escolta de seguridad a 12 obispos.

Pero el obispo Corredor considera que la presencia de un único policía que viaja con él difícilmente podrá desalentar a los guerrilleros. Sin embargo, confiesa que no está desalentado por los peligros, puesto que «nuestra misión es estar entre la gente». El obispo añadía: «Estamos preparados para cualquier sacrificio».

Preguntado por Avvenire por qué los grupos paramilitares y las guerrillas izquierdistas han hecho de la Iglesia un objetivo, el obispo Corredor explicaba que la indiferencia de los grupos militares por las vidas de los civiles era bien conocida. En cuanto a las fuerzas de la guerrilla, observaba que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han alcanzado últimamente un nivel de violencia sin precedentes. La Iglesia es ahora uno de sus objetivos porque «vivimos en medio de la gente, dándoles esperanza y fe», decía el obispo. La predicación del perdón y la paz por parte de la Iglesia es un «obstáculo a las acciones criminales», añadía.

Los comentarios del prelado fueron secundados por Mara Lucía Ramírez de Rincón, ministra de defensa de Colombia, en una carta al periódico español El País del 5 de diciembre. Explicaba que en los últimos diez meses los actos violentos contra los líderes religiosos se han elevado en un 300%. Sólo en este año 14 personalidades religiosas han sido asesinadas, comparadas con las 38 de los 40 años precedentes. La ministra también recordaba la bomba de mortero que estalló en una iglesia en Bojaya hace seis meses, matando a 119 personas.

La Iglesia no está sola en su sufrimiento. El Centro de Política Exterior con sede en Londres afirmaba que Colombia ocupa el primer lugar en secuestros, con 3.000 de los 10.000 que se consideran darse en todo el mundo, informó la BBC el 13 de noviembre. Los reportajes de prensa hablan de 25.000 o más muertes cada año a causa de los enfrentamientos.

Ayuda de los Estados Unidos
Durante su visita, Colin Powell aseguró a los líderes de Colombia que Estados Unidos piensa volver a poner en pie su programa aéreo de interceptación de envíos de drogas, informó el periódico local El Tiempo el 4 de diciembre. También prometió respaldar las conversaciones de paz con los grupos guerrilleros.

En su encuentro con el presidente Uribe, el secretario de estado de Estados Unidos prometió una ayuda adicional de 15 millones de dólares para financiar el programa de voluntarios para la erradicación de la droga. El programa ofrece ayuda a los campesinos para plantar cosechas comerciales en lugar de drogas. Powell también anunció que las ayudas de Estados Unidos a Colombia se incrementarían de 300 millones de dólares a 500 cada año.

El encuentro tuvo lugar justo después de la buena noticia de que el más importante grupo paramilitar de Colombia, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), declarase un alto el fuego unilateral. El alcalde de Medellín, Luis Pérez, afirmó que era un paso positivo para Colombia, según El País del 1 de diciembre. A finales de noviembre el gobierno confirmó también que había mantenido un encuentro exploratorio con miembros del segundo grupo guerrillero más poderoso, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En el 2000, Estados Unidos aprobó el Plan Colombia con 1.300 millones de dólares para ayudar al país. La ayuda militar a Colombia está restringida oficialmente a las operaciones antidroga, pero la línea entre estas operaciones y la lucha contra los insurgentes es cada vez más borrosa, declaraba un informe del centro Stratfor de análisis el 29 de noviembre.

El número de funcionarios y la localización del personal de Estados Unidos es información clasificada. Sin embargo, el portavoz del mando norteamericano del sur afirmó en febrero que están en Colombia cerca de 250 militares de Estados Unidos, 50 empleados civiles y 100 civiles con contratos militares. Stratfor observaba que el nuevo presupuesto del presidente George W. Bush, que destina 731 millones de dólares para la guerra contra la droga en la región andina, incluye 98 millones de dólares para entrenamiento y equipo de los soldados colombianos que protegen el principal oleoducto de su nación. Esta petición puede borrar finalmente la distinción política entre la guerra contra las drogas y la guerra contra la guerrilla, observaba Stratfor.

Pero acabar con los enfrentamientos no será fácil. La analista de política exterior Julia Sweig, escribiendo en el número de septiembre-octubre de Foreign Affairs, estimaba que las FARC tienen cerca de 18.000 combatientes, mientras que el ELN entre 3.500 y 5.000. Los paramilitares de las AUC son cerca de 12.000.

Estos tres grupos, indicaba Sweig, son como organizaciones criminales, que se financian a través de las drogas, los secuestros, la extorsión y el asesinato. Las muertes de no combatientes en este conflicto alcanzaron la cifra de 4.000 el año pasado, y Colombia es el tercer país en número de refugiados internos del mundo, después de Angola y Sudán.

Sweig era pesimista sobre la guerra contra las drogas. A pesar de haberse intensificado los esfuerzos de erradicación en los últimos años, la producción de coca ha aumentado, observaba.

La reconstrucción de Colombia conllevará décadas de esfuerzos, opinaba Sweig. Antes de que comenzara, recomendaba que Estados Unidos pidiera al gobierno que cortara sus lazos con los paramilitares, y buscara participación regional e internacional para ayudar a Colombia.

Un buen comienzo, pero muchos desafíos por delante
El nuevo presidente ha comenzado su mandato de manera decidida, según un informe del International Crisis Group del 4 de octubre. Uribe impuso un «estado de emergencia de catástrofe pública» durante 90 días, decretó un impuesto de seguridad para financiar el creciente esfuerzo de guerra, y sometió al parlamento una reforma constitucional de gran envergadura. También pidió ayuda al Secretario General de las Naciones Unidas para que ayudara a restablecer las negociaciones de paz con las FARC – una oferta que el grupo guerrillero rechazó.

«El objetivo final del proceso de paz», observaba el informe, «debe ser proteger las vidas y aumentar las oportunidades de todos los colombianos por una política de democracia inclusiva y legítima». Esto significaría actuar contra las drogas, los secuestros y el crimen, y requeriría asimismo que Colombia hiciera importantes reformas en las políticas de salud, educación y medio ambiente, según los autores del informe.

Otro problema son los derechos humanos. Una nota de prensa del 8 de noviembre de Human Rights Watch criticaba al fiscal general de Colombia, Luis Camilo Osorio, que accedió al puesto en julio del 2001. La organización publicó un informe de 14 páginas titulado: «A Wrong Turn: The Record of the Colombian Attorney General´s Office», alegando que su oficina no había logrado progresos en las investigaciones cruciales sobre derechos humanos.

El paquete de ayudas aprobado para Colombia en el 2000 imponía c ondiciones al gobierno en el tema de los derechos humanos. Se pedía que las fuerzas militares cooperaran con los funcionarios civiles de justicia que se encargan de casos de derechos humanos. Y se supone que el ejército deber cortar sus lazos con los grupos paramilitares. Para ayudar en el tema de los derechos humanos, Estados Unidos ha invertido, desde el año 2000, más de 25 millones de dólares en la oficina del fiscal general de Colombia. Pero, declara Human Rights Watch, el fiscal general no está haciendo su trabajo a la hora de proteger los derechos humanos.

En un artículo del 20 de noviembre en el Christian Science Monitor, Carlos Franco Echavarría, viceconsejero presidencial y jefe de la oficina de derechos humanos del presidente, contestaba a las críticas a su país por el expediente de los derechos humanos. «Estamos defendiendo la democracia en Colombia», afirmaba. Franco apuntaba que, en 1997, el gobierno recibió 3.000 denuncias contra los militares por violaciones de derechos humanos. Esta cifra ha bajado a 500 en el 2001.

Colombia tiene ante sí un camino largo y difícil. Muchos esperan que al menos sea el camino correcto.