KIGALI, martes, 31 agosto 2004 (ZENIT.org).- Una comisión del Parlamento de Ruanda acusa a la Iglesia católica en un informe de encubrir a sacerdotes responsables del genocidio de 1994, acusaciones que los obispos rwandeses consideran como «una generalización injustificada».
El documento acusa también a la Iglesia de difundir el genocidio, de esconder a culpables en las comunidades eclesiales de base, y de promover la pobreza.
Los obispos responden afirmando que la Iglesia, en cuanto institución, no puede reconocer un crimen que no ha cometido y desmonta punto por punto estas acusaciones.
El informe de la comisión parlamentaria sobre las masacres de Ginkoro empezó a redactarse el 20 de enero, con la intención de indagar las masacres acaecidas en esa provincia ruandesa.
El genocidio en Ruanda estalló el 7 de abril de 1994, cuando tuvieron lugar graves enfrentamientos entre hutus y tutsis.
En tan sólo tres meses, ochocientas mil personas fueron masacradas y tres millones de ruandeses tuvieron que huir del país, mientras los cadáveres flotaban en los ríos y en el lago Victoria, según fuentes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La nota de respuesta de los obispos comienza loando los aspectos positivos del informe. En la segunda parte, rebate las acusaciones que se hacen a la Iglesia católica.
«Damos gracias al Gobierno de Ruanda por su determinación para vigilar para que los ruandeses puedan vivir con seguridad y en paz», escriben los obispos.
Sin embargo, los prelados encuentran en el informe «generalizaciones injustificadas», cuando «ideas personales de alguna persona se atribuyen a su grupo étnico, a su región, a su confesión religiosa o a la asociación a la que adhiere».
Los obispos están «en perfecto acuerdo con la Comisión» cuando afirma que «los responsables y los fieles que son culpables de la ideología del genocidio, sea cual sea su confesión, no podrán escapar nunca a la justicia».
Sin embargo, «en el informe hay errores deplorables y dolorosos, ya que se hacen afirmaciones pesadas y graves que no se basan en la verdad de los hechos y van en contra de personas que pueden padecer consecuencias desagradables», señala el documento episcopal.
«Citamos, por ejemplo, la confusión sobre personas y nombres o la errónea atribución a la Iglesia católica de asociaciones que no le pertenecen de ningún modo», explican.
«La Iglesia católica afirma que el genocidio es un pecado tan grave que no se puede proteger a quien se haga culpable de ello», amonestan los obispos.
«Por lo tanto, afirmar que la Iglesia encubre a sacerdotes y a otros responsables es algo que va contra la verdad. Es responsabilidad del estado perseguir a todas estas personas, estén donde estén», instan.
«Por su parte, la Iglesia ha pedido a todos sus miembros que han cometido este crimen que tengan el coraje de admitir sus pecados», recuerdan.
«La Iglesia tiene razón en no reconocer un crimen que nunca cometió», indican los obispos, recordando que «su misión es bien conocida por todos: reconciliar a los hombres con Dios y exhortarlos a la fraternidad».
«En el informe hay una anomalía sorprendente –constatan los prelados–: se discuten juicios ya emitidos por la justicia de nuestro país».
«Esto está en contradicción evidente con el principio de independencia del poder judicial, pues normalmente un juicio se revisa cuando emergen nuevos elementos y recomienza el procedimiento ante los tribunales», recuerdan.
Las acusaciones que el informe hace a las comunidades eclesiales de base también ha sorprendido a la Conferencia Episcopal de Ruanda.
«Si alguna persona se ha escondido en nuestras comunidades eclesiales de base para conseguir sus propios fines no se les puede imputar a ellas», señala el documento.
Los obispos se comprometen a continuar vigilando con atención a las comunidades de base para que no sean usadas contraproducentemente.
«Lo mismo afirmamos sobre nuestras instituciones eclesiales y las asociaciones de nuestros fieles cristianos», aseguran.
Además, dicen que «osar afirmar, en contradicción con la verdad, que en la mayor parte de las diócesis los sacerdotes pertenecen a una sola etnia, la hutu, significa usar un lenguaje portador de ideas discriminatorias».
«Existen reglas para ser admitidos a las órdenes y a la vida religiosa: no conocemos ninguna diócesis que haya rechazado al sacerdocio a un candidato que poseyera todos los requisitos. Del mismo modo, ninguna diócesis obligará nunca a un candidato a ser sacerdote, religioso o religiosa sólo por el hecho de ser de una u otra etnia», explican.
Otra acusación que ha sobrecogido a los obispos es que según el informe «la Iglesia es promotora de una ideología de la pobreza y trabaja para mantener a la población en la pobreza».
«Quien afirma esto ignora completamente el papel que la Iglesia católica ha desarrollado y sigue llevando a cabo para mejorar las condiciones de vida de su población», responden.
«La Iglesia católica no abandonará nunca a los pobres porque esto es fundamental y constitutivo de su misión».
Estos errores del informe son atribuibles al hecho de que «ha sido redactado con prisas, de manera precipitada y sin ninguna voluntad de verificar los testimonios recogidos», critican los prelados ruandeses.
Los obispos cierran sus reflexiones pidiendo al pueblo ruandés que camine en «la verdad que reconcilia a todos los ruandeses».
