MADRID, miércoles, 26 enero 2005 (ZENIT.org-Veritas).- Más de 200 asociaciones, en su mayoría católicas, han creado un «Pacto por los derechos y las libertades» del que ha surgido un manifiesto en el que expresan su decisión de movilizarse «en defensa de los derechos humanos y en particular de los relativos a la dignidad de la persona, al matrimonio, la familia, la educación, la justicia social y el ejercicio efectivo de la libertad de enseñanza y la religión».

En la presentación del pacto y el manifiesto, que tuvo lugar este miércoles, el presidente de E-Cristians e impulsor de este mismo pacto en Cataluña, Josep Miró i Ardévol, declaró que aunque tienen planeado un acto en un lugar cerrado, no desechan la idea de organizarlo en un lugar abierto, pero que en su calendario no entra por el momento convocar una manifestación.

En la rueda de prensa estuvieron representados Ricardo González, del Consejo de Laicos de Madrid, y Florentino Calleja, de los Hogares de Santa María.

Se han adherido también al pacto Profesionales por la Ética, Schönstatt, Unidos por la Vida, ATR (agrupación de Telespectadores y Radioyentes), Ucip-E, Acción Católica General de Madrid, Adoración Nocturna Femenina Española, AVA, Movimiento Familiar Cristiano, Focolares, Renovación Carismática Católica, entre otros.

En el manifiesto se critica que «el Gobierno, a pesar de sus reiteradas manifestaciones por el diálogo, no lo practica con las organizaciones que representan a los católicos y aquellas otras entidades que coinciden con nosotros en los valores fundamentales de la vida y la sociedad, que constituimos una parte muy importante de la sociedad civil».

En este punto, denuncian que «el Gobierno ha desencadenado un alud de cambios legislativos y actuaciones» sin atender a ninguna de sus razones, y por eso consideran que el Gobierno le ha declarado por esta vía «excluidos, algo que por razones obvias de dignidad», no aceptan.

Esta falta de interlocución del Gobierno es uno de los motivos por los que se ha creado el Pacto, desde el que se exige «un respeto por la vía de los hechos» a sus creencias y valores, y exigen que se establezca una mesa de diálogo con ellos, ya que piensan que «los gobiernos ignoran sistemáticamente, cuando no menosprecian, los planteamientos que nacen de sectores confesional o culturalmente cristianos».

También denuncian que los medios de comunicación ignoran esta realidad y sólo la prestan atención cuando los obispos formulan determinadas ideas, ignorando a los «centenares de miles de hombres y mujeres» que son católicos y que «no tienen ninguna significación en la vida pública». Quieren acabar con esta situación porque «no es socialmente sano que una tan gran proporción de la sociedad esté huérfana de presencia pública».

El Pacto, una vez que finalizó este miércoles su fase presentación, se encamina hacia su difusión, para que se adhieran a él las asociaciones que lo deseen y luego comenzará una fase de estructuración y organización, donde se hará un censo para comprobar las personas que están representadas en él.

Publicamos el Manifiesto por los Derechos y las Libertades presentado este miércoles.

MANIFIESTO POR LOS DERECHOS Y LAS LIBERTADES.

Las entidades firmantes del Pacto por los Derechos y la Libertades, consideramos necesario formular lo siguiente a la sociedad española, al Parlamento y Gobierno, así como a las autoridades garantes de la aplicación de las leyes:

1. La necesidad de manifestarnos nace del hecho objetivo de que el gobierno español, a pesar de sus reiteradas manifestaciones por el diálogo, no lo practica con las organizaciones que representan a los católicos y aquellas otras entidades que coinciden con nosotros en los valores fundamentales de la vida y la sociedad, que constituimos una parte muy importante de la sociedad civil. El gobierno ha desencadenado un alud de cambios legislativos y actuaciones sin atender a ninguna de nuestras razones, declarándonos por esta vía ciudadanos excluidos, algo que por razones obvias de dignidad no aceptamos. Reclamamos, por consiguiente, el respeto por la vía de los hechos a nuestras creencias y valores y, en este sentido, exigimos se establezca una mesa de diálogo con las organizaciones que los representan.

2. Reclamamos, en relación a los medios de comunicación, el respeto a nuestras creencias y valores que profesamos de acuerdo con lo que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución Española y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como una información objetiva y veraz que ahora no se practica.

3. Reclamamos el cumplimiento efectivo del respeto a la vida desde su inicio en la fecundación hasta su fin natural, y en este sentido, constatamos que el aborto es la muerte violenta de un ser humano. Exigimos el efectivo cumplimiento del derecho de la mujer embarazada a disponer de la información necesaria de carácter médico y social antes de un posible aborto (RD 2409/1986 y Ley 41/2002). Denunciamos que la ley vigente sobre el aborto se incumple sistemáticamente hasta generar escándalos internacionales. Afirmamos el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con la sentencia del 11 de abril de 1985 del Tribunal Constitucional.

4. Reclamamos el respeto y apoyo a todas las personas para que puedan desarrollar una vida digna, con especial atención a los que se encuentran en una situación de mayor debilidad y marginación en el contexto de nuestra sociedad.

5. Reclamamos la erradicación de la pobreza en España mediante una ley integral que ponga fin a la simple gestión de la misma. La pobreza sólo puede ser abordada con eficacia si es tratada como una vulneración de los derechos humanos.

6. Reclamamos se adopten los medios y se aporten recursos para garantizar que todo matrimonio tiene acceso a una vivienda.

7. Exigimos la defensa y promoción del matrimonio como unión natural del hombre y la mujer, tal y como establece el Art. 32 de la Constitución Española, generador de descendencia y responsable principal de su educación. El matrimonio es el fundamento de la sociedad en esta doble condición. Rechazamos el intento de legalizar como matrimonio las uniones de personas del mismo sexo, por ser contraria a su naturaleza antropológica, a sus fines, a la Constitución Española, a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y Civiles, y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como la equiparación de dichas uniones a la figura matrimonial. El Proyecto de Ley de agilización del divorcio puede significar, como advierte el informe del Consejo General del Poder Judicial, la introducción del repudio de doble dirección, lo que sería insólito en la legislación occidental.

8. Exigimos que se respete el derecho del niño que carece de padre y madre, a ser adoptado y a que sus intereses sean los únicos a considerar, de acuerdo con lo que establece la Declaración Universal de Derechos del Niño. La adopción es el ejercicio de una paternidad y maternidad paliativa para compensar esta carencia básica, y no puede ser subordinada a derechos invocados por personas que desean adoptar, ni instrumentalizada por intereses políticos de lobbies y grupos de presión.

9. Exigimos el respeto efectivo al derecho de los padres como primeros responsables de la educación de sus hijos y, por tanto, a la efectiva libertad de elegir centro escolar. Este derecho incluye el recibir la formación en cultura ético-religiosa, bien de acue rdo con la orientación confesional de cada familia, bien desde la aconfesionalidad, con carácter obligatorio y evaluable, como corresponde a un conocimiento básico para la educación de la persona.

10. La sociedad española es plural y, por consiguiente y en una elevada proporción, religiosa. “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.” Constitución Española. Art. 16.3

Por consiguiente:

Manifestamos nuestra decisión de movilizarnos en defensa de los derechos humanos y en particular de los relativos a la dignidad de la persona, al matrimonio, la familia, la educación, la justicia social y el ejercicio efectivo de la libertad de enseñanza y de religión.

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