ROMA, martes, 20 septiembre 2005 (ZENIT.org).- Es paradójico que en Italia, donde el apoyo público a la familia deja mucho que desear, los legisladores se preocupen casi exclusivamente del reconocimiento jurídico público de las uniones de hecho, denuncia el cardenal Camillo Ruini.
En la apertura del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Italiana, este lunes, el obispo vicario del Papa para la diócesis de Roma estigmatizó las propuestas de reconocimiento jurídico público de las uniones de hecho, a las que se ha dado en llamar por sus siglas francesas «PACS» (Pacto civil de solidaridad).
El presidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) recordó las palabras de Benedicto XVI, en su discurso del 6 de junio pasado al Congreso de la diócesis de Roma, dedicado a la familia, al afirmar que matrimonio y familia no son «una construcción sociológica casual, fruto de especiales situaciones históricas y económicas. Por el contrario, la cuestión de la justa relación entre el hombre y la mujer hunde sus raíces en la esencia más profunda del ser humano, y puede encontrar su respuesta sólo a partir de aquí».
Tras subrayar el gran papel social desempeñado por la familia en Italia, Ruini afirmó que «la paradoja de nuestra situación es que el apoyo público a la familia en Italia es en cambio mucho menor, menos moderno y orgánico, incluso con una gravísima y persistente crisis de natalidad que ya está provocando, y causará más en el futuro, ingentes daños sociales».
«El apoyo a la familia legitima debería ser por tanto la primera y verdadera preocupación de los legisladores», subrayó el purpurado en un discurso que se ha convertido en el titular de primera página de los periódicos italianos de este martes.
Ruini reconoció que «las convivencias o uniones de hecho sí están aumentando, especialmente entre los jóvenes –aún permaneciendo a niveles decididamente inferiores a los de otros países–», pero éstas, «además de ser, al menos en parte, provocadas por las dificultades objetivas para constituir una familia, que podrían ser removidas con intervenciones públicas adecuadas, no suponen automáticamente una petición de reconocimiento legal».
«Incluso las uniones homosexuales bastante menos numerosas –subrayó el vicario de Roma–, no siempre buscan el reconocimiento legal, al contrario, muchas huyen por principio y desean permanecer en el ámbito privado. Confirman todo esto las cifras, en verdad mínimas, de las inscripciones a los “registros de las uniones civiles”, en aquellos municipios italianos que han querido instituirlos».
Según el presidente de la CEI, «para aquellas uniones que tengan el deseo o la necesidad de dar una protección jurídica a las relaciones recíprocas, existe sobre todo la vía del derecho común, muy amplia y adaptable a las diversas situaciones».
Pero si a pesar de esto, emergiesen algunas ulteriores exigencias, específicas y realmente fundadas, de «eventuales normas para su tutela, esto no debería de todos modos dar lugar a un modelo legislativamente preconstituido y tender a configurar algo similar al matrimonio, sino permanecer en el ámbito de los derechos y deberes de las personas. Estas normas deberían por tanto valer también para las convivencias que no son de índole afectivo-sexual».
Ruini recordó que la Constitución Italiana, en su artículo 29, define con unívoca precisión la familia como «sociedad natural fundada en el matrimonio» y reconoce sus derechos. En consecuencia, el Tribunal Constitucional ha afirmado repetidas veces que la convivencia «more uxorio» no puede ser asimilada a la familia, de manera que se deduzca la exigencia de una equiparación de trato.
