Estado democrático laico es el que protege la práctica religiosa, advierte el Papa

CIUDAD DEL VATICANO, viernes, 23 septiembre 2005 (ZENIT.org-El Observador).- Benedicto XVI recordó que la protección de la práctica religiosa es un elemento que caracteriza al Estado democrático laico al recibir en la mañana de este viernes, en el Palacio Apostólico de Castelgandolfo, al embajador de México ante la Santa Sede, Luis Felipe Bravo Mena.

En su discurso al diplomático --con ocasión de la presentación de sus cartas credenciales--, el Santo Padre reconoció el beneficio que ha marcado el establecimiento de relaciones diplomáticas --en 1992— entre la Santa Sede y México, una nación de más de 106 millones de habitantes.

«Esto anima a seguir trabajando, desde la propia autonomía y las respectivas competencias, teniendo como objetivo prioritario la promoción integral de las personas, que son ciudadanos de la Nación y, la gran mayoría de ellos, hijos de la Iglesia católica», reconoció el Papa.

En este contexto, Benedicto XVI recordó que «un Estado democrático laico es aquel que protege la práctica religiosa de sus ciudadanos, sin preferencias ni rechazos», y subrayó la postura de la Iglesia, que «considera que en las sociedades modernas y democráticas puede y debe haber plena libertad religiosa».

De hecho «en un Estado laico son los ciudadanos quienes, en el ejercicio de su libertad, dan un determinado sentido religioso a la vida social», apuntó.

Recalcó el deber de un Estado moderno de «servir y proteger la libertad de los ciudadanos y también la práctica religiosa que ellos elijan» haciéndose eco de lo expresado recientemente por los obispos mexicanos: «No se trata --se ha dicho-- de un derecho de la Iglesia como institución, se trata de un derecho humano de cada persona, de cada pueblo y de cada nación» (Cf. «Por una auténtica libertad religiosa en México», Comunicado de la Conferencia Episcopal de México - 10 agosto 2005).

En sus palabras, Benedicto XVI denunció el «creciente laicismo, que pretende reducir la vida religiosa de los ciudadanos a la esfera privada, sin ninguna manifestación social y pública», un fenómeno ante el cual «la Iglesia sabe muy bien que el mensaje cristiano refuerza e ilumina los principios básicos de toda convivencia».

Entre estos citó «el don sagrado de la vida, la dignidad de la persona junto con la igualdad e inviolabilidad de sus derechos, el valor irrenunciable del matrimonio y de la familia que no se puede equiparar ni confundir con otras formas de uniones humanas».

«La institución familiar --recalcó-- necesita un apoyo especial, porque en México, como en otros Países, va mermando progresivamente su vitalidad y su papel fundamental, no sólo por los cambios culturales, sino también por el fenómeno de la emigración, con las consiguientes y graves dificultades de diversa índole, sobre todo para las mujeres, los niños y los jóvenes».

Al narcotráfico también aludió especialmente, alertando de que «una de las raíces del problema es la gran desigualdad económica, que no permite el justo desarrollo de una buena parte de la población, llevando a muchos jóvenes a ser las primeras víctimas de las adicciones, o bien atrayéndolos con la seducción del dinero fácil procedente del narcotráfico y del crimen organizado».

De ahí que sea «urgente que todos aúnen esfuerzos para erradicar este mal mediante la difusión de los auténticos valores humanos y la construcción de una verdadera cultura de la vida», una tarea para la cual «la Iglesia ofrece toda su colaboración», insistió Benedicto XVI.

Igualmente alentó a los responsables de las instituciones públicas «a favorecer, desde una efectiva igualdad de derechos, la participación activa de los pueblos indígenas en la marcha y el progreso» de México, «una justa e irrenunciable aspiración, cuya realización fundamentará la paz, que ha de ser fruto de la justicia».

Con vistas a las próximas elecciones de 2006, Benedicto XVI expresó su deseo de que «el proceso electoral contribuya a seguir fortaleciendo el orden democrático, orientándolo decididamente hacia el desarrollo de políticas inspiradas en el bien común y en la promoción integral de todos los ciudadanos, atendiendo especialmente a los más débiles y desprotegidos».

«La actividad política en México ha de continuar ejerciéndose como un servicio efectivo a la Nación», señaló.

Elogiando los esfuerzos «orientados a fomentar una cultura de participación en la sociedad mexicana», el Papa indicó finalmente la urgencia de promover, en el ámbito democrático, «la creación de centros de formación ética y política en los que se aprendan y asimilen los derechos y deberes que incumben a cuantos quieren dedicarse al servicio de todos los ciudadanos».

El nuevo embajador de México ante la Santa Sede, Luis Felipe Bravo Mena, de 52 años, nació en León (Guanajuato). Está casado y es padre de cuatro hijos. Licenciado en Derecho, se especializó en Filosofía Política y Social, una disciplina de la que ha sido docente universitario.

Ha sido analista y consultor en diversas empresas e instituciones, diputado federal, senador de la República por el Estado de México y vicepresidente de la Internacional Democrática de Centro. Hasta este año ha sido primer vicepresidente de la Organización Democrático-Cristiana de América y presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional.