NUEVA YORK, jueves, 6 abril 2006 (ZENIT.org).- La Santa Sede considera que el respeto de los derechos humanos de los inmigrantes constituye también un importante beneficio para los países que los acogen.

El arzobispo Celestino Migliore, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, expresó esta convicción este miércoles, al dirigirse a la sesión de la Comisión para Población y Desarrollo del Consejo Económico y Social de la ONU que afrontaba cuestiones de población y migración.

Al analizar la situación de los 191 millones de emigrantes que, según varios estudios, existen en el mundo, el representante Papal explicó que «al aumentar la población de ancianos en el mundo desarrollado, el fenómeno de la migración está siendo examinado desde un punto de vista diferente».

«Si bien se trata de un fenómeno histórico y omnipresente, los esfuerzos por controlarlo con medios políticos y legales no siempre han dado resultados positivos».

De hecho, reconoció, «a veces se pinta [la inmigración] como una amenaza y se manipula por intereses políticos a corto plazo, a expensas del derecho más fundamental de los seres humanos, el derecho a la vida, a la ciudadanía, a trabar y al desarrollo».

De todos modos, «se dice que para los países de acogida, el impacto económico de las migraciones en general es positivo. Si bien la presencia de inmigrantes internacionales puede tener un pequeño efecto negativo en los salarios de los que no son inmigrantes o puede hacer que aumente el desempleo cuando los salarios son rígidos, estos efectos en general son limitados a nivel nacional».

Ahora bien, «a medio y largo plazo, las migraciones pueden generar incluso empleo y producir ganancias fiscales. Los estudios sobre poblaciones que envejecen rápidamente indican que los inmigrantes pueden contribuir de manera sustancial a aliviar el peso fiscal en las generaciones futuras».

Por otro lado, señaló el representante papal, «la emigración de personas capacitadas puede ser dañina para las perspectivas de desarrollo de los países de origen, sobre todo para los pequeños países en vías de desarrollo, que pierden amplias franjas de ciudadanos competentes. Sin embargo, los inmigrantes capacitados que mantienen contactos con sus países de origen pueden estimular la transferencia de tecnología y capitales».

«A causa de la baja fertilidad, las migraciones influyen en tres cuartas partes del crecimiento de la población en los países desarrollados y para el año 2030 podrían afectar a todo el crecimiento de esos países», informó.

«Las migraciones, por tanto, no son sólo una cuestión económica o un argumento que tiene que examinarse sólo desde el punto de vista de las consecuencias para los países de origen. Es necesario comprender mejor ahora la otra cara de la moneda, el impacto social de las migraciones en los países de acogida con índices de natalidad en descenso».

«Los cambios demográficos a esta escala tendrán seguramente consecuencias radicales para toda la composición de las naciones, de manera que tiene que haber un equilibrio entre los evidentes beneficios de las migraciones, por un lado y por otro la consideración del impacto social de grandes números de inmigrantes en los países de acogida, especialmente cuando todavía no se han integrado».

«Además parece que cada vez se comprender mejor que la inmigración no puede ser la única solución de los problemas demográficos y laborales de los países de acogida».

Por este motivo, el arzobispo subrayó que es necesario reconocer «el nexo que se da entre las migraciones internacionales y el desarrollo, así como la necesidad de afrontar los desafíos y oportunidades que plantean a los países de origen, de acogida, y de de tránsito».

El arzobispo concluyó confesando que «hay que esperar que la determinación expresada por todos los líderes mundiales para asegurar el respeto y la protección de los derechos humanos de los inmigrantes, de los trabajadores de temporada, y de los miembros de sus familias, se aplique para beneficio de todos los pueblos sin distinción».