Fabianus Tibo (60 años), Dominggus da Silva (42 años) y Marinus Riwu (48 años), de la isla de Sulawesi, fueron arrestados en 2000 acusados de homicidios y desórdenes de trasfondo interreligioso que se produjeron en la ciudad de Poso. En 2001 el tribunal regional de Palu les condenó a muerte.
Recientemente la Comunidad de San Egidio lanzó un llamamiento para salvar a los tres católicos indonesios (se puede firmar en http://www.santegidio.org/IT/pdm/news/ap_tibo_dasilva_riwu.htm) condenados a la pena capital por una masacre de musulmanes perpetrada en aquel contexto.
Los tres, «personas pobres y analfabetas, son probablemente tan sólo chivos expiatorios, ya que tras el hallazgo de nuevas pruebas no es seguro que hayan sido los ejecutores materiales de los crímenes, mientras que los cerebros de los cruentos disturbios de Poso siguen siendo desconocidos», alertó el movimiento eclesial en un comunicado.
A favor di «Tibo y compañeros» –come se conoce ya a los tres católicos– se han manifestado numerosas organizaciones a nivel nacional e internacional, y también representantes de la comunidad musulmana. El proceso contra los detenidos estuvo marcado por fuertes intimidaciones de extremistas islámicos.
El pasado19 de marzo el obispo de Manado, monseñor Joseph Theodorus Suwatan, visitó a los tres condenados como «enviado especial» del Papa (Zenit, 22 marzo 2006).
La agencia del Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras (PIME), «AsiaNews», alerta de que el Tribunal Supremo ha rechazado la segunda petición de revisión del caso de los tres condenados.
Según la información de que dispone, este jueves Bagir Manan, jefe del Tribunal Supremo, ha declarado que el proceso legal ha concluido y que ya no hay oportunidad para la defensa que dirigía el grupo de abogados del Padma (reúne a juristas de diferentes religiones).
«Las iniciativas del Padma van contra la ley», dijo Manan; «la sentencia a muerte es inapelable y el destino de los tres condenados ya no está en nuestras manos».
Por su parte, el miércoles el fiscal general Abdul Rahman Saleh afirmó que los tres católicos serán ejecutados «posiblemente en abril».
El pasado 1 de abril la Oficina del fiscal general del Estado había anunciado el aplazamiento de la ejecución, fijada en secreto –apunta la agencia del PIME– para el domingo pasado, a causa de la falta de «documentos importantes».
Cuatro días después el fiscal declaró a la prensa que la revisión legal del caso por parte del grupo de abogados Padma, el apoyo moral de activistas por los derechos humanos y de líderes de todas las religiones no servirían para cambiar el veredicto. «La sentencia capital es firme», le hizo eco el portavoz de la Oficina de Saleh, cita «AsiaNews».
Líderes de las comunidades religiosas de Sulawesi central temen que la eventual ejecución de los tres católicos pueda encender nuevos enfrentamientos en el lugar, cuya cifra de musulmanes y cristianos es semejante.
