PUEBLO, jueves, 21 diciembre 2006 (ZENIT.org).-Un obispo estadounidense denunció el pasado 14 de diciembre las redadas contra inmigrantes indocumentados realizadas por agentes de Inmigración dos días antes en plantas procesadoras de carne de la compañía Swift Co., en acciones que calificó de inhumanas.
Las redadas en seis plantas frigoríficas de Swift en Texas, Colorado, Utah, Nebraska, Minnesotta y Iowa, constituyeron el mayor operativo efectuado hasta ahora contra indocumentados en Estados Unidos, al ser detenidos 1.282 inmigrantes.
Monseñor Arturo N. Tafoya, obispo de Pueblo, Colorado y miembro de la Comisión de Inmigración de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos hizo pública una declaración en la que afirma: «Quiero comenzar expresando mi más profunda oración por la seguridad y bienestar de los niños y niñas y de las familias que han sido destruidas a consecuencia de las redadas inesperadas e inhumanas hechas a los trabajadores inmigrantes durante este santo Tiempo de Adviento».
«Es lamentable –añade el prelado estadounidense- que, en vez de haber escogido implementar una reforma migratoria comprensiva, que sea justa y equitativa se haya escogido aplicar la ley como camino de respuesta a un problema migratorio. Como he declarado antes, yo creo que necesitamos una política migratoria que sea fuerte, clara y justa. Dicha política debe servir a la seguridad y prosperidad de nuestro país y, al mismo tiempo, debe basarse en valores morales sobre los cuales, ultimadamente, nuestras vidas se fundamentan».
«Las consecuencias de estas acciones están afectando a las familia –afirma el obispo de Pueblo–. Familiares y amigos están aterrados ante las repentinas pérdidas de un ser querido y viven con miedo de quién será el próximo. De pronto los niños descubrieron que no se encontrarían con su papá o mamá al salir de la escuela y tampoco sabían donde estaban. Madres que de pronto supieron que sus esposos y padres de sus hijos se habían ido; ellas sin tener dinero para pagar todos los gastos y tampoco sabiendo cuando verán a sus esposos y los niños a sus padres otra vez».
La Enseñanza de la Iglesia Católica, afirma el prelado «sostiene en alto la dignidad de cada ser humano. De ahí que las políticas migratorias deben proteger los derechos y dignidad de los inmigrantes y sus familias, tanto documentados, como indocumentados, al igual que proveer maneras seguras y legales de entrada al país para futuros inmigrantes o quienes buscan asilo. La ley actual, que requiere sobre diez años para que un/a posible inmigrante de México sea considerado/a para una visa, simplemente es irrealizable».
El obispo sostiene que la política del Gobierno «ha fracasado en estas áreas y las redadas recientes de inmigrantes son, justamente, un ejemplo de cómo nuestra política ha fallado al acentuar solamente la aplicación de la ley, olvidándose de las consecuencias desafortunadas de una política de aplicación solamente».
«Cualquier cabeza de familia responsable hará lo necesario para proveer por las necesidades de sus hijos e hijas –añade–. Debido a la manera que están actualmente las leyes los/as inmigrantes indocumentados son forzados a adquirir documentación falsa para trabajar y mantener a sus familias. Es incorrecto divulgar esto como ‘robo de la identidad’, o ‘identity theft’, que es cuando los ladrones conscientemente le quitan la identidad de una persona con el fin de robarles».
Monseñor Tafoya cita al obispo Thomas Wenski, consultor de la Conferencia Episcopal de EE.UU. para los servicios de la migración y del refugiado: «A los que acusan a Jesús, en su tiempo, de romper las leyes, él contestó: «El Sábado fue hecho para el hombre, no hombre para el Sábado (marca 2:27).»
Y concluye afirmando que «esta enseñanza subraya el punto que la ley positiva, incluso ley positiva divina, está hecha para beneficiar y no para esclavizar la humanidad. Los trabajadores indocumentados tienen la dignidad humana y derechos humanos que se deben respetar a toda costa».
Mientras tanto, 18 ex empleados –todos ellos residentes legales– demandaron por 23 millones de dólares a la empacadora Swift por considerar que la contratación de indocumentados era un plan para mantener bajos los salarios.
En este contexto, y con motivo del Día del Migrante, la ONU pidió a los estados sumarse a la Convención que protege los derechos de los 195 millones de migrantes que hay en el mundo y pidió el fin de la discriminación o racismo en su contra.
