MÉXICO, jueves, 22 febrero 2007 (ZENIT.org–El Observador).- Mediante un comunicado de prensa, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), dio a conocer este miércoles su postura sobre los recientes pronunciamientos del Senado mexicano en torno al castigo que se le debe dar a los sacerdotes que abusan de menores.
En concreto, la CEM denunció que la reforma aprobada por los senadores, y que permite la inhabilitación de los sacerdotes pederastas, no sólo presenta «errores y huecos» muy importantes, sino que entra de manera directa en conflicto con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que rige a las iglesias en el país.
En la reforma en cuestión, el senado de la República aprobó cuestiones referentes a la explotación sexual infantil, reservando a las leyes civiles la inhabilitación del ejercicio sacerdotal de quienes, presuntamente, hayan abusado de menores de edad.
Para la CEM, estas disposiciones entran en contradicción con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, al intervenir en asuntos internos de las Iglesias y al intentar inhabilitar por la vía civil lo que solamente es posible por la vía estrictamente interna.
La normatividad vigente prohíbe la intervención de autoridades en asuntos internos de las asociaciones religiosas, como nombrar o inhabilitar a los ministros de culto, advierte el comunicado de la CEM.
«Su carácter religioso y el ejercicio de su ministerio es una cuestión que queda en manos de la institución religiosa a la que pertenece, y corresponde a esta institución religiosa resolver la inhabilitación, retiro o cese del ministerio que desempeña», señaló la Conferencia de los obispos mexicanos.
Refirió que de acuerdo con las leyes eclesiásticas, al comprobarse la responsabilidad de un religioso en una conducta delictiva, concretamente en el caso de la pederastia, se le suspende de manera inmediata, además de iniciarle un proceso interno, que puede concluir con la suspensión definitiva de su ministerio.
«Es muy importante que en nuestras leyes no haya lugar para huecos ni errores», se agrega en el pronunciamiento: sólo corresponde a la Iglesia, no a un juez, como se establece en la reforma legislativa, inhabilitar o cesar del ministerio que desempeñan a sacerdotes acusados de violación o abusos de menores, concluyó el comunicado de la CEM.
