SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, sábado, 14 julio 2007 (ZENIT.org).- Publicamos el análisis que ha escrito monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de Las Casas, ante las propuestas de actualización de las reformas a la Constitución mexicana de 1992, que llevaron al reconocimiento jurídico de la Iglesia católica y otras iglesias y confesiones religiosas.
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LIBERTAD RELIGIOSA, NO PRIVILEGIOS
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Se ha estado ventilando en los medios de comunicación que representantes jerárquicos de la Iglesia Católica estamos proponiendo una actualización de las reformas constitucionales aprobadas en 1992, en relación con los temas que tienen que ver con la religión y su práctica pública, para que, como se tiene en la mayoría de países democráticos, todos los mexicanos disfrutemos de mayor libertad religiosa, la que no se reduce a libertad de conciencia y de cultos.
De inmediato se han escuchado voces en contra, como si los obispos pretendiéramos reconquistar poderes de otros tiempos, o como si quisiéramos terminar con el Estado laico que nos rige. Se imaginan que anhelamos imponer el catolicismo a todo el país. El Coordinador de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados califica esto como “un retroceso muy grave”. Olvida que su partido, en otros periodos, era el que pedía que a los sacerdotes se les concediera el voto pasivo, el poder ser elegidos para cargos políticos, porque necesitaba votos y de esta forma quería congraciarse con nosotros.
El presidente de CONFRATERNICE, una asociación de denominaciones protestantes, se atreve a afirmar que, “en el fondo, se pretende vulnerar la laicidad del Estado”, como si buscáramos tener “una religión de Estado…, una religión oficial”. Olvida que fuimos los obispos católicos quienes promovimos las reformas de 1992, con las que ellos mismos se beneficiaron. Esperamos que, si prospera nuestra actual iniciativa, también ellos avanzarán.
En contraste, una escuela pública de esta ciudad, llamada “Presidente Benito Juárez”, me solicitó una Misa de acción de gracias por el fin de curso de quienes concluyeron la educación primaria. La celebramos sin ningún inconveniente. Participaron los alumnos que decidieron y no se vulneró el laicismo del artículo 3º constitucional. Esto pasa cada año y en todas partes. Si los alumnos solicitan una celebración religiosa fuera de la escuela, sería una injusticia limitarles este derecho. A quienes son de otra religión, no se les impone.
Juzgar
Para la Iglesia Católica, la palabra de Dios es definitoria del camino a seguir. Jesucristo es muy claro cuando afirma: “Al César lo que es del César; a Dios lo que es de Dios” (Mt 22,21). Esto significa que Dios respeta las decisiones legítimas de las autoridades civiles, y no quiere imponerse a todos. Pero los césares no han de pretender ser dioses, absolutos e impositivos, sino que han de reconocer los derechos de Dios y de sus creyentes. Es lo que nos mueve: luchar por un orden justo en la sociedad, que incluye el respeto a la plena libertad religiosa. Si no lo hiciéramos, seríamos cómplices de una injusticia social.
Al respecto, el Papa Benedicto XVI ha expresado: “El orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política. Un Estado que no se rigiera según la justicia se reduciría a una gran banda de ladrones… Es propio de la estructura fundamental del cristianismo la distinción entre lo que es del César y lo que es de Dios; esto es, entre Estado e Iglesia o, como dice el Concilio Vaticano II, el reconocimiento de la autonomía de las realidades temporales. El Estado no puede imponer la religión, pero tiene que garantizar su libertad y la paz entre los seguidores de las diversas religiones” (Encíclica Deus caritas est, 28).
Y para aquellos que temen un monopolio católico, les dice: “La doctrina social católica no pretende otorgar a la Iglesia un poder sobre el Estado. Tampoco quiere imponer a los que no comparten la fe sus propias perspectivas y modos de comportamiento. Desea simplemente contribuir a la purificación de la razón y aportar su propia ayuda para que lo que es justo, aquí y ahora, pueda ser reconocido y después puesto también en práctica… Quiere servir a la formación de las conciencias en la política y contribuir a que crezca la percepción de las verdaderas exigencias de la justicia” (Ib). En el fondo, es lo mismo que pedía Juárez: respeto al derecho ajeno, como pilar para vivir en paz.
Al proponer reformas a la Constitución para que todos los mexicanos, de cualquier credo, o sin él, puedan disfrutar de una mayor libertad religiosa, sólo pedimos que se respeten los derechos de los ciudadanos en esta materia. Por ejemplo, es una injusticia y un abuso de poder el negar a los padres de familia el derecho a decidir, en la escuela pública, qué tipo de educación quieren para sus hijos, si es con o sin religión. El Estado no puede ni debe suplantar a los padres de familia, como se reconoce en la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, ratificada por México. Por otra parte, pedir que se respete la objeción de conciencia, es un derecho fundamental de todo ser humano, y no sólo de los católicos. Que haya espacios en los medios electrónicos para difundir la propia creencia, es un derecho que beneficia a todas las denominaciones religiosas. Nosotros no queremos aspirar a puestos de gobierno o a liderazgos políticos, porque hemos decidido libremente renunciar a este derecho, pero el Estado no debe coartarlo; es una interferencia en cuestiones religiosas. Ante el Estado, somos ciudadanos con todos los derechos, como cualquier otro. Es como si, por haber renunciado al matrimonio, nos prohibiera casarnos…
ACTUAR
No teman, pues, quienes se oponen a las propuestas que estamos haciendo para una reforma constitucional en materia religiosa. No queremos ser diputados, senadores, presidentes, líderes políticos. Sólo deseamos que México sea un país más justo y democrático, en todos los órdenes, y también en lo que se refiere a libertad religiosa; y esto para todos los mexicanos y para todos los credos.
Estos cambios jurídicos no los podemos hacer los obispos. Eso compete a los legisladores; por ello, les pedimos apertura de mente y de corazón para escucharnos y analizar sin apasionamientos viscerales lo que les proponemos. Como dice el Papa: “La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero tampoco puede ni debe quedarse al margen de la lucha por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argumentación racional y debe despertar las fuerzas espirituales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La sociedad justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justicia esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las exigencias del bien común” (Ib). Es lo que buscamos: justicia religiosa, no privilegios.
