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Jul 25, 2007 00:00
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BELÉM, miércoles, 25 julio 2007 (ZENIT.org).- El Fiscal Federal de Brasil denunció este martes a los acusados por la muerte de la hermana Dorothy Stang en Altamira, Pará, norte de Brasil, por los delitos de reducción a condición análoga a la de esclavo, frustración del derecho laboral, soborno de trabajadores, y falsificación y omisión de información en documento público, según informa la Fiscalía de la República en Pará.
Regivaldo Pereira Galvão, Vitalmiro Bastos de Moura, Vander Paixão Bastos de Moura y Valdivino Felipe de Andrade Filho son acusados de mantener a 28 trabajadores en condiciones de esclavitud en la Hacienda Rio Verde, a 60 kilómetros de Anapu, Pará, en la región Transamazónica, y pueden ser condenados a penas que van de uno a 24 años de prisión.
De acuerdo con la Fiscalía de la República en Pará, el delito flagrante fue afrontado por el Grupo especial de Fiscalización Móvil del Ministerio de Trabajo en 2004, los empleados fueron liberados y se les pagaron sus derechos laborales.
Fueron encontrados en medio del bosque cerrado y tenían como único refugio una barraca de paja y plástico, con suelo de tierra batida.
El campamento no contaba con sanitarios, fosas, instalación de agua potable, o artículos de primeros auxilios y los trabajadores no recibían equipos de protección individual. Como el servicio hospitalario más próximo del área queda a 60 kilómetros algunos de los que fueron liberados estaban heridos y no habían recibido ningún tratamiento médico.
«Ninguno de los trabajadores estaba registrado en ficha o libro propios, ni tenía cartilla de trabajo y seguridad social regularmente anotada y firmada. La jornada de trabajo diaria era abusiva y no tenían descanso semanal remunerado, pagándose los fines de semana sólo si trabajaban. No había censo, ni aportación a la seguridad social del empleador», denunció el ministerio público federal.
Además de los delitos relacionados con el trabajo esclavo, Regivaldo Galvão, Valdivino Felipe de Andrade y Vitalmiro Bastos de Moura son acusados de falsificación de documento público, por simular una falsa operación de compra y venta de la hacienda.
Tanto Regivaldo como su socio Vitalmiro Bastos de Moura fueron acusados de implicación en el asesinato, en 2005, de la misionera Dorothy Mae Stang, en Anapu. Vitalmiro ya fue condenado a 30 años de prisión y Regivaldo, acusado de ser el mandante, debe ser juzgado en los próximos meses por el crimen.
Rayfran das Neves Sales y Clodoaldo Carlos Batista fueron condenados como ejecutores a 27 y 17 años de reclusión respectivamente. Amair Freijoli da Cunha fue condenado a 27 años de reclusión, como intermediario del asesinato, acusado de contratar a los pistoleros.
La hermana Dorothy Stang, de 73 años, fue asesinada con siete disparos, el 12 de febrero de 2005, en un camino de tierra, a 53 kilómetros del municipio de Anapu, Pará, donde está enterrada.
La religiosa norteamericana naturalizada brasileña, recibió amenazas de muerte de los hacendados de la región desde que empezó un trabajo de apoyo a los trabajadores rurales, en 1997, que contemplaba proyectos de asentamiento adecuados a la conservación de la Amazonia, llamados Proyectos de Desarrollo Sostenible.
Durante más de 30 años, la misionera ejerció su trabajo apostólico junto a pequeñas comunidades rurales de la región.
Las tierras de la Unión, donde la misionera trabajaba, son disputadas por madereros y grandes hacendados de Pará.