CIUDAD DE MÉXICO, sábado, 31 de enero de 2009 (ZENIT.org).- Publicamos la intervención de la Santa Sede en la conferencia que se celebró Oslo, el 3 de diciembre de 2008, con motivo de la firma de la Convención sobre las Bombas de Racimo.
La intervención corrió a cargo del arzobispo Dominique Mamberti, secretario de la Santa Sede para las relaciones con los Estados.
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Señor primer ministro; excelencias; señoras y señores:
La paz y la seguridad son preocupaciones centrales y legítimas que requieren continuamente una respuesta adecuada que vaya más allá de la mera dimensión militar. Cualesquiera que sean nuestras diferencias con respecto al modelo geopolítico que defendamos -unipolar, bipolar o multipolar-, todos deberíamos estar de acuerdo en la centralidad de la dignidad del hombre y en el respeto indispensable de los derechos y los deberes de la persona. La paz y la seguridad sólo podrán ser estables y duraderas si se basan en la justicia, en la solidaridad y en la fraternidad dentro de los Estados y entre los Estados.
En una coyuntura internacional marcada por la grave crisis financiera y económica que hace más frágiles sobre todo a los pobres, ante un regreso a modelos de seguridad, que muchos consideran de otra época, donde los presupuestos y los gastos militares por desgracia van en alarmante aumento, y ante desafíos globales como los movimientos migratorios y el calentamiento del clima, es necesario volver a los principios fundamentales y poner nuevamente a la persona humana en el centro de nuestros análisis e, inevitablemente, en primer plano en las respuestas colectivas a estas crisis y desafíos de nuestro tiempo.
Señor primer ministro, diez años después del gran éxito constituido por la adopción de la Convención de Ottawa, la Convención sobre las bombas de racimo es otra prueba de nuestra capacidad de elaborar y adoptar instrumentos ambiciosos que conjuguen el desarme y el derecho humanitario de modo creativo y capaz de proponer una alternativa creíble fundada en la centralidad de la persona humana. Esta Convención es la expresión de una voluntad política común de responder concretamente a problemas particulares mediante el fortalecimiento del derecho humanitario internacional, que en cierto sentido interpreta nuestra convicción de que el respeto de la dignidad de todo hombre, en particular de los más débiles, es el camino real de la paz y de la seguridad.
Las respuestas de este tipo no pueden menos de ser colectivas. El proceso de Oslo ha sabido conjugar los esfuerzos de todos los actores: gobiernos, Naciones Unidas, organizaciones internacionales, Comité internacional de la Cruz Roja y sociedad civil. Una vez más, se ha comprobado que el éxito es posible. Los elementos de este éxito se pueden indicar: un pequeño grupo de países con convicciones fuertes; un enfoque que incluye a todos los actores potenciales; objetivos claros y metas razonables; y, sobre todo, una convicción profunda de que el punto de partida y el de llegada de cualquier iniciativa que concierna a la paz y a la seguridad es la persona humana. Las cuestiones tecnológicas o la mera consideración de las relaciones de fuerza corren el riesgo de desembocar en negociaciones interminables o en consensos vacíos.
Si estamos aquí hoy es porque todos hemos sabido evitar las soluciones fáciles, teniendo siempre presente en el curso de las consultas y de las negociaciones el objetivo principal: eliminar los riesgos de nuevas víctimas de bombas de racimo y crear las estructuras necesarias para la rehabilitación socioeconómica de todos los que han sido víctimas directas o indirectas de estas armas insidiosas.
En el marco de esta ceremonia, me permito destacar algunos puntos particulares de la Convención e indicar la lectura que la Santa Sede hace de ella.
1. El enfoque general de la Convención es satisfactorio, puesto que toma como punto de partida las consecuencias de las bombas de racimo sobre las personas. La mayor parte de las disposiciones de la Convención tratan de evitar que haya nuevas víctimas y de poner remedio, lo más posible y del mejor modo posible, a los efectos lamentables de estas armas. Consideramos que el respeto y la interpretación correcta del artículo 5 son fundamentales para la aplicación de toda la Convención. Con ese fin, la responsabilidad es colectiva. Sin embargo, la función del Estado es fundamental, pues le corresponde definir el marco legislativo y político en el que los actores públicos o privados podrán desempeñar plenamente su papel. En una sociedad democrática y pluralista, el papel de los diversos actores relevantes debería respetarse y garantizarse. Los actores principales deberían ser las víctimas mismas. La asistencia a las víctimas es una cuestión de dignidad, de derecho, de justicia y de fraternidad. En este marco, quiero subrayar la importancia y la pertinencia de la definición de víctima que incluye a la familia y a la comunidad.
2. Esta Convención, en particular en su artículo 5 sobre la asistencia a las víctimas, va en buena dirección fortaleciendo el vínculo entre el derecho humanitario internacional y los derechos humanos. La tutela y los derechos que ofrece son más adecuados y más ambiciosos que los que se hallan ya en los instrumentos vigentes.
3. Esta Convención constituye también un progreso en su artículo 4.4. Por primera vez, un instrumento internacional da el paso de determinar una responsabilidad moral para los que utilizan un arma específica. Muchos países, sobre todo los más afectados, se lamentan de que los negociadores no hayan podido ir más allá, instituyendo una responsabilidad legal. Esperamos que los países que utilizan las bombas de racimo asuman seriamente esta responsabilidad moral y acudan en ayuda de los países afectados, sobre todo si cuentan con los medios para hacerlo.
4. La Santa Sede desea poner de relieve otro punto que considera importante en el marco de esta Convención. La cuestión de la participación de los futuros Estados adherentes a la Convención en operaciones militares conjuntas con los Estados no adherentes es muy importante. El artículo 21 trata precisamente esta cuestión a petición de numerosos Estados adherentes para que esta disposición de ningún modo se interprete como una suspensión de los efectos de la Convención durante la dirección de las operaciones conjuntas. Al contrario, confiamos en que los Estados adherentes harán todo lo que esté a su alcance para que se respeten las disposiciones de la Convención por parte de los no adherentes, aunque no se les pueda considerar legalmente responsables si en definitiva sus esfuerzos no tienen éxito.
Para dar una señal política fuerte, la Santa Sede ha querido ratificar esta Convención el mismo día de su firma. En primer lugar, deseamos expresar a las víctimas la cercanía humana que la Santa Sede y sus instituciones desean poner de relieve. También queremos hacer un llamamiento a todos los países, en particular a los productores, exportadores y utilizadores potenciales de bombas de racimo, a unirse a los firmantes de hoy para decir a todas las víctimas y a todos los países duramente afectados por estas armas que su mensaje ha sido escuchado. Una seguridad creíble no sólo es posible, sino también y sobre todo eficaz cuando se basa en la cooperación, en la construcción de la confianza y en un orden internacional justo. Un orden fundado en el equilibrio de la fuerza es frágil, inestable y fuente de conflictos.
Señor primer ministro, nuestro éxito de hoy es uno de los fundamentos de nuestras opciones de mañana. Con la contribución de todos, el edificio de la paz es ahora más sólido, pero la perseverancia y la paciencia son condiciones necesarias para su consolidación continua.
Antes de concluir, quiero decir a nuestros socios del Core Group
, y en particular al gobierno del Reino de Noruega, que ha sido un honor y un placer colaborar con ellos para llevar a buen fin esta estimulante empresa. Al mismo tiempo, deseo manifestar que la Santa Sede aprecia el trabajo realizado por todos los gobiernos que han participado en este proceso: la Cluster Munitions Coalition y la sociedad civil que ha desempeñado un papel importante, las agencias de las Naciones Unidas y el Comité internacional de la Cruz Roja. La Santa Sede sigue decidida a actuar juntamente con todos los Estados adherentes para que la aplicación de esta Convención sea un éxito, como lo ha sido su adopción. Las víctimas y los países afectados lo merecen.