ROMA, lunes 9 de febrero de 2009 (ZENIT.org).- Varias organizaciones católicas han criticado duramente la aprobación, por parte del Senado italiano, de la enmienda al llamado «paquete de seguridad», que revoca la prohibición a los médicos de denunciar a los inmigrantes clandestinos que se acercan a las estructuras sanitarias para recibir asistencia.
Esta enmienda la consideran, según declaró Andrea Olivero, presidente de las Asociaciones Cristianas de Trabajadores Italianos (ACLI), un «gravísimo paso atrás en el plano de los derechos humanos y de la integración».
«No se favorece la seguridad y la legalidad -explica- produciendo leyes injustas e inaplicables. No se pueden introducir en el ordenamiento jurídico principios contrarios a los que se declaran y practican en la vida profesional los médicos y agentes sanitarios, quienes por otra parte estos días, unto a muchas asociaciones, habían pedido la retirada de esta enmienda por las graves consecuencias que habrían derivado de ella».
En este sentido, las asociaciones pertenecientes a ACLI han pedido la objeción de conciencia por parte de los agentes sanitarios «por el respeto que se debe a toda vida humana».
Asimismo, expresan su temor a que la ley pueda provocar «una marginación sanitaria de los extranjeros irregulares presentes en Italia, con un grave riesgo para su salud pero también para la seguridad de la población italiana en términos de difusión de enfermedades».
Estas asociaciones se oponen también a la aprobación de la enmienda que impone una tasa para la consecución del permiso de residencia, que oscilará entre los 50 y los 200 euros, y otra que establece la constitución de un Registro de personas sin hogar, «es decir, de ficharlos».
Según Olivero, «la incapacidad de gestionar la inseguridad parece que se pague con rabia contra los más pobres».
«La seguridad física y social debe ser un bien para todos, italianos y extranjeros, sea cual sea la condición económica de las personas. Pero son la integración y la inclusión social sal que garantizan la seguridad, no lo contrario. Continuar por este camino nos aleja de la solución del problema».
También los médicos, a través de sus principales asociaciones, han criticado el contenido del reglamento, que debe ser aún aprobado por la Cámara.
Vincenzo Saraceni, presidente de la Asociación de Médicos Católicos Italianos, ha admitido que se trata de un tema «muy grave porque una cosa es denunciar a un criminal y otra denunciar a un clandestino. Desde hoy los inmigrantes podrían no venir a curarse en las estructuras públicas por miedo a consecuencias legales, y esto nos preocupa mucho».
«Espero que los médicos no recurran a esta posibilidad y se abstengan de denunciar a un inmigrante a menos que no esté implicado en delitos graves», declaró.
El presidente de la Federación Nacional de los Colegios de Médicos Cirujanos y Odontólogos, Amedeo Bianco, habló al respecto de un «procedimiento equivocado para la tutela de la salud pública, con el riesgo de la aparición de una sanidad clandestina, y porque daña la imagen y la tradición italianas de acogida y cercanía».
Según la Sociedad italiana de Pediatría y la Federación Italiana de Médicos Pediatras, existe además el peligro de hacer «invisibles» a miles de niños, «al nacer clandestinamente fuera de los hospitales, apartados de la escuela y privados de asistencia sanitaria, incluidas vacunas».
Para afrontar las «graves consecuencias de la cancelación de la prohibición de denunciar a los inmigrantes ilegales que se presentan en las estructuras sanitarias», la Cáritas diocesana de Roma ha emitido una nota en la que se explica que se ha decidido potenciar «las actividades de asistencia dirigidas al área sanitaria en favor de los inmigrantes sin permiso de residencia».
«Los médicos de Cáritas intensificarán las actividades de animación y sensibilización hacia los agentes socio-sanitarios de los hospitales y en las estructuras sanitarias públicas y privadas», añade el texto.
El reglamento, sostiene la organización, «puede tener peligrosos efectos inmediatos sobre la sanidad pública por el clima de miedo que está causando». Por este motivo, Cáritas «se preocupará por dar a conocer a los inmigrantes que por el momento momento pueden acudir al médico sin riesgo de denuncias».
Reacciones contra la medida llegan también de la jerarquía eclesiástica. El cardenal Dionigi Tettamanzi, arzobispo de Milán, recuerda que «la solidaridad de desarrolla a través de la acogida, el compartir y el respeto de la legalidad», y sobre todo «a través del rechazo de toda discriminación y, por tanto, observando una ley más profunda dentro de nuestro corazón».
La Federación Universitaria Católica Italiana (FUCI) ha advertido que esta enmienda contrasta con el principio de tutela de la salud, definido e el art. 32 de la Constitución Italiana como «derecho fundamental del individuo», y que no está ligado a la ciudadanía, sino que es intrínseco a la dignidad esencial de la persona.
«Creemos fuertemente -se lee en una nota de la FUCI- que no es utilizando a los médicos como delatores la mejor forma de luchar contra el fenómeno de la inmigración clandestina».
Al respecto, expresan su preocupación por el «peligro de que los irregulares con algunas patologías infecciosas, al no utilizar las estructuras sanitarias, puedan difundir estas enfermedades».
«Con profunda amargura -continua la nota- seguimos asistiendo, en los últimos meses a una serie de procedimientos que, en nombre de una mayor seguridad, en la práctica obstaculizan la integración y animan a comportamientos al margen de la ley».
«No es militarizando las ciudades, no transformando en sheriffs a médicos y similares, como se construye una sociedad que conviva pacíficamente, en el pleno respeto de las leyes», concluye.
