La Iglesia en Bolivia rechaza agresiones de indígenas a un dirigente

Marcial Fabricano fue flagelado por supuesta «justicia comunitaria»

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LA PAZ, viernes, 15 mayo 2009 (ZENIT.org).- La Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal Boliviana, en un comunicado de fecha 12 de mayo, vuelve a expresar a la opinión pública su voz de protesta y rechazo por las agresiones que un grupo de indígenas, en la región del Beni, ha protagonizado en contra del dirigente Marcial Fabricano.
 
El Ministerio Público de Beni inició este jueves una querella contra siete de las 15 personas que son acusadas por los familiares del director de Desarrollo Indígena de la Prefectura beniana, Marcial Fabricano, de haber incitado a que lo flagelara un grupo de indígenas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isoboro Sécure (Tipnis) en cumplimiento de un acto de supuesta «justicia comunitaria».
 
«Como es de conocimiento público –indica el comunicado de la Oficina de Prensa–, la Iglesia Católica condena todo hecho de violencia y más aún cuando éste recae sobre un ser humano, mellando profundamente su dignidad. La persona es imagen y semejanza de nuestro creador y toda agresión en contra de ella es también una ofensa a Dios que ama a la vida y que enseña el respeto incondicional al ser humano».

«Toda persona merece consideración –añade–, independientemente de su condición social, cultural, religiosa o política, simplemente por el hecho de ser persona, hijo de Dios nuestro Padre. La Doctrina Social de la Iglesia rechaza todo recurso a la tortura, que nada es capaz de justificar y que envilece la dignidad del hombre, tanto en quien es la víctima como en quien es su verdugo. (Cf. DSI Nº 404)».

«Los lamentables hechos ocurridos en este departamento no pueden repetirse de ninguna manera en el futuro –concluye–. Como Iglesia expresamos que en la medida que se intenta justificar acciones violentas por encima de la dignidad de toda persona, se pierde también la credibilidad en el estado de derecho y en las garantías constitucionales que todos merecemos y estamos llamados a defender».
 
Por Nieves San Martín

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ZENIT Staff

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