CARACAS, domingo, 12 de julio de 2009 (ZENIT.org).- Publicamos el comunicado que ha emitido la Conferencia Episcopal Venezolana ante el proyecto de ley sobre medios de comunicación social.
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Ante las últimas informaciones en las que distintos poderes públicos anuncian decretos de providencia y legislaciones en materia de Medios de Comunicación Social, los Arzobispos y Obispos de Venezuela queremos reafirmar los principios rectores, tal como lo expresamos en el Concilio Plenario de Venezuela, en el documento Pastoral de los Medios de Comunicación Social, principios que deben orientar materia tan grave y delicada para el desarrollo de nuestro país
Los Medios de Comunicación Social deben prestar un valioso servicio, informando sobre los hechos de manera objetiva; promocionando la verdad y la justicia, la paz y la libertad, la solidaridad, las buenas costumbres, la convivencia ciudadana, las exigencias de la vida; defendiendo la dignidad de la persona humana y sus derechos; orientando las mentes y los corazones con una visión ética.
En un Estado democrático los diferentes grupos e instituciones deben encontrar espacios para ofrecer sus planteamientos y orientaciones en vista a la formación de la opinión pública. El Estado debe ser garante de este derecho fundamental.
La libertad de expresión es uno de los derechos humanos fundamentales que permite el desarrollo integral del hombre, lo conduce en la búsqueda de la verdad y constituye una herramienta para la participación y defensa de la democracia.
Los Medio de Comunicación Social permiten que la libertad de expresión pueda ser ejercida. Prensa, radio TV, cine, teatro, Internet, publicidad…, se convierten en los canales a través de los cuales los comunicadores sociales llevan a cabo la misión propia de su profesión: informar, formar y entretener sin ningún impedimento, amenaza, discriminación, intimidación, persecución o cualquier tipo de coacción, fuera de la justa regulación que contemplan las leyes.
La opinión pública, la libertad de expresión y el derecho a la información conforman junto con otros derechos fundamentales un verdadero estado democrático, tal como reza la constitución en su artículo 6: «El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.»
Lamentablemente, en ocasiones las instituciones que detentan el poder, por motivos políticos o económicos, entre otros, coartan la libertad de expresión, amedrentando, interviniendo, manipulando las políticas comunicacionales, estableciendo normas y reglamentos limitantes, controlando los medios y creando legislaciones coercitivas que ahogan la libertad de expresión y violan el derecho a la información. Hay que estar alerta ante estas situaciones, que debilitan el estado de derecho.
Por otra parte, deploramos el uso irresponsable de la libertad que lleva al libertinaje de expresión y lesiona los derechos humanos, sin tener en cuenta sus límites que le son dados por la dignidad de la persona humana y el bien común. No hay libertad cuando los medios, estén en manos privadas o en manos del gobierno, informan sólo lo que les interesa, ocultando noticias, tergiversando sucesos y no permitiendo el acceso a la opinión pública a quienes no están alineados con ellos.
Vemos con suma preocupación que decretos y legislaciones sin suficiente consulta y sin consenso en esta materia pretenden imponer hegemónicamente una determinada visión de la vida y de la sociedad.
Los Arzobispos y Obispos de Venezuela
Caracas, 10 de julio de 2009
