GINEBRA, jueves 23 de julio de 2009 (ZENIT.org).- Ofrecemos a continuación la intervención completa de monseñor Silvano Tomasi, Observador Permanente de la Santa Sede ante la Oficina de la ONU en Ginebra, durante la reunión del Segmento de los Asuntos Humanitarios del Consejo Económico y Social, el pasado 20 de julio.
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Señora presidenta,
1. Los desastres naturales y los causados por el hombre afectan a millones de personas cada año y ninguna región del mundo se libra de ellos. En particular, los conflictos armados crónicos han devastado las sociedades en varias partes del mundo, con innumerables víctimas civiles. La Santa Sede, por tanto, acoge el presente diálogo humanitario como una oportunidad para subrayar una vez más los continuos retos y la exigencia de una respuesta globalizada eficaz y coherente, guiadas por directrices políticas como son la solidaridad y la promoción de la dignidad de todos. De esta forma, el derecho de las personas, de sus familias y de sus comunidades en la asistencia humanitaria, y el de quienes proporcionan esta asistencia a llegar sin impedimentos donde estas personas necesitadas de cuidados sociales, físicos y espirituales básicos, adquiere un fundamento sólido y una motivación a actuar. A pesar de que, por ejemplo, en el año 2008 se haya asistido a una disminución del número de los refugiados, más de 10 millones de hombres, mujeres y niños viven aún en campos de refugiados, y más de 26 millones continúan siendo desplazados interiormente a causa de conflictos pasados y recientes, por falta de seguridad y persecuciones. Los demandantes de asilo, los migrantes irregulares, las personas desarraigadas que intentan sobrevivir y las víctimas de los desastres naturales y de los cambios climáticos están confinadas en centenares de centros de detención y en campos improvisados. Aun alejadas de los reflectores de los medios de comunicación, estas situaciones insostenibles dan vía libre a un inconmensurable dolor físico, mental, emotivo y espiritual y llegan a lacerar el tejido social, y a destruir familias y comunidades, comprometiendo la reconciliación y amenazando la vida de miles de civiles inocentes.
2. La responsabilidad principal de proteger la vida de los civiles corresponde ante todo a las autoridades nacionales y a las partes implicadas en un conflicto armado. Mientras la comunidad internacional intenta prevenir el estallido de conflictos, es imprescindible que todas las partes reconozcan su propia responsabilidad de proteger la vida de los civiles en las áreas bajo su jurisdicción o bajo su control, y cumplan y respeten plenamente las normas y los principios del derecho humanitario internacional, entre las cuales las relativas a la protección del personal humanitario y la posibilidad de llegar sin impedimentos hasta las personas necesitadas. Además, en las áreas afectadas por los desastres naturales, los Estados deben comprometerse en promover y permitir el acceso a medidas dirigidas a salvar vidas, sin usarlas para un control político o para obtener una garantía política de impunidad por la violación de los derechos humanos. El bien común debería ser el principio guía y el derecho humanitario internacional debería ser llevado a cabo en toda circunstancia y sin condición alguna.
3. Al mismo tiempo, la comunidad internacional es un actor fundamental e indispensable al asistir a las autoridades nacionales para responder a las crisis y, allí donde éstas no sean capaces de hacerlo, está llamada a proporcionar acceso a los agentes regionales e internacionales que actúan en las emergencias y salvan vidas. Naturalmente, a la hora de coordinar esta respuesta internacionalizada, la posición de las Naciones Unidas le confiere un papel único, con responsabilidades únicas de promover la coordinación y la coherencia de cara a una acción eficaz y una gestión responsable de los recursos disponibles, preservando al mismo tiempo los principios humanitarios fundamentales de la neutralidad, de la imparcialidad y de la humanidad. Además, respetando la subsidiariedad y la habilidad de los grupos y de los individuos locales, esta coordinación puede identificar mejor y llevar a cabo una estrategia humanitaria que llegue a las personas más necesitadas. Son estas organizaciones locales, a menudo confesionales, presentes en el territorio ya antes de que se produzca el desastre, y que seguirán estando presentes también mucho después de que la comunidad internacional dirija su atención a otras crisis. La Delegación de la Santa Sede, por tanto, subraya el papel fundamental de la sociedad civil en las situaciones de emergencia y la exigencia de adoptar políticas de un modo que reconozca su contribución a largo plazo y habilite su capacidad de responder a las necesidades de todos.
4. Nuevos y viejos retos han amenazado la capacidad y la eficacia de los agentes humanitarios de responder y proporcionar asistencia a millones de víctimas. La crisis alimentaria ha llevado a una disminución de la distribución de alimentos en las áreas afectadas por la carestía, en los campos de refugiados y en los centros de detención; las crisis energéticas han aumentado de modo drástico el coste de llevar ayuda a lugares distantes; y ahora, la crisis económica global corre el riesgo de reducir la financiación a la sociedad pública y civil, a las agencias y a las organizaciones humanitarias. La Santa Sede constata con agrado que muchos Estados siguen asumiendo con generosidad la responsabilidad de proporcionar asistencia, a pesar de la crisis económica. La disminución de la solidaridad y la incapacidad de proveer a las personas en las crisis humanitarias en este tiempo difícil llevarán sólo a una inestabilidad social y política que minará la sociedad y su capacidad de reunirse y de resolver la crisis económica.
Señora presidenta,
5. Mi Delegación, además, invita a las autoridades nacionales y a los grupos implicados en los conflictos armados a respetar las normas del derecho humanitario internacional, especialmente las pertinentes Convenciones de Ginebra y sus protocolos opcionales. Las continuas violencias sexuales perpetradas contra mujeres y jóvenes dentro y en torno a los campos de refugiados violan todo principio del derecho internacional y llevan a la devastación emotiva, física y mental de estas mujeres, que no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. Además, es necesario realizar mayores esfuerzos para llegar hasta los prisioneros de guerra y las personas que experimentan distintas formas de detención, y asistirlas. La privación de la libertad, del derecho al trabajo, a la reunión familiar, a la educación y al desarrollo personal, entre otros derechos humanos, no pueden ser simplemente ignorados en las emergencias. Los campos y los centros de detención deben ser soluciones temporales y lugares en los que el acceso sea abierto y la dignidad de las personas sea una prioridad. Con la cooperación de todos los agentes, la comunidad humanitaria internacional conservará la libertad de actuar conforme a sus mandatos y sus principios, que no deben ser comprometidos por la injerencia de los gobiernos.
6. La Santa Sede sigue comprometida en afrontar las necesidades de todas las personas afectadas por las crisis humanitarias y causadas por el hombre, independientemente de la raza y del credo religioso. A través de sus numerosas instituciones, continua estando profundamente implicada en una asistencia humanitaria imparcial y no ve la hora de compartir sus mejores iniciativas y sus ideas con otros participantes. Los principios guía de asistencia en los desastres tanto naturales como causados por el hombre deben llevarse a cabo, pero ante todo debemos poner en el centro de toda intervención a la persona y sus necesidades materiales, psicológicas y espirituales.
[Traducción por Inma Álvarez]
