GINEBRA, jueves 23 de julio de 2009 (ZENIT.org).- La Santa Sede pide a todas las naciones un compromiso decidido por el respeto del derecho humanitario, tanto de cara a las víctimas de las catástrofes naturales o humanas, como de cara a los agentes humanitarios, para que puedan llevar a cabo su misión sin impedimentos.
Así lo hizo el arzobispo Silvano Tomasi, observador permanente de la Santa Sede ante la Oficina de la ONU en Ginebra, durante la reunión del Segmento de los Asuntos Humanitarios del Consejo Económico y Social, el pasado 20 de julio.
En su intervención, monseñor Tomasi, subrayó que, a pesar de que en el año pasado disminuyó el número de refugiados en el mundo, «más de 10 millones de hombres, mujeres y niños viven aún en campos de refugiados, y más de 26 millones continúan siendo desplazados interiormente a causa de conflictos pasados y recientes, por falta de seguridad y persecuciones».
Estas «situaciones insostenibles» provocan, según el prelado, «un inconmensurable dolor físico, mental, emotivo y espiritual y llegan a lacerar el tejido social, y a destruir familias y comunidades, comprometiendo la reconciliación y amenazando la vida de miles de civiles inocentes».
Se trata de retos que exigen «una respuesta globalizada eficaz y coherente, guiadas por directrices políticas como son la solidaridad y la promoción de la dignidad de todos».
Especialmente, la Delegación de la Santa Sede denuncia «las continuas violencias sexuales perpetradas contra mujeres y jóvenes dentro y en torno a los campos de refugiados», las cuales «violan todo principio del derecho internacional y llevan a la devastación emotiva, física y mental de estas mujeres, que no puede justificarse bajo ninguna circunstancia».
Otro colectivo sobre el que quiso llamar la atención fue «los prisioneros de guerra y las personas que experimentan distintas formas de detención», para quienes pidió un mayor esfuerzo en garantizar sus derechos.
«Los campos y los centros de detención deben ser soluciones temporales y lugares en los que el acceso sea abierto y la dignidad de las personas sea una prioridad», añadió.
Experiencia humanitaria
Otra cuestión sobre la que la Delegación vaticana quiso llamar fuertemente la atención fue sobre la necesidad de no disminuir la ayuda humanitaria en estos tiempos de crisis económica, sino al contrario, de reforzarla para evitar una desestabilización social que amenace la paz en el mundo.
«La crisis alimentaria ha llevado a una disminución de la distribución de alimentos en las áreas afectadas por la carestía, en los campos de refugiados y en los centros de detención; las crisis energéticas han aumentado de modo drástico el coste de llevar ayuda a lugares distantes; y ahora, la crisis económica global corre el riesgo de reducir la financiación a la sociedad pública y civil, a las agencias y a las organizaciones humanitarias», advirtió monseñor Tomasi.
No obstante, la Santa Sede «constata con agrado que muchos Estados siguen asumiendo con generosidad la responsabilidad de proporcionar asistencia, a pesar de la crisis económica».
«La disminución de la solidaridad y la incapacidad de proveer a las personas en las crisis humanitarias en este tiempo difícil llevarán sólo a una inestabilidad social y política que minará la sociedad y su capacidad de reunirse y de resolver la crisis económica», advirtió el prelado.
En este sentido, quiso ofrecer al mundo la experiencia de la Santa Sede en este campo, dentro de su compromiso de «afrontar las necesidades de todas las personas afectadas por las crisis humanitarias y causadas por el hombre, independientemente de la raza y del credo religioso».
«A través de sus numerosas instituciones, continua estando profundamente implicada en una asistencia humanitaria imparcial y no ve la hora de compartir sus mejores iniciativas y sus ideas con otros participantes», añadió.
Los Estados y la ONU
Monseñor Tomasi explicó que los Estados son los actores principales a la hora de garantizar la asistencia sanitaria y la vida de los civiles bajo su jurisdicción. Pero ello no quita que la ONU tenga una «responsabilidad subsidiaria» a la hora de garantizar estos derechos.
«Es imprescindible que todas las partes reconozcan su propia responsabilidad de proteger la vida de los civiles en las áreas bajo su jurisdicción o bajo su control, y cumplan y respeten plenamente las normas y los principios del derecho humanitario internacional, entre las cuales las relativas a la protección del personal humanitario y la posibilidad de llegar sin impedimentos hasta las personas necesitadas», afirmó.
En este sentido, los Estados «deben comprometerse en promover y permitir el acceso a medidas dirigidas a salvar vidas, sin usarlas para un control político o para obtener una garantía política de impunidad por la violación de los derechos humanos».
«El bien común debería ser el principio guía y el derecho humanitario internacional debería ser llevado a cabo en toda circunstancia y sin condición alguna», subrayó.
Ello no obsta para que la comunidad internacional asista «a las autoridades nacionales para responder a las crisis y, allí donde éstas no sean capaces de hacerlo, proporcione acceso a los agentes regionales e internacionales que actúan en las emergencias y salvan vidas».
«Naturalmente, a la hora de coordinar esta respuesta internacionalizada, la posición de las Naciones Unidas le confiere un papel único, con responsabilidades únicas de promover la coordinación y la coherencia de cara a una acción eficaz y una gestión responsable de los recursos disponibles, preservando al mismo tiempo los principios humanitarios fundamentales de la neutralidad, de la imparcialidad y de la humanidad», añadió.
[Por Inma Álvarez]
