BUENOS AIRES, miércoles, 26 agosto 2009 (ZENIT.org-AICA).- El responsable de la Comisión Nacional argentina para la Pastoral de las Adicciones, monseñor Jorge Lozano, obispo de Gualeguaychú, reclamó una política de Estado integral a la problemática de la drogadependencia, que contemple aspectos jurídicos, económicos, sanitarios, sociales y educativos.
Su reivindicación tuvo lugar después del fallo de la Corte Suprema de Justicia que, según algunos medios de comunicación, podría abrir el camino a la despenalización del consumo privado de droga, al declarar inconstitucional la sentencia contra cinco jóvenes que fueron condenados por posesión de cigarrillos de marihuana.
Según el prelado, esta sentencia puede tener una lectura «contradictoria y perjudicial».
«Una cuestión tan compleja como ésta no se resuelve con una decisión de la Corte o con un marco legal, requiere una política integral», subrayó en declaraciones a la prensa.
Tras insistir en que «hay que evitar todo lo que facilite el acceso y consumo por parte de los jóvenes», aseguró que la Iglesia «no está de acuerdo con propuestas que impliquen aspectos parciales y no integrales para la atención del adicto».
No obstante, aclaró que esa posición no implica «criminalizar» al adicto. «Para nosotros el adicto es un enfermo, no un criminal, y como tal no tiene que estar en la cárcel sino en el centro de salud, para ser atendido y contenido», precisó.
No más libertades al flagelo de la droga
En tanto, los obispos Francisco Polti, de Santiago del Estero, y Adolfo Uriona, de Añatuya, coincidieron en que no hay que darle más libertades al flagelo de la droga.
Monseñor Polti dijo, al diario El Liberal, que «hay que recordar lo que ha dicho en su momento el Santo Padre Juan Pablo II de que la droga es un mal y al mal no hay que concederle derechos, y de todas formas, en la actualidad, la Iglesia sigue teniendo este pensamiento».
En tanto, monseñor Uriona consideró que el fallo «es como ir abriendo puertas a algo que hace mucho daño a nuestra sociedad», y recordó que «Añatuya se encuentra en la ruta de la droga que viene del norte del país con destino a otras provincias, y a diario veo en nuestra diócesis los estragos que produce la droga entre nuestros jóvenes».
«Me parece que la ley debe tener un fin pedagógico, hay que ayudar a las personas para que descubran el daño que está haciendo la drogadicción», remarcó el obispo.
Por último, monseñor Polti remarcó el comunicado emitido ayer por el Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia de la arquidiócesis de Buenos Aires, en el cual, si bien reconocen «buena intención de los que buscan no criminalizar al adicto», advierten que en el caso de las familias más vulnerables, la despenalización implica «dejar abandonado al adicto, no hacerse cargo de su derecho a la salud».
«La dinámica misma de la adicción, lleva muchas veces a hacer cualquier cosa para satisfacer el deseo de consumo. El próximo encuentro entre el Estado y el adicto ya no será en la enfermedad, sino en el delito que a veces nace de ella», alertaron.
