Los obispos de Venezuela denuncian una escalada de medidas de coerción personal

Los tribunales privan de libertad a quienes participan en protestas

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CARACAS, martes, 15 septiembre 2009 (ZENIT.org).- La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) denunció este lunes que las recientes medidas decretadas por Tribunales del país, que han resuelto privar de libertad a quienes han participado en protestas y manifestaciones opositoras, hacen parecer que existe una «escalada» en la administración de medidas de coerción personal.

Monseñor Roberto Lûckert, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, leyó en rueda de prensa un comunicado en el que los obispos expresaron su posición frente a la reciente detención de al menos trece personas que participaron en dos manifestaciones contra el Gobierno de Hugo Chávez el pasado agosto, y que han sido imputadas de, entre otros delitos, «incitación a la guerra civil».
 
Una de las manifestaciones, el pasado 22 de agosto, fue disuelta por la policía con gases después de que un grupo de manifestantes lanzó piedras y botellas a los agentes, mientras que la otra, el 26 de agosto, de empleados de la Alcaldía Mayor de Caracas, no pudo llegar hasta la sede del Supremo, donde pretendía culminar.
 
Los obispos denunciaron que «personas que ejercen el derecho a la reunión y a la expresión del pensamiento, garantías reconocidas en la Constitución», son ahora «sometidas a procesos penales e imputados por delitos de suma gravedad como la rebelión civil, el agavillamiento, instigación a la guerra».
 
Repudian también los prelados que se designen como centros de reclusión para los imputados, establecimientos penales ordinarios como lo son El Rodeo, Yare, La Planta, entre otros, en los cuales «no existe clasificación entre procesados y sentenciados, ni existen garantías de respeto a la integridad física y vida de las personas detenidas».

Los obispos veneozlanos consideran que la fijación como lugares de reclusión de estos lugares «notablemente inseguros» pareciera responder a un «evidente afán» por crear precedentes para atemorizar a la población.

La CEV recordó que «la promulgación del Código Orgánico Procesal Penal en 1998 y de la Constitución de la República de Venezuela a finales de 1999, derogó el antiguo sistema inquisitivo del Código de Enjuiciamiento Criminal» y que de la «detención por averiguaciones y el auto de detención» se pasó al principio de que toda persona tiene derecho a ser juzgada en libertad y al derecho a la presunción de inocencia, hasta la plena demostración judicial de la culpabilidad.

«Si en los años 2004 y 2009 se sometía a procesos penales bajo régimen de presentación, recientemente se ha optado por someter a las personas detenidas a la más grave de las medidas de coerción personal».

Los obispos denunciaron «todo tipo de atentado contra la dignidad humana» y contra las organizaciones de defensa de Derechos Humanos. Expresaron su respaldo a agrupaciones como Cofavic, Provea y el Observatorio de Prisiones, que han sido criticadas por el Gobierno.

Instaron al Estado a actuar apegado a los estándares de protección o de Derechos Humanos, a la par que exhortaron a los poderes públicos a cumplir su misión respetando la independencia entre las distintas instituciones.

Monseñor Lûckert aseguró que la Oficina de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal, seguirá apoyando toda denuncia de quienes consideren que son vulnerados sus derechos.
 

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ZENIT Staff

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