PORT LOUIS, jueves 15 de septiembre de 2011 (ZENIT.org).- El obispo de Port Louis, monseñor Maurice Piat, lanzó un llamamiento a la conciencia humana de los dirigentes para que la vida siga respetándose en la República de Mauricio.
Después de que el Gobierno ratificara la convención de la ONU para la eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres, llegan presiones al Parlamento para que apruebe un proyecto de ley que legalice el aborto, informó Radio Vaticano este martes.
Isla Mauricio cuenta actualmente con una de las legislaciones más protectoras de la vida del no nacido de todo el continente africano: únicamente considera legal el aborto para tutelar la salud materna.
Monseñor Piat mostró, en una reciente homilía, su oposición a un proyecto de ley que, a partir de la convención de la ONU, contemple el “derecho al aborto” y permita el aborto en los seis primeros meses.
“Auguro que afronten esta cuestión a partir de los criterios de una moralidad humana auténtica”, declaró, refiriéndose a los políticos y legisladores, sobre todo “cuando se trata de la vida humana y del respeto al cual ésta tiene derecho desde la concepción”.
Expresó la cercanía y solidaridad de la Iglesia con las mujeres con un embarazo no deseado, pero afirmó que “el aborto no es un derecho porque proteger al niño es un deber”.
En respuesta a quien ha objetado que el debate debe limitarse al ámbito sanitario y jurídico y la Iglesia no debe tener voz en cuestiones políticas, el prelado dijo que “la Iglesia expresa un punto de vista humano y por tanto inevitablemente moral” y que “la fe cristiana no está separada de los que es esencial para la dignidad humana”.
“El Evangelio aporta luz sobre todo lo que permite al hombre y a la mujer hacerse auténticamente humanos y aspirar a la felicidad a la que tienen derecho”, explicó.
El obispo invitó al Gobierno a ocuparse “de las causas que conducen al aborto” y a no limitarse a “una gestión de sus consecuencias”.
En concreto, exhortó al ejecutivo a “ayudar a las madres y a las familias en dificultades, ofreciéndoles mejores condiciones de vida y salarios dignos, para que estén más motivados para cuidar a sus hijos”.
Y destacó la importancia de una “red de solidaridad” para las mujeres, para que no se sientan solas frente a un niño no deseado.
“El derecho de una mujer que enfrenta un embarazo no deseado es en primer lugar el de beneficiar de todo el apoyo y de toda la solidaridad necesaria a la familia y a la sociedad para traer un niño al mundo”.
Finalmente, auspició una correcta educación a la sexualidad entendida como “una educación que presente la nobleza del amor sexual humano vivido en el contexto de un amor duradero y comprometido a través de la vida en el matrimonio”.