La Santa Sede, contra la promoción del “aborto seguro” en países pobres

GINEBRA, martes 20 de septiembre de 2011 (ZENIT.org).- El Observador Permanente ante las oficinas de la ONU en Ginebra, monseñor Silvano Tomasi, mostró, en su intervención sobre mortalidad materna, en la 18ª Sesión del Consejo de Derechos del Hombre que se está celebrando en Ginebra, el rechazo total de la Santa Sede a la promoción del “aborto seguro” en los países pobres.

“Mi Delegación considera inaceptable cualquier intento de desviar los recursos económicos, tan necesarios, de estos eficaces intervenciones salva-vidas hacia programas más amplios para la anticoncepción y el aborto dirigidos a limitar la procreación de una nueva vida o a destruir la vida de un niño”, subrayó el prelado, en su intervención el pasado 15 de septiembre.

Monseñor Tomasi se refería al Informe sobre “Prácticas para la adopción de un enfoque basado en los derechos humanos para eliminar la mortalidad materna evitable y los derechos humanos” (A/HRC/18/27, 8 julio 2011), que se ha sometido a estudio en esta sesión de estudio.

En este informe se habla de las prácticas médicas adecuadas para combatir la mortalidad materna, con las que la Santa Sede se muestra de acuerdo, como la tutela de los derechos de las mujeres y las niñas, la extensión de la asistencia sanitaria, etc.

Sin embargo, afirmó, hay dos elementos propuestos por el Informe y definidos como “aspectos de buena praxis” para reducir la morbilidad y la mortalidad maternas, es decir “aumentar el acceso a la anticoncepción y a la planificación familiar” y resolver el problema del llamado “aborto no seguro para las mujeres”,

Ante esto, replicó el prelado, “la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha demostrado que en África las mujeres mueren sobre todo por cinco causas principales: patologías vinculadas a la hipertensión, falta de asistencia obstétrica, hemorragias, sepsis, infecciones y enfermedades conectadas con el VIH”.

“Las intervenciones realizadas para afrontar estas emergencias médicas incluyen la formación y el empleo de instrumentos obstétricos, la provisión de antibióticos y de medicaciones uterotónicas y mejoramiento del sistema de los bancos de sangre”, subrayó, declarando “inaceptable” que estos fondos se deriven a la anticoncepción y el aborto.

Responsabilidad de la familia

Mi Delegación considera que debe ser dirigida “una particular atención para que al marido y la mujer se les asegure la libertad de decidir responsablemente, libres de cualquier coacción social o legal, el número de hijos y el intervalo entre un nacimiento y otro”.

“La intención de los gobiernos y de las demás agencias no debería ser la de decidir por la pareja sino la de crear las condiciones sociales que les permitan tomar las decisiones correctas a la luz de sus responsabilidades frente a Dios, a sí mismos, a la sociedad de la que forman parte y al orden moral objetivo”, afirmó, citando la carta de Juan Pablo II al Secretario general de la Conferencia internacional sobre población y desarrollo de 1994.

Además, recordó que la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Población, desarrollada en Ciudad de México en 1984 reconoció por unanimidad que “el aborto, que destruye la vida humana existente... no es nunca un método aceptable de planificación familiar”.

“Consideramos totalmente inaceptable que el llamado “aborto seguro” sea promovido por el Informe debatido en esta Sesión del Consejo de los Derechos del Hombre o bien, quizás de forma más significativa, por la Estrategia Global para la Salud de las Mujeres y de los Niños de las Naciones Unidas, puesta en marcha por el Secretario General de las Naciones Unidas en septiembre de 2010”, añadió.

Acción eclesial

Por otro lado, quiso recordar que la Iglesia católica apoya una amplia red de servicios sanitarios en todas las partes del mundo y, en particular, ofrece asistencia a comunidades pobres y rurales que a menudo se excluyen del acceso a los servicios promovidos por los gobiernos”.

Citó entre otros los servicios especializados en el tratamiento y reintegración social de las víctimas de la violencia doméstica, así como la promoción del desarrollo integral y la educación de las mujeres y de las jóvenes.

“Además las organizaciones católicas defienden, a nivel global, regional, nacional y local, políticas y prácticas dirigidas a tutelar los derechos de las mujeres y las niñas”, agregó.

En este sentido, afirmó que para reducir la mortalidad y la morbilidad materna es necesario en primer lugar “mejorar la condición de las mujeres, promoviendo la paridad entre hombres y mujeres, la eliminación de los matrimonios en edad precoz y la consiguiente promoción de la dilación en el inicio de las relaciones sexuales, mejoramiento de la condición social, económica, sanitaria y alimenticia de las mujeres y jóvenes y eliminación de algunas prácticas dañinas como la mutilación de los genitales femeninos y la violencia doméstica”.

Además, concluyó, es necesario reforzar “los sistemas sanitarios y de la asistencia sanitaria básica para mejorar el acceso y disfrute de obstetras válidos y asistencia obstétrica de emergencia en caso de complicaciones”, y “mejorar el seguimiento y valoración de las obligaciones estatales para garantizar la responsabilidad de todos los participantes y para llevar a cabo las distintas políticas”.