NUEVA YORK, martes 27 de septiembre de 2011 (ZENIT.org).- La intervención militar de la ONU en algún país en caso de que se produzca una crisis humanitaria debe darse después de agotar las demás vías, y de forma limitada en el tiempo.
Así lo afirmó hoy el secretario para la Relación de la Sede con los demás Estados, monseñor Dominique Mamberti, durante su intervención en la 66ª Asamblea General de la ONU, cuyas sesiones de debate general se están celebrando actualmente en Nueva York.
Monseñor Mamberti afirmó que, desde el punto de vista de la Santa Sede, la ONU debe replantearse en qué consiste la “responsabilidad de proteger” a sus miembros más débiles de la “familia de las naciones”.
El prelado vaticano subrayó la existencia de “emergencias humanitarias graves y dramáticas” como la que se está produciendo actualmente en el Cuerno de África, y renovó al respecto el llamamiento de la Santa Sede a “amplificar y apoyar las políticas humanitarias en esas zonas e influir concretamente sobre las diferentes causas que acrecientan su vulnerabilidad”.
“Estas urgencias humanitarias llevan a subrayar la necesidad de encontrar formas innovadoras para poner a la obra el principio de la responsabilidad de proteger, en cuyo fundamento se encuentra el reconocimiento de la unidad de la familia humana y la atención a la dignidad innata de cada hombre y de cada mujer”, subrayó.
Sin embargo, también advirtió contra el riesgo de que el principio de intervención asociado a esta responsabilidad de proteger “pueda ser invocado en ciertas circunstancias como un motivo cómodo para utilizar la fuerza militar”.
El uso de la fuerza militar conforme a las reglas de las Naciones Unidas “debería ser una solución limitada en el tiempo, una medida de verdadera urgencia que debería acompañarse y seguirse de un compromiso concreto de pacificación”, subrayó.
Responsabilidad de proteger
El principio de intervención, afirmó monseñor Mamberti, “se refiere a la responsabilidad de la comunidad internacional de intervenir en las situaciones en las cuales los Gobiernos ya no pueden por sí mismos o ya no quieren cumplir con el primer deber que les incumbe de proteger a sus poblaciones contra violaciones graves de los derechos humanos, como también de las consecuencias de las crisis humanitarias”.
“Si los Estados ya no están en grado de garantizar esta protección, la comunidad internacional debe intervenir con los medios jurídicos previstos por la Carta de las Naciones Unidas y por otros instrumentos internacionales”, subrayó.
Ahora bien, advirtió, para ello es necesario “que haya una búsqueda más profunda de los medios de prevenir y de gestionar los conflictos, explorando todas las vías diplomáticas posibles a través de la negociación y del diálogo constructivo y prestando atención y aliento a los más débiles signos de diálogo o de deseo de reconciliación por parte de las partes implicadas”.
Además, la responsabilidad de proteger “debe entenderse no solamente en términos de intervención militar, que deberían ser siempre el último recurso”, añadió.
La comunidad internacional tiene el deber de “estar unida ante las crisis” y de “crear las instancias para negociaciones correctas y sinceras, para apoyar la fuerza moral del derecho, para buscar el bien común y para incitar a los Gobiernos, a la sociedad civil y a la opinión pública a encontrar las causas y a ofrecer soluciones a las crisis de todo tipo”.
Esta actuación debe darse “en estrecha colaboración y solidaridad con las poblaciones afectadas y poniendo por encima de todo, la integridad y la seguridad de todos los ciudadanos”, afirmó el prelado.
En este sentido, monseñor Mamberti quiso recordar “la larga y generalmente exitosa historia de las operaciones de mantenimiento de la paz (peacekeeping) y las iniciativas más recientes de construcción de la paz (peacebuilding)”.
Estas iniciativas “pueden ofrecer experiencias valiosas para concebir modelos de puesta en acto de la responsabilidad de proteger, en el pleno respeto del derecho internacional y de los intereses legítimos de todas las partes implicadas”, añadió.
