Ante los 15 asesinatos de manifestantes que se han producido desde hace dos semanas y media, más de 100 heridos, 500 detenciones y desaparecidos en el país, los obispos venezolanos han rechazado el «empleo de la fuerza» por parte de los órganos de seguridad del Estado para reprimir las manifestaciones así como los «grupos armados» que han proliferado en los últimos días y, tras defender «el derecho de protesta» siempre que no degenere en violencia, han instado a un «diálogo nacional» que permita resolver los «problemas» de Venezuela.
En un comunicado fechado este martes, la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) ha reconocido su «seria preocupación» por los últimos acontecimientos en el país «con sus lamentables consecuencias de muertes, heridos y destrozos de patrimonios familiares e institucionales», así como los saqueos que se han producido en algunas zonas.
Tanto los estudiantes como el resto de ciudadanos «tienen el derecho a la protesta acorde a lo establecido en la Constitución» para poder «expresar inconformidades o desacuerdos», así como «llamar la atención» sobre determinados problemas pero evitando siempre que «la protesta degenere en actos de violencia», ha reclamado el episcopado venezolano.
Para hacer frente a estas protestas, las fuerzas de seguridad «están obligadas a respetar los Derechos Humanos, ante todo el derecho a la vida» y respetar las leyes, por lo que «rechazamos rotundamente el empleo de la fuerza ejercida en algunas manifestaciones por parte de organismos de seguridad del Estado, que se han extralimitado y han producido consecuencias lamentables e irreparables», ha denunciado la Presidencia de la CEV.
En este sentido, ha reclamado a la Fiscalía «investigar estos casos y poner en manos de la justicia a miembros de estos organismos que hayan abusado de su autoridad».
Igualmente, ha denunciado la «indefensión» de los venezolanos «ante la irrupción de grupos armados no policiales ni militares que han arremetido contra la población», que «están al margen de la ley, no poseen autoridad alguna y atentan contra las bases de la convivencia». Respecto a estos, han reclamado la intervención de las autoridades para detener «sus fechorías» e investigar su actuación, «sea de la tendencia política que sea».
Aunque «la protesta es un derecho», no se puede permitir que «se torne violenta» y «se convierta en vandalismo o propicie la ocasión para actos delictivos por parte de grupos que nada tienen que ver con quienes protestan». «La violencia, venga de donde venga, es inaceptable y nunca producirá frutos de sana convivencia», han aseverado los obispos.
Así las cosas, tras subrayar que en Venezuela «existen visiones plurales con grandes diferencias entre ellas» y que «ningún modelo social o político tiene el derecho a imponerse a los demás», han hecho un llamamiento a un «diálogo nacional».
«Este no consiste sólo en encontrarse para una escucha obsequiosa del otro, sino para buscar los puntos de coincidencia, atender al bien común por encima de los intereses de alguna parcialidad, a fin de conseguir así compromisos que permitan resolver todos juntos, con responsabilidad y decisión, los graves problemas que aquejan al país y que han generado protestas de distintos grupos de ciudadanos», han subrayado los prelados venezolanos.
Por su parte, el papa Francisco ha recordado ayer los acontecimientos que suceden estos días en Venezuela y ha pedido que cese la violencia y la hostilidad, y que “todo el pueblo venezolano, comenzando por los responsables políticos e institucionales, se una para favorecer la reconciliación nacional a través del perdón mutuo y el diálogo sincero, el respeto por la verdad y la justicia, capaces de hacer frente a cuestiones concretas para el bien común”.
Al término de la audiencia general, el Santo Padre ha asegurado su oración sobre todo por aquellos que han perdido la vida y ha invitado a todos los creyentes a rezar a Dios y a pedir la materna intercesión de Nuestra Señora de Coromoto, para que el país recupere la paz y la armonía cuanto antes.
